Ley que permite a padres influir en textos escolares podría ser perjudicial para los alumnos, advierten especialistas

En septiembre del 2023 se publicó el reglamento de la Ley 31498, la cual busca impulsar “la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú”. En los hechos, esta norma otorga a los padres de familia el poder de revisar e impugnar el contenido de los textos escolares del Ministerio de Educación (Minedu).

La propuesta fue presentada inicialmente por el legislador Esdras Medina, junto a sus colegas de bancada de Renovación Popular: José Cueto, José Muñante, Alejandro Padilla, Javier Zeballos y Jorge Montoya.

Expertos en educación y políticas públicas advierten que esta medida podría ser perjudicial para los escolares, ya que se podría eliminar material relacionado con la educación sexual integral, interculturalidad y el enfoque de género.

Carla Gamberini Coz, directora ejecutiva de MásEducaciónPe, advirtió que también se estaría incumpliendo con tratados y acuerdos internacionales a los cuales estamos vinculados. “El Perú ha firmado y es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los cuales dos de los ejes más importantes son el objetivo por una educación de calidad para todas y todos y la igualdad de género”, manifestó a Infobae Perú.

“Cuando se proponen este tipo de normas y el Ejecutivo no las observa, es absurdo y está poniendo en riesgo la educación de cerca de ocho millones de estudiantes para privilegiar los intereses de grupos muy específicos y minoritarios, con ideas que no necesariamente son las que el país necesita”, agregó.

De acuerdo al reglamento publicado en el diario oficial El Peruano, este es el procedimiento para la creación de materiales educativos:

• Planificación: Se elabora el cronograma de trabajo, la ficha técnica y matriz de contenidos.
• Textualización: Redacción de contenidos, guiones y confección de ilustraciones, diagramación, corrección de estilo, edición inicial y validación. De aquí sale la primera versión.
• Participación y Evaluación: En esta fase se realizarán los aportes, comentarios y propuestas de los padres de familia a través del coordinador de área curricular.
• Edición Final: Versión acabada del recurso o material educativo que será destinado a los estudiantes.

Jose Luis Gargurevich, sociólogo y magíster en políticas públicas, sostiene que una de sus principales preocupaciones con esta normativa es que también se incluye la capacidad de impugnar los materiales. Argumenta que este proceso puede ser tan “largo y tedioso” que el colegio y la Ugel optaría por no “generar conflicto con sus padres” y aceptar los cambios propuestos.

“(Los papás) no van a estar en un escritorio impugnando y se van a regresar, se van a ver movilizaciones, van a salir en los medios. La presión mediática y política van a hacer que (las modificaciones) se convierte en vinculante más allá que el reglamento no lo establezca”, explicó a Infobae Perú.

Otro de los inconvenientes con la ley es que no se puede garantizar la participación plural de todas las opiniones de los padres de familia.

“Es un riesgo antidemocrático. Abres la cancha de la participación a quienes tienen más agencia social, más organización porque tiene más capital en ese momento político y cultural. Los que no tienen un motivo para hacerlo no se van a inscribir, no van a tomar su tiempo en una acción como esta”, aseveró Gargurevich.

Los documentos aprobados tampoco son del todo claros en cuanto el procedimiento. José Luis manifestó que, desde su perspectiva, esta norma afectaría los textos regionales y locales, más no los de distribución nacional.

“Esto es para que los padres puedan decidir que haya ciertos contenidos que no se aborden. Yo no sé si eso significa arrancar la página o agarrar un plumón y tachar. Yo creo que para eso está pensado el reglamento; no quiere tocar los textos del Minedu”, aseveró.

En esta misma línea, Carla Gamberini mencionó que “operativamente hablando, es casi irreal que se pueda lograr” la aplicación de la ley.

“¿Qué pasa si en la región A quiere que el contenido de educación sexual integral salga de una manera y la región B quiere que salga de otra? El reglamento no habla de cómo se va a llegar a un consenso de opiniones. En todo caso, no es tan claro en ese sentido”, precisó.

Para José Luis Gargurevich, la injerencia de los padres representa una “desprofesionalización de la educación”, además de que se generan riesgos en cuanto a quien asumiría la responsabilidad ante un error.

“A mí también me gustaría participar de la vida de la escuela, pero yo no puedo impugnar una decisión de una autoridad. Si se equivoca un maestro, él o ella va a un proceso administrativo; si se equivocó un funcionario, se va a un proceso civil o penal. Pero, ¿qué pasa si se equivoca un papá? No pasa nada”, dijo.

La directora de MásEducaciónPe recordó que el actual currículo nacional, vigente desde el 2016, se terminó luego de un largo proceso de tres años donde estuvieron involucrados técnicos pedagógicos.

“Esto sigue una lógica del perfil y trayectoria de aprendizaje que se espera en los chicos y que se necesita bajo la calidad de estándares mínimos. Si comenzamos a meter este tipo de injerencias, vamos a afectar a estas competencias mínimas que deberían tener”, manifestó.

Asimismo, ante la posibilidad de que los padres de familia puedan escoger, entre ellos, a los que han estudiado Educación para representarlos, Carla indicó que los profesionales que diseñan los textos y el currículo no son solo docentes de aula, sino que cuenta con especialidades en estos temas.

En ese sentido, señaló que las viviendas muchas veces tampoco son lugares seguros para tratar ciertos temas como el derecho a la salud sexual reproductiva.

“En Perú es un espacio de mucho riesgo para el niño. Las cifras son espeluznantes: 62% de los agresores de la violencia sexual están en el hogar. Son padres, hermanos, tíos, padrastros, abuelos, etc. Frente a este tipo de dinámicas en la casa, la escuela es el otro espacio seguro que tienen los niños y niñas para poder aprender a cómo defenderse, denunciar y a comunicar estos abusos que están viviendo”, dijo.

Por otro lado, señaló que los progenitores sí cuentan con espacios para participar en la educación de los menores por medio de las reuniones y escuelas para padres o por medios tecnológicos, como WhatsApp, donde pueden mantener un diálogo constante con los maestros.

Finalmente, los especialistas coinciden en que este esfuerzo político para darles facultades a los padres de revisar el material educativo, corresponde a un sector conservador.

“Es sumamente contradictorio que digan que lo quieren hacer es combatir cosas como una supuesta ideología de género, que en realidad es un mal entendimiento de lo que es el enfoque de igualdad de género. Al final lo que están haciendo es meter su propia ideología”, puntualizó Carla.

Por su parte, Gargurevich dice que su principal preocupación es que estos grupos se están “jugando un espacio político en la educación”. “El tema es la batalla cultural que quieras dar en el espacio más importante, que es en el aula”, explicó.