PJ rechazó pedido de Pedro Castillo para que acta de su detención no sea incluida en investigación del golpe de Estado

El expresidente Pedro Castillo sufrió una nueva derrota judicial. La tutela de derechos presentada por su defensa legal ante el magistrado Juan Carlos Checkley, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, para excluir el acta policial de su detención del 7 de diciembre del 2022 que forma parte de la investigación preparatoria por su fallido autogolpe de Estado, fue declarada infundada.

La decisión del juez se sustenta en que Castillo Terrones no pudo demostrar que el documento elaborado por la Policía Nacional del Perú (PNP) para intervenirlo vulneró su presunción de inocencia, su derecho a la dignidad humana o infringe el principio de no autoincriminación. A eso se agrega que el integrante del Poder Judicial precisó no contiene versión autoincriminatoria alguna ni pone de manifiesto algún trato indigno.

Checkley sostiene que los cuestionamientos referidos al debido proceso, a la defensa y al principio de legalidad señalado por el abogado del exmandatario quedan desvirtuados.

En la audiencia del 18 de septiembre pasado, el letrado Eduardo Pachas señaló que el acta de la PNP contenía una serie de vicios. Por ejemplo, alegó que solo se muestra el recorrido y las formas en que Castillo iba a ser trasladado a la Prefectura de Lima, pero no se indica los delitos que se le imputaban como lo son conspiración y rebelión.

Además, el defensor legal de Castillo añadió que cuando una persona es intervenida y detenida tiene que ser notificada de la detención y si se había cometido un delito de flagrancia, pues el fiscal provincial que estaba de turno debía conocer sobre el hecho.

Sin embargo, la estrategia no era más que declarar ilegal la detención de Castillo para que salga en libertad. Recordemos que el acta de detención fue usado por la Fiscalía de la Nación para solicitar 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente que se encuentra cumpliendo en el penal de la Diroes en Ate.

Respecto a este caso, el juez Checkley también accedió a una solicitud presentada por el fiscal Supremo Uriel Terán Dianderas para extender la duración de la investigación preparatoria contra Castillo, cuyo período inicial de ocho meses concluyó el 12 de agosto de este año, por ocho meses más.

“… Frente a la complejidad de la investigación y las circunstancias que evidenciaron una especial dificultad para culminarla en el plazo originalmente establecido, no se cuenta con otra herramienta jurídica más que la prórroga del plazo por un período adecuado en atención a las diligencias pendientes de realizar”, se lee en la resolución a la que tuvo acceso RPP Noticias.

Entre estas acciones, se incluyen la toma de declaraciones de 19 personas involucradas en el caso, que abarcan desde autoridades militares y policiales hasta figuras civiles. También se llevarán a cabo peritajes técnicos, el proceso de apertura de las evidencias incautadas y un análisis exhaustivo de la información obtenida a través de la interceptación de comunicaciones, entre otras diligencias programadas.

En la audiencia de tutela de derechos, del 18 de setiembre pasado, Castillo se presentó aún como si fuera el presidente de la República. Durante su exposición negó la tesis de la Fiscalía de que buscaba “fugarse” al dirigirse a la Embajada de México en Lima. Indicó que se trasladó a esta sede diplomática con el objetivo de poner a buen recaudo a su familia tras anunciar su fallido golpe de Estado.

“Señor magistrado, cuando yo decido conducir a mi familia a la embajada de México por los hechos que venían sufriendo mis hijos y mi esposa, y decido irme en la misma movilidad del presidente de la República, pido que me acompañe el señor Aníbal Torres para ir y volver”, recordó.

“Cuando estábamos cerca de la prefectura, detienen la movilidad y empiezan a apuntar con metralletas a donde iba yo con mi esposa y mi hija y en el carro posterior estaba mi hijo menor. Y a ambas movilidades empezaron a apuntar, a ametrallar”, afirmó.

Castillo dijo que su detención no correspondía a un tema de flagrancia, sino que se trataba de un “secuestro”.

“Cuando le pregunto a mi seguridad, él baja de la movilidad y le digo: ‘¿Qué cosa está pasando?’. Luego regreso y me dice: ‘hay una orden para conducirle a la prefectura’. Dígame, señor magistrado, ese no es un secuestro?. A raíz de eso se generan todas esas cosas”, alegó.

El exjefe de Estado intentó minimizar los pormenores de su detención. “Yo no estaba jugando, estaba yendo a dejar a mi familia en la embajada de México, porque el hostigamiento a una familia que viene del interior del país era enorme”, sentenció.