Poder Judicial ordenó embargo preventivo de 24 vehículos vinculados a la Universidad Telesup

La Universidad Privada Telesup S.A.C., que no consiguió ser licenciada por la Sunedu y cuyo proceso de cese de actividades concluirá en septiembre de 2024, sufrirá un nuevo embargo preventivo ordenado por el Poder Judicial, en forma de inscripción y orden de inhibición de 24 vehículos vinculados a dicha casa de estudios, en el marco de la investigación preparatoria seguida al congresista José Luna Gálvez por el caso Lava Jato.

La orden fue dispuesta por la jueza Margarita Salcedo, quien adoptó esta medida al declarar fundada tres solicitudes que hizo la Procuraduría AD HOC para los casos Odebrecht y Lava Jato con el objetivo de que se ordene la ejecución de estos embargos preventivos.

Margarita Salcedo además ordenó el embargo en forma de inscripción y orden de inhibición hasta por la suma total de dos millones 353 mil 723,47 soles respecto a estos 24 bienes vehículos. Esto recaerá sobre el 100 por ciento de las acciones y derechos que le corresponden a la Universidad Privada Telesup S.A.C., ya que es un tercero civilmente responsable dentro de la citada investigación preparatoria.

La jueza Salcedo Guevara, a cargo del caso, decidió que es necesario disponer las medidas que se solicitan y en la forma requerida, ya que, si no se asegura de forma inmediata, la decisión final que expida el juzgado expida podría ser “inejecutable”, ya que ya que hay riesgo de que durante en lo que quede del proceso se puedan ocultar o desaparecer estos bienes.

Además, consideró que el monto del embargo pretendido es proporcional y servirían para el pago de una eventual pena de reparación civil.

La semana pasada el Poder Judicial también ordenó el embargo preventivo en forma de inscripción y orden de inhibición sobre seis bienes inmuebles vinculados a la Universidad Privada Telesup también como parte de la investigación seguida en su contra del legislador de Podemos Perú José Luna Gálvez, por el caso Lava Jato.

La jueza Margarita Salcedo también adoptó esta medida al declarar fundada la solicitud que hizo la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato, con el objetivo de que se ordene la ejecución de estas medidas cautelares sobre las acciones y derechos que le corresponden a esa empresa.

Además, la jueza ordenó el embargo en forma de inscripción y orden de inhibición hasta por la suma de 61 millones 469 mil 412 soles con relación a estos seis bienes inmuebles que recaerá sobre el 100 % de las acciones y derechos que le corresponden a dicha universidad ya que se trata de un tercero civilmente responsable dentro de esta investigación preparatoria.

La jueza determinó que estas medidas cautelares resultan ser necesarias, ya que permiten asegurar el pago de una futura reparación civil.

En septiembre el Poder Judicial ordenó el embargo preventivo en forma de inscripción y orden de inhibición sobre dos predios vinculados a la Universidad Privada Telesup. La jueza Salcedo dio a conocer que la orden de embargo asciende a 8 millones 914 mil 192 soles, monto que recae sobre el 100% de las acciones y derechos de la Universidad Privada Telesup.

La jueza Salcedo Guevara señaló que “de no asegurarse de manera inmediata mediante las medidas solicitadas, la decisión final que el juzgado expida sobre la pretensión civil podría ser inejecutable pues el imputado podría, eventualmente, disponer de los bienes de su propiedad durante el transcurso del proceso, existiendo riesgo fundado de insolvencia del imputado o de ocultamiento o desaparición del bien, además de un evidente peligro en la demora, siendo por lo tanto urgente disponer las medidas cautelares de carácter real solicitadas”.

Luna Gálvez y otros son investigados en el Ministerio Público por los presuntos aportes ilegales de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar las campañas electorales de su primer partido político, Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014. Además, afronta otra investigación preparatoria por las presuntas irregularidades detectadas en la inscripción de Podemos Perú ante la ONPE.

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción pidió al Poder Judicial que el congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez; su hijo el regidor metropolitano José Luna Morales; y otros procesados paguen una reparación civil de 10 millones de soles por el caso conocido como ‘Los Gansters de la Política’.

Como se recuerda, en este caso se acusa a Luna Gálvez y Luna Morales de copar la Oficina Nacional de Procesos Electorales para lograr la inscripción presuntamente fraudulenta de Podemos. Se habría logrado esto a través de la captación de los consejeros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura.