Protocolo de Kioto, Acuerdo de París y COP 2027: ¿Cuáles son las consideraciones, las consecuencias y el balance?

El Protocolo de Kioto fue el primer acuerdo global creado en 1997 con un enfoque en el equilibrio de las emisiones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono) como mecanismo para prevenir el calentamiento global. Sin embargo, la tesis del cambio climático antropogénico tiene un grupo de científicos detractores quienes, más allá de recibir calificativos tales como “escépticos” o “negacionistas”, poseen argumentos válidos que no solo no deben ser desestimados sino más bien, respondidos.

Ahora bien, en el plano político, Donald Trump se retiró del Acuerdo de París en 2017, mientras que Joe Biden reinsertó a los Estados Unidos en 2021. Por otro lado, el Pacto Climático de Glasgow, también conocido como la COP 26 (conferencia de las partes en inglés), fue calificada como histórica a pesar de exhibir varias promesas inconclusas y metas no alcanzadas. En otras palabras, la COP26 existe porque el Acuerdo de París no produjo los resultados deseados en materia de descarbonización.

En el presente artículo, abordamos cada hito concerniente al plano de gobernanza global climática y realizamos un balance crítico.

Durante la COP 26, Escocia afirmó haber contribuido con 2,2 millones de dólares por pérdidas y daños derivados del cambio climático. No obstante, dicho cálculo económico aún resulta cuestionable dependiendo de quién y cómo se ponderen las implicancias de las variables intervinientes. Sin embargo, otras naciones más ricas, como Estados Unidos, no han honrado su compromiso de apoyar a los países empobrecidos con fondos para desastres climáticos o la famosa transición energética limpia. De hecho, poco o nada se sabe de los 100 mil millones de dólares prometidos por las naciones industrializadas a sus pares emergentes.

En ese contexto, en la reciente COP 27 realizada en Egipto, se buscó subsanar varias deficiencias relacionadas con metas no alcanzadas. Por ejemplo, la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, prometió 5,7 millones de dólares adicionales para la misma causa. De igual modo Irlanda también ofreció otros 10 millones. Pero ¿Qué se hace con tan pocos recursos? En otras palabras, la ayuda que proviene de los países ricos hacia los desfavorecidos sigue siendo vital para lograr cualquier progreso en la COP 27, claro está, dentro del planteamiento de quienes consideran que la descarbonización de las economías es de máxima prioridad.

En el 2006, Al Gore, premio Nobel de la paz por su documental “Una Verdad Incómoda” utilizó la hipótesis y evidencia del artículo que publicara Michael Mann et al. en la revista Nature allá por 1998. En dicho artículo, Mann et al. sostienen que desde la segunda revolución industrial, aproximadamente en 1880, se evidencia un considerable aumento de concentraciones de CO2 los cuales pasan de 224 ppm (partículas por millón) a más de 350 acarreando consigo, según las conclusiones de los autores, en un aumento en las temperaturas globales considerable. Dicho gráfico mostraba una tendencia in crescendo que fuera luego bautizada y popularizada como el Hockey Stick (bastón de hockey). Posteriormente, dicho modelo fue incluido en el reporte del 2001 publicado por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) calando en los medios de comunicación quienes catapultaron su difusión.

No obstante, Steve McIntyre, ácido crítico de Michael Mann, ha demostrado que existen serias falencias metodológicas en cuanto al cálculo de las temperaturas. Por ejemplo, considera que se analizó data de los aros de los árboles talados para obtener temperaturas aproximadas a través del tiempo cuando en realidad existen múltiples variables que debieron ser integradas, según sustenta. Resulta necesario hacer este contraste por cuanto la ciencia es un ejercicio iterativo en el cual se sopesa y se cuestiona evidencia.

Dentro de los objetivos del IPCC está esencialmente la disminución del aumento de la temperatura en busca de no superar los 1,5 grados. En este contexto, después de la COP 26, varios países se comprometieron a presentar nuevos planes para lograr este objetivo. Sin embargo, solo 24 nuevos planes fueron presentados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante la COP 27. El problema radica en que dichos acuerdos no son de carácter mandatorio, sino más bien voluntarios, por lo que no serán eficaces para evitar que se produzca el aumento de temperatura de 2,5 grados como se vaticina.

