El fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial Lava Jato, fue suspendido durante ocho meses y 15 días por “inconducta funcional”, según una resolución de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público difundida este jueves por IDL-Reporteros.
La sanción devino por unas declaraciones emitidas en 2020, cuando cuestionó la decisión del Poder Judicial de excarcelar a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien está próxima a encarar un juicio oral por lavado de activos. El equipo que Vela lidera solicita contra la política 30 años y 10 meses de prisión.
La decisión se ha hecho pública cinco días antes de la llegada del exrepresentante de Odebrecht (hoy Novonor) en Perú, Jorge Barata, convocado para declarar en el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala por presunto lavado de activos, un caso también seguido por el grupo Lava Jato.
El órgano de control, a cargo de Juan Fernández —investigado por presuntas irregularidades en la documentación para acceder al cargo—, concluyó que hay “elementos de prueba objetivos y suficientes” contra el magistrado en su actuación como coordinador del Equipo Especial en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominios.
“[Vela] incurrió en acción u omisión que, sin ser delito, compromete gravemente los deberes del cargo, comentó aspectos procesales que se estaban llevando a cabo en un proceso en curso, así como interfirió en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado”, se lee en el documento al describir la “infracción administrativa muy grave”.
“En consecuencia, [...] se le impone la sanción disciplinaria de suspensión sin goce de haber y separación temporal en el ejercicio del cargo” durante este período, continúa el texto, suscrito por el fiscal Carlos Muñoz, quien asumió apenas un día antes de la resolución.
En la víspera, la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, había enfatizado que cambiaría o destituiría de la institución a los fiscales que no cumplan con sus deberes.
“Personas que no están cumpliendo el objetivo que se ha trazado desde la Fiscalía de la Nación, ellos son separados o cambiados”, señaló durante un operativo realizado en el distrito de San Martín de Porres.
Solo en la última semana de septiembre firmó dos cambios en el equipo especial que investiga a ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, como se denominó a la mafia formada por jueces y fiscales que traficaban sus sentencias por favores políticos o dinero.
En rigor, Benavides dio por concluida la designación de la fiscal anticorrupción Magaly Quiroz y la retiró de la investigación, pese a que tenía conocimiento del proceso desde marzo de 2021. También fue retirada su colega Yenny Huacchillo.
La remoción de la primera magistrada fue promovida para que haya “un buen clima laboral”, según el oficio fiscal. En marzo pasado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación contra la fiscal general por presuntas irregularidades en los cambios de este equipo, un proceso que ella tildó de “ilegal y arbitrario”.
La magistrada señaló que el grupo “no ha sido desarticulado, sino, al contrario, reforzado” y mencionó entonces que la decisión de la JNJ, encargada de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales, “constituye la consumación de los ataques” que supuestamente se iniciaron en su contra cuando tomó la decisión “de investigar al poder político”.
La segunda mujer más poderosa del país, quien lidera los casos abiertos contra Pedro Castillo y los altos funcionarios del actual Gobierno de Dina Boluarte, también enfrenta acusaciones por encubrir las tesis con las que obtuvo sus grados académicos y por usar su cargo para beneficiar a su hermana en una investigación sobre presuntos sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico.
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