Manuel Merino y su amplio resguardo policial: tiene 10 efectivos para él y pide que Congreso pague su ‘movilidad’

Excongresista asumió como jefe de Estado por apenas cinco días, en los que se registraron las muertes de dos jóvenes y por las que ha salido totalmente impune, pero insiste en pedir facilidades para sí y sus trabajadores

Manuel Merino de Lama no solo dispone de un reguardo policial de 10 suboficiales, sino que le pide al Congreso que les pague por concepto de movilidad. Composición Infobae.

El expresidente de la República, Manuel Merino, sigue acumulando beneficios a su favor gracias a la permisividad del Congreso de la República. Entre las últimas disposiciones a las que el exlegislador ha tenido acceso, está la disposición de un amplio resguardo policial de, ni más ni menos que, 10 efectivos policiales, pese a que su periodo como jefe del Estado peruano estuvo marcado por el asesinato de dos jóvenes a manos de las fuerzas del orden en un tiempo récord de apenas cinco días.

En un informe revelado por El Comercio este lunes, se supo que el excongresista, que renunció a su Gobierno a menos de una semana de haber asumido tras la vacancia de Martín Vizcarra, gozaba de cada vez más beneficios inherentes al cargo que ostentó entre el 10 y 15 de noviembre del 2020.

Como si mantener a un trabajador de su gestión en el Congreso no fuera suficiente, el medio pudo acceder a documentos en los que se acreditaba la existencia de un fuerte emplazamiento policial en favor de Merino, compuesto por un total de 10 suboficiales de la PNP. Los 10 destacados están destinados para su protección mediante el oficio N° 009-2023-Escolta del Expdte. de la Republica/CA/MAMDL.

Lista de suboficiales a los que Manuel Merino de Lama tiene acceso. El Comercio.

Beneficios por cinco días en el poder

Según el documento y una serie de disposiciones provenientes del Decreto Supremo N° 004-2022-IN; Merino de Lama ha accedido a un servicio de seguridad provisto por la Dirección de Seguridad del Estado; el cual, en su artículo 7.2, dicta el otorgamiento de una protección “semi integral que comprende el resguardo personal permanente”.

Pero no solo eso, estos 10 suboficiales también tienen como responsabilidad “la seguridad del inmueble donde la persona protegida fija su residencia”, con la salvedad de que ni su esposa, ni sus hijos, ni su centro de trabajo se encuentran bajo el resguardo policial.

Expertos consultados en el informe detallan que esta facilidad brindada a Merino, quien renunció a raíz de las críticas por su manejo de las marchas luego de un nefasto pronunciamiento en el que buscaba eximirse de culpa alguna, aseveraron que el excongresista estaría incurriendo en un “abuso del derecho”. Así lo detalló el extitular del Mininter, Carlos Basombrío, quien incluso aseveró que a Merino “le falta la dignidad que habría tenido un verdadero expresidente”.

Pide uso de movilidad para los 10 policías

El Congreso archivó la denuncia constitucional en contra del expresidente y sus exministros, Ántero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez, por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Foto: Andina

Y por si el despliegue de este alto contingente policial no supone un exceso en sus beneficios como exmandatario por cinco días; el excongresista de Acción Popular incluso cursó un oficio dirigido al Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno, a fin de pedir que se deposite “el pago por concepto de movilidad” de los 10 suboficiales a su cargo. Así lo precisó el informe de dicho medio.

No solo eso, dando por hecho que la Oficialía Mayor accedería a esta disposición, Merino de Lama presentó en el mismo oficio un anexo en el que se precisan “cada una de las cuentas bancarias de estos”; a fin de que este depósito se haga efectivo.

Otros exministros del Interior como Mariano Gonzáles también han advertido este hecho, detallando que el mantener un total de 10 efectivos policiales, incluso todos ellos suboficiales, supone “un exceso en el número de efectivos”, pues para una sola persona implica el pago de un total de 10 sueldos, uno para cada uno.

Mientras tanto, el Congreso de la República ya ha descartado toda intención de emitir cualquier acción contra el excongresista sobre el que pesan dos muertos y cuyas investigaciones en el área fiscal se encuentra, todavía, en un periodo de investigación preliminar y sin mayores visos a tener un avance significativo.