La denuncia contra Dina Boluarte que la Fiscalía no atiende y buscaría encarpetar

En el marco de las investigaciones en contra de la presidenta Dina Boluarte por los más de 50 asesinatos en perpetrados durante las protestas en los primeros meses de su Gobierno, muchas denuncias fueron iniciadas en su contra, pero la Fiscalía de la Nación le puso excepcional atención a una sola. Ahora, en una disposición de Patricia Benavides a la que Infobae Perú tuvo acceso, el Ministerio Público busca acumular todas estas denuncias en una sola, pasando por encima algunos otros delitos que se le imputan a Boluarte por los que ni siquiera se ha empezado diligencia alguna.

A medida que los abusos a los derechos humanos se iban perpetrando en contra de los peruanos durante los meses de diciembre, enero y febrero, la Fiscalía de la Nación empezó a abrir expedientes a fin de investigar los presuntos hechos denunciados por diferentes ciudadanos. Las diligencias iniciales por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, se comprendieron desde un inicio en la carpeta N° 277-2022.

Es en esta carpeta se investiga a personajes del Ejecutivo como Dina Boluarte, Alberto Otárola, Vicente Romero, César Cervantes, entre otros, la misma por la que se han comprendido diligencias como tomas de declaraciones, revisiones de material visual y otros procedimientos.

No obstante, el expediente N° 277-2022 no era el único y existían otras carpetas en las que no solo se buscaba que se indague a Boluarte por las acusaciones antes mencionadas, sino también por el delito de abuso de autoridad. Acusación que abriría una nueva línea de investigación que no se ha avanzado hasta la fecha y que, en cambio, gracias a la firma de Patricia Benavides, ha pasado a ser no atendido hasta la fecha.

Durante nueve meses, desde el mes de enero en el que empezaron las investigaciones preliminares, hasta el último 2 de octubre, la carpeta 277-2022 era única tomada en cuenta por la Fiscalía para sus diligencias. Sin embargo, el último martes, una disposición firmada por Patricia Benavides notificó a la defensa de los deudos la existencia de dos carpetas adicionales que llevaban todo el tiempo que duró la investigación preliminar sin ser atendidas y que, a partir del 15 de septiembre, pasarían a ser acumuladas a la 277-2022.

Se trata de las carpetas N° 39-2023 y 137-2023, las cuales, según lo declarado la defensa de los deudos, para Infobae Perú, eran totalmente desconocidas hasta hace una semana.

En la carpeta N° 39-2023 existe la denuncia por el delito de abuso a la autoridad, el cual se esperaba sea comprendido entre las pesquisas junto a las otras imputaciones que sí comprende la carpeta general N° 277-2022. En este documento se precisa, además de todas las imputaciones por las que Boluarte solicita el archivamiento del caso, una imputación por el delito “contra la Administración Pública en la modalidad de Abuso de Autoridad, en agravio del Estado”.

En este delito están comprendidos la presidenta, el primer ministro, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Vicente Romero; el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, entre otros. En los motivos de la acumulación de esta carpeta a la general, en la que no está comprendido el abuso de autoridad, no se precisa qué es lo que sucederá con esta imputación y apenas agrega en un párrafo, al final de las disposiciones, que esta imputación queda pendiente.

Pese a tener en cuenta el detalle del abuso de autoridad, y de reconocer que este “puede ser materia de precisión, variación o ampliación”, hasta la fecha no se ha detallado acción alguna por parte de la Fiscalía hacia estas acusaciones, faltando poco menos de un mes para que el periodo de investigación preliminar llegue a su fin.

Según lo detallado a Infobae Perú por el especialista en derecho penal, Andy Carrión, este documento precisa que el delito de abuso de autoridad debería ser comprendido en la carpeta que ahora las ha absorbido; pero, de no existir una investigación adicional ni diligencia alguna por este, la Fiscalía estaría incurriendo en una negligencia.

“La omisión del delito, debe ser una omisión formal, más no material. Porque, en el ámbito procesal, el expediente es enviado a la carpeta donde viene siendo investigada; y esa carpeta que viene siendo investigada por el delito de abuso de autoridad va a tener que incorporarse. No lo pueden dejar de lado, y si lo dejan de lado sería una arbitrariedad absoluta porque significaría un archivo soterrado de ese delito”, precisó en entrevista con este medio.

Los pasos a tomar por parte de la Fiscalía de la Nación a partir de estas acumulaciones aún no están claros, pero dejan en medio una serie de suspicacias. En la orden de acumulación no se precisa el inicio de una investigación por abuso de autoridad contra Dina Boluarte ni ninguno de los acusados consignados en la carpeta 39-2023. Tampoco se ha anunciado el respectivo inicio de diligencias en los canales oficiales del Ministerio Público.

Para Andy Carrión, este delito de abuso de autoridad debería de ser incorporado a las investigaciones, y la mandataria debería ser investigada no por tres, sino por cuatro delitos “a pesar de que este último delito no haya tenido el impulso necesario”.

“Esto implicaría una ampliación de declaración, no solo de ella, sino también de los demás denunciados. Implicaría nuevos actos de investigación también en contra de la presidenta. Este es un delito que implica sus propias diligencias y su propia línea de investigación; porque el delito de abuso de autoridad implica al funcionario que ha hecho abuso de sus atribuciones y que ha ordenado, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario. Es distinta la línea de investigación que por ejemplo en el delito de homicidio, o en el delito de lesiones graves”, resolvió el especialista.

Para el abogado de los deudos, Juan Quispe, del Instituto de defensa legal (IDL), estas acciones pueden llegar a significar un caso de atropello al desarrollo de las investigaciones por parte de la Fiscalía que hasta la fecha ya se encuentran cuestionadas.

“La Fiscalía en ningún extremo se ha pronunciado sobre el delito de abuso de autoridad. Si lo que quiere hacer, como parece que va a ser así, es que, a pedido del sobreseimiento, con esta disposición de acumulación, intentar hacernos creer que es lo mismo, cuando no lo es, se estaría cometiendo un gravísimo error y una falta de diligencia”, consideró.

El contexto es crucial para entender este caso, pues, justo ahora que Dina Boluarte ha buscado el archivamiento del expediente N° 277-2022, la defensa es notificada de estas acumulaciones 15 días después de haber sido hechas y a menos de un mes de concluir las investigaciones.

Para el letrado, si esta denuncia es archivada junto a las otras, sin que se realicen diligencias adicionales, “se trataría de una disposición de la Fiscalía de la Nación de querer archivar por completo toda la investigación”.

Al consultar con el área de comunicaciones del Ministerio Público sobre el paradero final de estas imputaciones y el desarrollo de diligencias por el caso de abuso de autoridad, tampoco se recibió una actualización hasta el cierre de esta nota.