Luciana León: ¿por qué Procuraduría pide que pague S/ 1.8 millones de reparación civil?

Procuraduría General del Estado, a cargo de Daniel Soria, pidió al Poder Judicial que la excongresista aprista Luciana León pague una reparación civil de S/ 1.8 millones, en el marco del caso “Los intocables ediles”.

Como es de conocimiento público, a la exlegisladora se le investiga por presuntamente ser parte de la organización criminal. De acuerdo a la tesis fiscal, desde su posición la política gestionó en los ministerios de Economía y Vivienda el financiamiento de obras públicas de la Municipalidad de La Victoria.

Además, su intervención para llevar a cabo la implementación de una fábrica de ladrillos con la finalidad de beneficiar a Juan Peña Quispe, hermano del cabecilla de la banda, Alexander Peña, a quien se le acusa de ser el financista.

Otro de los hechos que se le atribuyen es el haber gestionado una reunión entre el líder de ‘Los intocables ediles’ y funcionarios del Cuartel General del Ejército, a través de su entonces asesora parlamentaria Betsy Cecil Matos Franco.

Asimismo, se le acusa de haber recibido sumas de dinero a cambio de gestiones y haber contratado personal de confianza que no habría prestado servicios en el Congreso a fin de recolectar las remuneraciones.

La Procuraduría General del Estado estableció el daño patrimonial de la siguiente manera: un millón cien mil soles por tres hechos vinculados al presunto delito de tráfico de influencias agravado, 350 mil soles por el presunto delito de cohecho pasivo propio y 350 mil soles por el presunto delito de peculado doloso por apropiación.

Como se recuerda, pese a que la exparlamentaria niega haber cometido algún ilícito, el pasado 16 de junio el Pleno del Congreso aprobó con más de 70 votos acusarla constitucionalmente por dichos delitos tras la exposición del informe final a cargo de la entonces presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones (Alianza para el Progreso).

Con la solicitud formulada por la Procuraduría para ser incorporada como “actor civil” o “parte agraviada”, el juez Supremo Juan Carlos Checkley deberá programar una audiencia virtual en los próximos días a fin de atender el pedido y resolver a favor o en contra.

El caso inició con la detención del entonces alcalde de La Victoria, Elías Cuba, y otros funcionarios en agosto del 2018. Ello, ante la denuncia de una red dedicada al cobro de cupos a ambulantes. De acuerdo a la Fiscalía, la organización recolectaba más de 26 millones de soles anuales por pagos ilegales de parqueo vehicular y SISA.

Según el Ministerio Público, León “era el brazo legal y político encargado de ofrecer su amplia red de contactos con políticos y altos funcionarios así como interceder y gestionar ante ellos para satisfacer los requerimientos y necesidades de la organización delictiva con claros fines económicos”; actividad por la que habría recibido sumas de entre 15 mil a 30 mil soles mensuales.

Un reportaje de Punto Final reveló unos chats en los que se probaría la presión por parte de la exrepresentante de la patria al entonces ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, quien la describió como “una señora insistente y trataba obviamente por las razones que sabemos ahora de sacar estos proyectos. Pero tengo que insistir que nunca se le dio ni un solo proyecto ni a la señora Matos ni a la congresista de León”.

Luciana León: ¡Ninguno, me muero! O sea, tu asistente se zurró en mis pedidos, en lo que te comprometiste con el alcalde. En su cara le dijiste que sí salían. Que 55 lo manejabas. De los 11 que te dio el alcalde, solo has sacado uno, que es el más misio, que es el número 3 de la lista de arriba. Por favor, ¡¿puedes hacer algo?! Estoy afuera, te espero, no me quiero ir con esta angustia. Parece que los de abajo mandarán y no el ministro. ¡Me hacen eso y los boto!

Alfredo Thorne: No digas eso. Si no pasaron es porque no estaban listos.

Luciana León: Y encima yo stockeandote por las puras.