En noviembre del 2022 se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (27.ª Conferencia de las Partes, COP 27) en Sharm El Sheikh, Egipto, cuyas negociaciones climáticas llegaron a un reiterativo acuerdo sobre la necesidad de crear un fondo climático de “pérdidas y daños” para las naciones en desarrollo y vulnerables a los embates de la naturaleza. Al respecto, la COP 27 estuvo bajo un intenso escrutinio internacional dadas las crecientes expectativas, especialmente en la región MENA (Medio Oriente y el norte de África), de que el enfoque de la reunión sería la implementación.

En síntesis, la conferencia en Sharm El Sheikh ofreció la oportunidad de centrarse en la importancia de lograr la tan ansiada “justicia climática”. Empero, delinear un mecanismo concreto para este fondo resulta crucial a fin de garantizar que los países afectados efectivamente reciban asistencia real y para reducir los retrasos en el cumplimiento de las promesas y compromisos de financiación. Nuevamente la pregunta es, ¿quién y cómo se define la proporcionalidad entre la intensidad de las afectaciones y el monto asignable a cada país?

Idealmente, en el mundo post COP 27, las naciones deberían pasar de centrarse en escenarios y compromisos futuros a abordar los problemas actuales y activar la acción climática. Esta es la recomendación alcanzada la cual es suscrita por el Foro Económico Mundial (WEF) y la ONU. Se arguye que solo así se podrán afrontar las desigualdades sociales y generar oportunidades para inversiones en desarrollo económico hacia una economía “limpia”.

Dentro de esta óptica, las prioridades incluyen acelerar la transición energética, los avances tecnológicos y la innovación financiera en la gobernanza, en la gestión del agua y de los alimentos. Estos dos últimos puntos son probablemente los más críticos para aquellos países con escasez en materia física y económica de agua. Por ello, los pasos que se tomen tras la COP 27 serían vitales para garantizar la credibilidad puesto que se espera que en la COP 28 que tendrá como anfitriones a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se obtengan avances concretos. Pero ¿no es acaso irónico que uno de los mayores productores de combustibles fósiles (3.66 millones de barriles por día) sea anfitrión? Probablemente esto no sea un gran problema en tanto los amigos del emirato financien el evento.

Es en este punto en el que cito a Albert Einstein quien dijo que “si deseas resultados distintos, no sigas haciendo lo mismo.” Y es que luego de casi 30 años de conferencias se han obtenido magros avances con acuerdos voluntarios entre las naciones más ricas y las más pobres del mundo. Pocos acuerdos han tenido un algún impacto, mientras que la mayoría quedaron en discursos y videos.

El Acuerdo de París aglutina a todas las naciones en una causa común para emprender esfuerzos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, con un mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo a hacerlo. En sus orígenes, el objetivo central del Acuerdo de París fue fortalecer la respuesta global a la amenaza del cambio climático y hacer que los flujos de financiamiento sean consistentes con un camino de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, ¿existe alguna métrica al respecto? La complejidad del Acuerdo de París radica en las implicancias geopolíticas que cada acuerdo supone.

El Protocolo de Kioto fue el primer tratado internacional para abordar el llamado calentamiento global. Claramente, como es natural y saludable, las críticas sobre el alcance y la ambición del acuerdo no tardaron en surgir. El Protocolo de Kioto implicó el primer conjunto de objetivos climáticos legalmente exigibles conocidos como Objetivos cuantificados de reducción y limitación de emisiones (QELRO, por sus siglas en inglés) para poner un límite a las principales emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de las naciones del Anexo I, que son naciones industrializadas o naciones que están en el proceso de industrialización.

Esto se complementa con las actuales recomendaciones de reducción anual del 7% en cuanto al consumo de combustibles fósiles de cara al 2030. Sin embargo, para críticos de esta perspectiva como Alex Epstein, Steven Koonin y Bjorn Lomborg, privar a los países en desarrollo de combustibles fósiles generaría más hambre, pobreza y mínimos efectos en materia de reducción de temperaturas.

Ciertamente el fracaso del Protocolo de Kioto ofrece una advertencia sobre cómo tales acuerdos internacionales pueden fallar, pero también sobre la capacidad de generar resultados concretos.

