Estado de emergencia en Cercado y Lince incrementará crisis en negocios: empresarios rechazan cierre de locales

La declaratoria del estado de emergencia en Cercado de Lima y Lince se debió al aumento en el índice de inseguridad ciudadana en dichos distritos, además del pedido de la ciudadanía y de las autoridades locales, quienes informaron que la situación llegaba a niveles preocupantes.

Sin embargo, tras la incorporación de la medida en los últimos días, hay un grupo de empresarios que labora en ambas jurisdicciones que ha hecho sentir su rechazo a la iniciativa, ya que esta implica el cierre de locales nocturnos y —según afirmaron— esto los perjudicaría de manera sustancial.

Los propietarios argumentaron que no solo serían ellos los que se verían afectados, sino que también sus trabajadores. Así lo confirmó Dania Vila, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines del distrito de Lince, para La República, al confirmar que esto tendría un impacto en algunos negocios.

Dentro de los más perjudicados, mencionó a los hoteles, restaurantes, discotecas y minimarkets, puesto que no podrán operar en las horas en las que reciben mayor número de usuarios (entre las 12.00 a.m. y las 4.00 a.m.). Según la empresaria, esta interrupción en el horario de atención deja mal al distrito en el que vive porque muchos podrían considerarlo como un “lugar peligroso”.

Lince es sede de 170 hoteles y hospedajes, 250 restaurantes y huariques, 25 discotecas y pubs, y 10 casinos y tragamonedas, según información de Vila. “El Gobierno debió haber adoptado estrategias con todos los ministerios e incluir al sector privado para buscar en conjunto soluciones porque el fondo del asunto es el descontrol migratorio”, apuntó a dicho medio.

La misma situación se vivió desde Cercado de Lima. Un gran número de propietarios de algunos pubs y bares hicieron oír su voz de protesta al precisar que vienen de verse duramente afectados por la pandemia, marchas ciudadanas y la delincuencia, por lo que esto simplemente terminaría por impactar negativamente en su economía.

Uno de los que se pronunció al respecto fue Valerio Rolleri, supervisor del bar restaurante Cosmos. “El Estado debe saber que al reducir el horario de los negocios nos va a causar bajas en el trabajo y los turistas dejarán de acudir al Centro, y eso definitivamente es un daño fuerte”, acotó para La República.

Dicha opinión fue compartida por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien requirió al Gobierno corregir las medidas de tal forma que no perjudiquen a los comercios y actividades turísticas del distrito.

En conversación con La República, Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP, consideró que —de acuerdo a lo anunciado por el ministro del Interior— el 20% registrado en disminución de criminalidad e inseguridad en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres se verá reflejado en un aumento en los índices de los distritos aledaños, como es el caso del Rímac y Los Olivos.

A su vez, reflexionó sobre la falta de planificación en las estrategias del Gobierno, puesto que solo se toman “medidas improvisadas” y con soluciones momentáneas. “Una vez que termine el estado de emergencia, todos esos policías de SJL y SMP volverán a sus dependencias policiales, no hay solución de nada”, concluyó para La República.

Por su parte, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera se mostró de acuerdo con lo expuesto al enfatizar que “no hay otro complemento adicional” que lleve a cambios a largo plazo. “Se tiene que hacer un esfuerzo sostenido en el tiempo con la PNP, el Ministerio Público, municipios y sociedad civil, y sobre esto no hay nada”, finalizó.