Este miércoles 11 de octubre inició el estado de emergencia para el distrito limeño de Lince, de acuerdo a la decisión del gobierno peruano para frenar la ola delictiva que opera en este sector de la capital, sobre todo, en los delitos de trata de personas, proxenetismo y cobro de cupo a víctimas de la prostitución.
Desde la madrugada, varios medios informaron sobre la presencia conjunta de la Policía Nacional (PNP) y el Serenazgo municipal en las avenidas principales, sin embargo, no se observó la participación de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Se reportó también que la mayoría de negocios nocturnos que encontraron cerrados, dando cumplimiento a la normativa.
La medida oficializada el último martes en el boletín del diario oficial El Peruano se logró luego que el Ejecutivo tomara en cuenta las recomendaciones de la PNP para frenar varios delitos, entre ellos a las mafias del sexo que operan en Lince, distrito donde hay una alta presencia de meretrices, sobre todo en la zona de Risso y alrededores.
Según la información policial, el distrito fue tomado por la organización criminal venezolana Tren de Aragua, del cual, tres facciones pertenecientes han logrado introducir, en esta comuna, a varias mujeres víctimas de la trata de personas, a quienes obligan a la prostitución y posteriormente al cobro de cupos.
Ahora operan en autos
La información policial que ha recogido América Noticias señala que estas mujeres, quienes debido al estado de emergencia no pueden operar en las zonas rosas de Lince, se han visto obligadas a trasladarse en vehículos para la búsqueda de posibles clientes.
Personal de la Policía intervino a un vehículo plomo de placa A3D 571 cerca a las avenidas de Risso y Tomás Guido. Dentro del auto, estaba el conductor y tres mujeres que se dedican al rubro de la prostitución. Todos fueron llevados a la comisaría del distrital para las diligencias correspondientes.
Cabe mencionar que, se estima que hay entre 250 y 300 mujeres que se dedican al trabajo sexual en las mencionadas zonas de Lince. La mayoría de las víctimas son de nacionalidad venezolana, aunque también se encuentran algunas procedentes de Colombia y Ecuador, y otras pocas de Perú.
“Muchas de estas jovencitas se encuentran con el autoestima por los suelos. Son maltratadas, amenazadas constantemente y expuestas a seguir trabajando, pese a que pueden estar enfermas”, dijo Ángela Villón, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales Miluska, Vida y Dignidad.
Las mujeres que son traídas al Perú, bajo engaños, deben pagar una cuota diaria a sus proxenetas, quienes constantemente ejercen amedrantamientos y amenazas de muerte contra ellas o sus familias. Quienes no acaten sus requerimiento delictivos han sido asesinadas.
Según información proporcionada por fuentes policiales a Infobae Perú, a cada una de ellas se les solicita el pago de 700 soles semanales. Aquellas que son más jóvenes, de entre 18 y 21 años, pueden llegar a pagar una suma mayor debido a la gran cantidad de clientes a los que atienden diariamente.
Estas organizaciones dedicadas a la explotación sexual en la zona de Risso pueden generar ingresos mensuales que superan los 850 mil soles. Razón que explica por qué este área es objeto de deseo para grupos delictivos, incluido el Tren de Aragua y algunas de sus facciones más violentas. La cuantiosa ganancia ha incluso desencadenado enfrentamientos entre ellos.