La Comisión Permanente del Congreso otorgó este miércoles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de hasta 15 días para investigar y presentar informe final sobre las denuncias constitucionales que enfrenta la legisladora Digna Calle (Podemos Perú). La decisión fue adoptada por 18 votos a favor.
Las acusaciones 398 y 399, procedentes en un extremo, fueron presentadas por Kelly Portalatino (Perú Libre) y Rosselli Amuruz (Avanza País) por presunta infracción de los artículos 92 y 93 de la Constitución, así como por el delito de abandono de cargo.
Ambas fueron acumuladas a pedido de Lady Camones (Alianza para el Progreso), presidenta de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Posteriormente, se realizó la votación para autorizar el plazo.
Según el informe de calificación aprobado por la Comisión de Ética, la denunciada estuvo al menos ocho meses fuera del país, sin indicar cuándo regresaría. Durante ese tiempo habría realizado operaciones de carácter comercial y particular, como la adquisición y administración de inmuebles y compañías, ajenas a sus funciones congresales.
La diputada llegó a ejercer la Segunda Vicepresidencia del Congreso, pero dimitió a comienzos de 2023 por el bloqueo al adelanto electoral. “Hemos dedicado cuatro sesiones, once votaciones y 20 horas de debate sin llegar a los consensos necesarios. Las fórmulas van y vienen, pero las excusas se imponen a la hora de la votación”, dijo en relación con los cuatro proyectos de ley votados y rechazados por el Legislativo en una semana.
Cinco meses después, en julio pasado, pidió que su licencia se extendiera por otros 60 días, pero la Mesa Directiva rechazó la solicitud y el Consejo Directivo ratificó la decisión. Regresó al país a inicios de septiembre y alegó que su ausencia fue por motivos familiares, pues sus hijos habían decidido radicar en el país norteamericano.
“Esas propiedades se han comprado para mi familia porque en un inicio solamente se iba a ir a Estados Unidos un hijo mío, para él se compró la casa. Luego decidió irse el otro hijo, entonces compramos una casa más amplia”, dijo.
De igual modo, descartó que estas compras se hayan hecho de manera ilícita o a raíz de un incremento en su patrimonio. “Antes de vender la primera, compré la segunda, pero con fondos lícitos. No es que yo de la noche a la mañana haya incrementado mi patrimonio”, insistió.
En relación con los procesos que afrontará en sede parlamentaria, Calle aseveró que son imputaciones sin fundamento. “Yo en su momento voy a desbaratar todo eso [de manera] documentada. A mí se me está acusando de trabajar virtualmente y ellos han votado virtualmente. [...] Si todos estamos usando la virtualidad, ¿en qué quedamos?”, cuestionó.
“He venido porque me voy a reunir con personal de mi despacho, seguimos trabajando y haciendo proyectos de ley. Tengo Comisión de Vivienda, a la cual voy a ingresar virtualmente desde mi despacho”, siguió. Apenas aterrizó en el país, la diputada participó de una sesión donde se debatía el inicio de la investigación contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el organismo que lleva tres investigaciones contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Calle marcó su asistencia de manera virtual, pero en un descuido la cámara se prendió y apareció el rostro de su esposo Aron Espinoza, quien se desempeña como regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).
El funcionario también había pedido licencia a la comuna para viajar a EE.UU. y no participó de las sesiones municipales. “Los dignos que tenemos en el Parlamento. ‘Mocha sueldos’, niños, viajeros y todos los demás que hoy acusan y señalan como si pedir licencia fuera un delito”, anotó al defender a su cónyuge.