Cercado de Lima registra 24 homicidios, 2.803 asaltos y 133 autos robados en zonas críticas durante el 2023

Cercado de Lima y Lince se sumaron a la lista de distritos en los que se decretó el estado de emergencia. Estas jurisdicciones ahora deberán cumplir con una serie de medidas establecidas por el Gobierno de Dina Boluarte, cuya finalidad es reducir los índices de violencia, robos y extorsiones.

Aunque en los últimos días ha sido Lince el que ha llamado la atención de la ciudadanía debido a las redes de trata de personas que se han instalado en el territorio, Cercado de Lima se vuelve protagonista por el preocupante panorama que se vive en medio de esta ola de inseguridad ciudadana.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Cercado de Lima es el segundo distrito de Lima Metropolitana con “mayor índice de comisión de delito”, puesto que solo se halla después de San Juan de Lurigancho.

Por su parte, la PNP reportó un total de 24 homicidios, y 133 autos robados en puntos críticos de la jurisdicción durante el primer trimestre del 2023. Este índice de asaltos llevaría a afirmar que ocurre uno por cada hora.

Además, contabilizó 3.257 denuncias por delitos contra el patrimonio, así como 990 ciudadanos detenidos de abril a junio de este año.

Un informe de El Comercio precisó que en el distrito existen apenas 10 comisarías y que, hasta el 2021, cinco de ellas se encuentran en “condiciones inadecuadas”, principalmente debido a que sus estructuras estaban en mal estado.

En diálogo con dicho medio, el gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Abdul Miranda Mifflin, informó que existen “seis zonas rojas”, donde se cometen sicariatos, robos, trata de personas y otros delitos. Jirón Zepita, jirón Cailloma, jirón Chancay y jirón Peñaloza son algunos de estos puntos.

El estado de emergencia en el Cercado de Lima implicaría la aplicación de las mismas restricciones que se incorporaron en las últimas semanas en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana.

“La Policía mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”, expresa uno de los decretos en torno a esta medida. Esto quiere decir que las FF. AA. y la PNP tienen la facultad de intervenir a cualquier persona con la finalidad de “resguardar” el orden público.

Estos son los derechos constitucionales de la ciudadanía que quedan suspendidos de momento:

• El libre tránsito.
• La libertad de reunión.
• La inviolabilidad de domicilio (por sospecha el policía o militar puede ingresar a tu casa sin orden judicial).
• La intervención de las Fuerzas Armadas para el control y vigilancia.
• El cierre de negocios o locales desde la medianoche hasta las 4.00 a.m.

Luego de varios días de debate, el Gobierno peruano consideró el pedido de los alcaldes de Lince y Cercado de Lima, y declaró en estado de emergencia a sus jurisdicciones. Así, en el Decreto Supremo 105, con la modificación del 114, hizo oficial la medida a fin de disminuir los índices de criminalidad y violencia que aquejan a los residentes de estos territorios.

De acuerdo al primer artículo de dicha resolución, esta iniciativa se encontrará vigente por un periodo de 60 días. Tras que se haya vencido, la Policía Nacional del Perú tendrá cinco días para elaborar un reporte sobre los resultados y otros detalles importantes obtenidos en el régimen de excepción.

De esta manera, el Decreto Supremo 114 expone que serán dos meses de restricciones en Cercado de Lima y Lince; es decir, la validez de la norma se encontraría vigente hasta el 11 de diciembre del 2023.