Fiscalía estaría vulnerando Ley de Transparencia al decir que “depuró” audios

La ex fiscal suprema, Zoraida Ávalos, solicitó al Ministerio Público que se le envíe los audios de dos sesiones de la Junta de Fiscales Supremos, en que los que hay evidencia de que ella cuestiona a la actual fiscal, Patricia Benavides, por haber favorecido a su hermana, la jueza Enma Benavides, al destituir a una fiscal que investigaba a esta última, informó Epicentro TV. Sin embargo, a través de un oficio, la entidad respondió que las grabaciones fueron desechadas.

El medio periodístico también pidió el material de las sesiones, pero les fue negado porque ya había sido “depurado”. Esto sucede a pesar de que ya contaban con una decisión, del 25 de julio de 2023, en que el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP), del Ministerio de Justicia, que ordena a la Fiscalía entregar la información.

Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, a través de su cuenta de Twitter hace una alerta sobre una visible vulneración la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La ley “prohíbe a las entidades deshacerse de la información que posean (aunque le digan “depuración”). Un protocolo institucional, como el referido en el artículo, no puede ir en contra de la ley. Más allá del pleito Ávalos-Benavides, aquí hay una falta grave”, publicó.

Los audios de las sesiones que se solicitan son los de las fechas 24 de mayo y 1 de junio de 2022. La fiscal Ávalos los viene pidiendo, junto con las actas de las reuniones en mención, desde junio de 2023. Recién, el 6 de setiembre, la secretaria de la Junta de Fiscales Supremos, Carmen del Pilar Díaz Vásquez, responde al pedido, en el cual indica lo siguiente:

La exfiscal de la Nación indicó que insiste en solicitar las grabaciones porque las actas que recibió de las sesiones le fueron entregadas tachadas e incompletas. Incluso le escribió a Patricia Benavides para dejarle constancia sobre lo recibido. No figuran intervenciones de Ávalos, en los que cuestiona a la fiscal de la Nación de haber removido a Bersabeth Revilla, con el fin de proteger a su hermana de una investigación a cargo de la fiscal Revilla.

También hay otras participaciones de Avalos que habrían sido retiradas de las actas que le entrega la Fiscalía. Estas son sobre el vínculo cercano entre parlamentarios y asesores de confianza de Benavides. La hipótesis de la exfiscal es que estos acercamientos se dieron con el fin de negociar votos para lograr su inhabilitación.

La Fiscalía de la Nación ha presentado dos recursos de impugnación al Poder Judicial para que anule la resolución administrativa del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP), que ordena se entreguen los audios al medio Epicentro TV.

Se supone que con una resolución del TTAIP a favor de la entrega de la información, debería de ser suficiente que la entidad pública acate y haga llegar al ciudadano lo requerido. “Sin embargo, existen algunos casos en los que las entidades públicas deciden hacer caso omiso al mandato del Tribunal. Esto ha sucedido, por ejemplo, con el Congreso de la República y la PCM, que se han negado, pese al mandato del Tribunal al haber sido vencidos en sede administrativa, a entregar los correos electrónicos de los excongresistas y ex premiers”, señala un artículo de Dania Coz, abogada de Iriarte y Asociados.

Coz, especializa en los derechos sobre acceso a la información, menciona que en algunos casos las entidades insisten en la negativa de entregar la información pública y optan por judicializar la decisión del Tribunal, solicitando en vía judicial la nulidad de resolución o acto administrativo. Como es el caso de la Fiscalía con los audios. Hasta mayo de 2023, había 88 de estos procesos.