La presidenta Dina Boluarte deslizó este jueves un respaldo a la despenalización del aborto por violación en un país donde, según el Centro de Emergencia Mujer, dos niñas son abusadas cada hora y donde la interrupción voluntaria del embarazo solo es legal en caso de riesgo para la salud o la vida de la mujer.
“No es justo que tengamos menores de edad de 10, 11, 12 años embarazadas por propios familiares. Creo que es momento que miremos con suma preocupación, yo diría con alta preocupación, esta inseguridad que las menores sufren en sus propios hogares”, dijo durante la inauguración del Consejo de Seguridad de Inseguridad Ciudadana (Conasec).
La mandataria, de igual modo, propuso modificar el Código Penal para que los agresores sexuales reciban cadena perpetua (en legislación actual, la pena máxima es 35 años). “Esa es la otra inseguridad contra la que debemos luchar frontalmente todas las autoridades y todos nosotros. Si la menor de edad está embarazada y dice ‘él abusó de mí', ¿qué más medio probatorio [queremos]?”, señaló.
Se trata, en rigor, de una postura todavía frágil que llega tres meses después de que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (ONU) fallara contra el Estado peruano por negar el aborto terapéutico, legal desde 1924, a una niña indígena en riesgo mortal que había sobrevivido a abusos sexuales sistemáticos.
El dictamen del caso Mila pide al Perú despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil, garantizar el acceso de las niñas embarazadas a servicios de aborto seguro y atención postaborto, y modificar la normativa que regula el acceso al aborto legal para prever su aplicación específica a las niñas.
En 2021, la congresista Ruth Luque presentó un proyecto de ley que, en concreto, propone modificar el artículo 119 del Código Penal para que el aborto por violación sea considerado una interrupción no punible del embarazo, igual que el aborto terapéutico.
La última iniciativa legislativa de este tipo se presentó en 2016 y buscaba despenalizar el aborto no solo en casos de embarazo a consecuencia de violación sexual, sino también de inseminación artificial o transferencia óvulos no consentidos. Sin embargo, la propuesta resultó archivada y ni siquiera llegó a ser debatida en ningún pleno.
“Queremos legislar para las mujeres, para garantizar y cuidar sus cuerpos, y para que decidan [...] y ojalá que más adelante podamos hablar de un aborto libre y seguro”, declaró Luque entonces, rodeada de pañuelos verdes y representantes de organizaciones feministas.
A fines de septiembre pasado, una niña de 13 años que no accedió al aborto terapéutico —y fue forzada a llevar a término el embarazo— falleció cuando era trasladada a un hospital de Satipo (Junín), debido a una complicación posparto, denunció Manuela Ramos.
Solo unos días atrás se habían hecho públicos los casos de tres menores embarazadas por violación —Áncash, Tingo María e Ilo— en un país que ha sido sancionado tres veces por cortes internacionales por violar los derechos de menores ultrajadas que gestaban.
La mandataria se había referido anteriormente a los crímenes machistas ―que suman 110 en lo que va del 2023—, pero no sobre los embarazos forzados y violencia sexual.
“Expreso mi repudio y mi condena a los feminicidios que conmueven al país y exijo a las autoridades su máxima sanción a los responsables de estos horrendos crímenes que no deben quedar impunes. Me comprometo [...] a trabajar por una cultura que destierre esa visión machista y patriarcal”, dijo en el Día Internacional de la Mujer.
Sin embargo, su mensaje a la Nación por fiestas patrias no brindó propuestas para frenar la violencia de género, mientras que las propuestas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) son insuficientes.
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