Caso Sedapal: “La privatización ya no es la única forma de interactuar con el sector privado”

El pasado 25 de septiembre, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó a la opinión pública que tiene previsto interrumpir sus servicios de suministro de agua potable desde el 6 de octubre, con miras a realizar obras que suponen un incremento en el abastecimiento del agua. En el comunicado emitido, el organismo adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) señaló que hasta 22 distritos se verán afectados e irán recuperando el servicio de forma paulatina, siendo cuatro de ellos (Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo) privados del recurso hídrico por cuatro días enteros.

El lógico descontento de la ciudadanía por el ya amplio historial de problemas que registra el ente proveedor se ha acrecentado ahora que, en las últimas semanas, distintas autoridades han recurrido a la modificación del Decreto Legislativo 1280, que rige la Ley Marco de la Gestión y Prestación de Servicios de Saneamiento.

Al respecto, se lee en la norma legal emitida por el diario oficial El Peruano: “[...] promocionar e incentivar la comercialización de los productos generados de los servicios de saneamiento; permitir la utilización de su infraestructura para prestar servicios públicos y regular la estructura del mercado del servicio de saneamiento, estableciendo competencias, funciones e incentivos para la integración de prestadores”.

Tras interpretar el cambio, la congresista Sigrid Bazán advirtió que la nueva medida “abre las puertas para privatizar el agua del país”, tema que no ha rehuido del eco ciudadano ante el exabrupto referido para la próxima semana. En declaraciones a Infobae Perú, la docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP), Karla Gaviño, analizó el panorama actual, las opiniones de los funcionarios y, principalmente, la viabilidad —o falta de ella— del tema en cuestión: la privatización del agua.

Para Gaviño es una consecuencia hasta predecible que cortes de agua tan prolongados hagan que el tema de la privatización retome protagonismo. Sin embargo, enfatizó en la necesidad de buscar soluciones reales y técnicas, y no dejarse llevar por la desviación política del tema.

“La sociedad ya no está para aguantar los debates intrascendentes. Los políticos no pueden seguir desviando los temas por cuestiones meramente personales, sentimientos, subjetividades y, muchísimo menos, por ideologías. Al final, ese tipo de debates se centran en todo menos en el ciudadano, que es a quien hay que brindarle un mejor servicio. La ciudadanía requiere soluciones concretas, que sus autoridades vayan directo al problema, en vez de irse por las tangentes. Creo yo que hablar de privatización y velar por los intereses políticos en un tema tan delicado es una irresponsabilidad. Hasta para el populismo hay que ser responsable”, advirtió tras ser consultada sobre cómo repercute la politización de los temas en la labor de un especialista en gestión pública.

La profesora de la Universidad del Pacífico se refirió a los principales problemas que enfrenta Sedapal. Para ella, la gestión debe luchar contra varias complicaciones, mas encuentra un contexto heterogéneo que lo dificulta. “No es lo mismo el costo que implica llevar agua a distritos como Miraflores y San Isidro que a zonas menos urbanizadas, en las laderas de los cerros; es decir, de difícil acceso y que, encima, no posee el correcto alcantarillado de esas zonas”, apuntó.

En otras palabras, la propia distribución de distritos limeños y la accesibilidad, los caminos, los sistemas dificultan los esfuerzos gubernamentales por brindar un servicio básico. Por lo tanto, añadió Gaviño, hay una cruel contradicción en los precios: quienes carecen de medios realmente necesitan de un mayor costo para acceder al agua. No obstante, precisamente por ello es deber del ciudadano tomar con pinzas la eventual privatización de dicho sistema. Pues, en Lima y en el Callao, no se paga el precio verdadero de este servicio, debido a que está cubierta en parte por subsidios cruzados y existe una fuerte inyección económica en beneficio de los que menos tienen.

La desigualdad social aumentaría, afirmó Gaviño, puesto que ninguna empresa que se precie de ser rentable reduciría los precios por debajo de su valor. Es decir, los limeños pagarían el costo real del agua: mientras menos accesible la vivienda, más costo supone el servicio.

“Ya no estamos en la década del noventa ni en contextos pasados para que, luego de analizar el asunto, pensemos que la privatización es el único mecanismo que permite la participación del privado. Hay un cúmulo de posibilidades en las que el privado tiene cabida, como por ejemplo, las asociaciones público privadas (APP) que tantos proyectos tienen a lo largo del país”, señaló la experta.

Gaviño aclaró que Sedapal merece una serie de reformas que puedan estructurarlo con solidez, mejores liderazgos, urgentes mecanismos de transparencia, un directorio capaz y, por sobre todas las cosas, la intención de mejorar el servicio en pro de la ciudadanía. Además, remarcó que el público consumidor debe ser consciente que eventuales cierres pueden ocurrir en buenos sistemas, pero con criterio, pues, coincidió, el recorte de los servicios por cuatro días evidencia una clara falta de planeamiento.

Por último, resaltó que Sedapal debe asegurar que, ante alguna posible afectación del río Rímac, la ciudad no quede en situación de escasez.

Por su parte, el abogado Max Carneiro, socio de Dentons Lima y experto en tema de privatizaciones, comentó a Infobae Perú: “Efectivamente, una eventual privatización de Sedapal requeriría modificar el marco legal, mas parece poco viable por los políticos a cargo. Algo que veo mucho con tristeza es que los políticos no pueden rehuir de sus “convicciones” ideológicas. La ley es importante, pero no puede darse correctamente en un contexto de fanatismo”, indicó.

Carneiro señaló que la clase política en el Perú no se preocupa por el desarrollo y bienestar de su población, pues afronta los temas en debate desde una competencia ideológica inexistente. “Tales discusiones no aportan a una mejora concreta. Apenas se enfocan en sus propias convicciones; no buscan una solución por fuera de sus conceptos. Lo peor que podemos hacer es convertir un asunto tan importante en una guerra de bandos”, apuntó.

El pasado 28 de septiembre, la titular de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, declaró en entrevista con RPP: “No estamos pensando en la privatización de Sedapal en el corto plazo”. Vale resaltar que en agosto del presente año, la ministra habló sobre la viabilidad de tal privatización y, en la entrevista para la radio, mencionó que su cartera ha conformado un grupo de trabajo de expertos que tiene hasta diciembre para evaluar la situación de Sedapal y realizar una serie de propuestas.

“Hay mucha rotación de personal, tenemos deudas de corto y mediano plazo… Todo hay que verlo en su conjunto”, indicó.