En Acción Popular promueven una propuesta que mellaria aún más la alicaída imagen del Congreso de la República. Ahora, la bancada del partido de la lampa trata de realizar una modificación en el reglamento de este poder del Estado para que las sesiones del Pleno y las comisiones ordinarias pasen de la presencialidad a la virtualidad a pesar de que ya no existe una pandemia como la del coronavirus que motivó a varias instituciones públicas a optar por esta última modalidad.
Según la polémica resolución N° 06107/2023-CR, presentada ayer a mesa de partes por el legislador Wilson Soto, se pretende cambiar el artículo 51 con el fin de que el titular de la Mesa Directiva del Parlamento, con el acuerdo de tres cuartos de integrantes de la Junta de Portavoces, disponga la nueva forma de trabajo de los ‘padres de la patria’ y ‘madres de la patria’.
“La herramienta digital o tecnológica utilizada debe garantizar; el carácter público de los debates virtuales o semipresenciales, salvo que se justificara su carácter reservado o secreto; la identificación y visualización permanente del congresista que asiste virtualmente; el ejercicio pleno de los derechos de los congresistas que integran los órganos parlamentarios, entre los que destacan los derechos de participación, deliberación y voto”, se lee en el documento.
Entre los argumentos que Soto plantea se indica que la virtualidad “fue crucial para evitar la paralización de este poder del Estado y garantizar la representación y el trabajo legislativo en medio de las circunstancias excepcionales” en clara referencia a lo ocurrido entre el 2020 y 2022 con la pandemia.
El congresista acciopopulista considera que, con el transcurrir del tiempo, la excepcionalidad de las sesiones semipresenciales se ha convertido en una práctica común porque se ha demostrado que resulta eficiente y efectivo.
Además, agrega que su idea buscaría ayudar a sus colegas que realizan diversas actividades fuera del recinto parlamentario como viajes al exterior, semana de representación en regiones y reuniones con ministros de Estado. Recalcó que no se vulnera ninguna disposición constitucional o legal que se encuentra vigente.
“El propósito es evitar paralizaciones o retrasos en la labor parlamentaria debido a la falta de quórum y permitir un funcionamiento más eficiente y efectivo en un entorno cada más digital y globalizado”, se observa en otra parte de la resolución.
La propuesta de Wilson Soto es respaldada por sus colegas Jorge Flores Ancachi, Luis Aragón Carreño, Hilda Portero López, Darwin Espinoza Vargas y Raúl Doroteo.
Del mencionado grupo, Flores Ancachi, Espinoza y Doroteo son investigados por la Fiscalía de la Nación por la comisión de los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en el marco del caso ‘Los Niños’ que tuvieron nexos con el gobierno del encarcelado expresidente Pedro Castillo.
Otras propuestas
Hay que mencionar que no es la primera propuesta polémica que han impulsado desde Acción Popular.
A inicios de este mes se conoció que el congresista Flores Ancachi pretende remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en caso reciban una sentencia por el delito de peculado doloso en primera instancia.
La medida alcanza también a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, los magistrados de la Corte Suprema, los ministros de Estado y al titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
De igual manera, en mayo pasado también plantearon ante la Comisión de Constitución y Reglamento que la elección del titular de la Procuraduría sea incluida en el artículo 47 de la Carta Magna junto a otras altas autoridades como del TC, la Defensoría y el Banco Central de Reserva.