
Buena noticia para el Perú: las empresas de apuestas deportivas y de juegos a larga distancia tendrán que dar el 12% de la utilidad neta al Estado. Este 13 de octubre, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el ministro Juan Carlos Mathews, destacó la publicación del Decreto Supremo N° 005-2023-MINCETUR.
Dicha norma, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 31557 modificada por la Ley N° 31806, faculta la correcta fiscalización a estos juegos en beneficio del país, pues regula a las empresas apostadoras en defensa del apostador, el juego responsable y la conversión de tal industria al mercado formal.
Tal y como se establece, la norma entrará en vigor en 120 días (el 9 de febrero del próximo año). Esto habilitará un plazo de 30 días (entre el 10 de febrero y el 10 de marzo del 2024) en el que todas las empresas operadoras que ofrecen los servicios anteriormente mencionados deberán solicitar al Mincetur que se les brinde la autorización de funcionamiento en territorio nacional.
Las empresas que ignoren esta medida serán inhabilitadas en el país; aquellas que lo acepten, mas no acaten la norma, supondrá una sanción no menor a 150 UIT (unidad impositiva tributaria); es decir, de 742.500 soles. Además, será viable una denuncia penal, conforme al artículo 243-C del Código Penal vigente, que inhabilitaría a la empresa para continuar ejerciendo sus funciones en el país.

¿Para qué empresas rige la norma?
Todas las empresas de juegos y apuestas deportivas a distancia están contempladas en tal regulación. Todas, sin distinción, sin interesar que sean nacionales o extranjeras, tendrán que adaptarse a la regulación y cumplir con el pago del impuesto especial al juego. En otras palabras, a partir del mes de abril del 2024, tendrán legalmente que cumplir con el pago del mencionado impuesto, que supone el 12% de la utilidad neta.

Vale la pena repetir para que se tome conciencia y no se deje aprovechar por una casa de apuestas: el dinero del premio debe ser pagado de forma íntegra. La publicación del reglamento faculta la creación de mecanismos que protejan a los jugadores de potenciales incumplimientos en el pago de premios. De igual manera, establece controles de acceso en línea para la protección de grupos vulnerables, como lo son los menores de edad, las personas afectadas por el juego, entre otros. Por último, combatirá el lavado de activos, pues imposibilita el anonimato a la hora de apostar.
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