Proclamado como “ambientalmente fuerte y económicamente sólido” por el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, después de su finalización, el Protocolo de Kioto estableció ciertos objetivos vinculantes para los países desarrollados definidos en un cronograma. Asimismo, se consideró la necesidad de desarrollar una transición verde del mercado mediante, por ejemplo, la Implementación Conjunta y el Mecanismo de Desarrollo Limpio para permitir que las naciones desarrolladas avancen en sus objetivos al apoyar proyectos de limitación o reducción de emisiones en otros países, así como el comercio de emisiones entre miembros.

Al adoptar este enfoque, el acuerdo fungía de extensiones los pasos del calificado como exitoso Protocolo de Montreal de 1989, mismo que se enfocó en las sustancias responsables del agotamiento del ozono como los elementos clorofluorocarbonados (CFC). Sin embargo, combatir el CO2 es muy distinto en dimensión y consecuencias a limitar el consumo de combustibles fósiles por cuanto no hay reemplazos eficientes ni comparativamente eficaces más allá del progreso de las energías renovables como la eólica y la fotovoltaica.

Después de todo, a los problemas con el Protocolo de Kioto se sumó el hecho de que los objetivos no fueron realmente “tan” vinculantes. Por ejemplo, Canadá se retiró del acuerdo en el 2011 sin sanción alguna. Parte de la justificación de Ottawa fue que Estados Unidos no había ratificado el protocolo, ya que el Senado aprobó una resolución en contra del acuerdo meses antes de que se firmara.

Además, en particular en China, algunas naciones en desarrollo crecerían hasta convertirse en uno de los mayores emisores del mundo, lo que medraría aún más la credibilidad del protocolo. El ocaso del Protocolo de Kioto ciertamente ocurrió porque sencillamente no hubo un consenso político real y sostenido que apalanque lo que dicho tratado pretendía lograr.

Como resultado, estos problemas generaron una línea de pensamiento diferente sobre cómo abordar las negociaciones climáticas internacionales, lo que culminó en el Acuerdo de París del 2015. Como se sabe, este último obliga a los miembros, tanto países desarrollados como en desarrollo, a presentar objetivos de reducción de emisiones, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional, pero el contenido depende del propio país. En simple, acuerdos vinculantes, pero algo optativos.

Si bien el Acuerdo de París propició un mayor optimismo que el Protocolo de Kioto, la brecha entre lo que se promete y lo que se necesita ha llevado a una creciente frustración con el proceso de la ONU. Incluso ahora las conversaciones que se basan en el “consenso científico” no han pedido la eliminación gradual de los combustibles fósiles, señalados como la principal causa de la crisis climática bajo la tesis antropogénica cabe resaltar. Cabe señalar que es discutible hablar de un consenso científico puesto que la ciencia se basa en evidencia y no en acuerdos. Es la política la que se basa en consensos. Esto nos lleva nuevamente a la idea de la complejidad geopolítica del tema.

Se espera que, con la reunión del próximo COP 28 programada para celebrarse el siguiente año en los Emiratos Árabes Unidos, el optimismo sobre un avance en las negociaciones sea cuestionado por la naturaleza económica del anfitrión.

Según advierten diversos especialistas, se debe entender que cualquier enfoque centrado en el derecho internacional no hará más que perpetuar el mismo problema: los Estados no quieren negociar acuerdos que no pueden cumplir, por lo que terminamos con tratados poco ambiciosos o tan llenos de agujeros que los estados pueden escapar de los costos. Dicho de otra forma, el crecimiento económico es ponderado por encima de dichos acuerdos.

No obstante, los movimientos comerciales unilaterales y bilaterales representan otra opción. La Unión Europea (UE), por ejemplo, ha propuesto su Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono, que impondría un arancel relacionado a ciertos productos importados desde fuera del bloque. La pregunta automática es ¿qué implicaciones tendría esto en el flujo y balanza comercial de los países en desarrollo que negocian con este bloque supranacional?

Este es un tema vasto y complejo por los cuestionamientos científicos, políticos, económicos, sociales y ambientales que están fuertemente imbricados.

Summa summarum, “si deseas resultados distintos…”