Gobierno de Boluarte envía documento a la CIDH sin detallar vacíos legales en acusación del Congreso contra la JNJ

El gobierno de Dina Boluarte intentó “engañar” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al ocultar los vacíos legales de la acusación exprés del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en un documento que la representación del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), a cargo de Gustavo Adrianzén, aseguró haber enviado.

El diario La República accedió a dicho documento y señala que el reporte fue enviado por el gobierno peruano el pasado 22 de septiembre y contiene comentarios previos al borrador de pronunciamiento que difundió la CIDH tres días después manifestando su preocupación por la investigación hacia la JNJ y la posibilidad de que no se garantice el debido proceso.

Este documento tiene 18 páginas y deja en evidencia omisiones del Ejecutivo acerca de cómo procedió el Congreso su proceso sumario contra la JNJ.

Ya en la tercera página del reporte se advierte que el gobierno de Boluarte informó sesgadamente, ya que indica que la Comisión de Justicia del Parlamento aprobó un plan de trabajo el 12 de septiembre; sin embargo no le dicen a la CIDH que este documento apenas tenía una página y no contaba con los objetivos o el cronograma de trabajo. Esto debido a que las prisas por procesar a los integrantes de la JNJ los hizo aprobar la sola hoja, lo cual les produjo problemas posteriormente.

Recién una semana después la mencionada Comisión tuvo un cronograma. Estos afanes llevó al grupo a citar a los miembros de la JNJ sin cumplir con el mínimo de tres días de anticipación, por lo que la sesión tuvo que ser cancelada.

Eso no le dijeron a la CIDH los funcionarios de Boluarte.

Además, el Gobierno de Boluarte también informó a la CIDH que ya se había aprobado un informe preliminar, pero no indica que este no contenía ningún avance relevante, ya que con este documento solo se intentó poner el parche a una situación irregular que se generó en el Pleno luego de que solo otorgasen 14 días hábiles para el proceso sumario y el plazo ya estaba por vencer.

No es la primera vez que el gobierno de Dina Boluarte juega en pared con el Congreso para favorecer la investigación exprés contra la JNJ. El comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el tema fue criticado por Gustavo Adrianzén, representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El pasado 7 de setiembre el pleno del Congreso de la República aprobó que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos investigue de forma preliminar a los miembros de la JNJ. La iniciativa, impulsada por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), se sustenta en seis acusaciones calificadas como “graves” hacia los integrantes de la entidad que designa a jueces y fiscales en el Perú.

Luego de que el Parlamento dio luz verde para que se indague durante 14 días a los magistrados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado, mediante el cual dio solo 24 horas al Estado peruano para que responda por lo aprobado en el Poder Legislativo.

Esto fue cuestionado por Adrianzén, quien consideró que es imposible que un gobierno responda en tan poco tiempo un requerimiento de tal magnitud. Además, para él la CIDH emitió un comunicado basado en suposiciones y no en hechos demostrables. Por ejemplo, la Comisión mostró su preocupación al asegurar que el debido proceso no se respetará y que la investigación del Parlamento culminará en una sanción para todos los miembros de la JNJ.