Procurador Daniel Soria ante eventual destitución: “Al igual que la primera vez, evaluaré acciones judiciales”

Un informe de la Contraloría general de la República reveló que el procurador general del Estado, Daniel Soria, no cumpliría con los requisitos para ostentar este cargo. Por lo pronto, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, dijo que evaluará su permanencia y su futuro se resolvería en los próximos días.

En la siguiente entrevista exclusiva con Infobae Perú, Soria responde sobre este documento. Además, habla sobre la actitud de la presidenta Dina Boluarte de no responder las preguntas que su institución planteó en el marco de la investigación por las muertes de las protestas de diciembre del 2022 y enero de este año, y le responde al premier Alberto Otárola, quien lo acusó de filtrar información sobre el interrogatorio al que fue sometido en la Fiscalía.

—La Contraloría ha informado sobre algunas irregularidades en su designación. Se señala que dos funcionarios del Ministerio de Justicia se habrían coludido para beneficiarlo. ¿Qué responde a esta acusación?

—Sí, eso es producto de un par de denuncias, en realidad, ciudadanas donde se afirma esa colusión a la hora de hacerse el informe para determinar si yo cumplía con los requisitos de la ley de idoneidad que es del año 2022. Yo lo rechazo totalmente. No he participado bajo ninguna circunstancia en la elaboración de esos informes que son dos. Uno, realizado por el área de Recursos Humanos de la Procuraduría General del Estado y el otro realizado por el área de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia. Los dos concluyen que cumplo con los requisitos de la ley de la idoneidad que es del 2022 donde, a los requisitos habituales de cada norma y entidad, se agrega algunos adicionales que los funcionarios tienen que cumplir.

—Se menciona que no contabilizaron correctamente su experiencia. ¿Cuánto tiempo tiene para que haya podido acceder al cargo de procurador general del Estado?

—Lo que pasa es que aquí hay que aclarar las leyes que están siendo aplicadas en este informe. Primero, el informe sobre la verificación de requisitos de acuerdo a la ley 31419, o también llamada ley de idoneidad, que se publicó en enero del 2022. Como le decía, esa ley agregaba requisitos adicionales a los ya existentes. Esa ley se aplicó originalmente para los funcionarios que son cargo de confianza. Pero, al año siguiente, en marzo de 2023, se emite el decreto legislativo que es el 1544 donde se amplía la ley de la idoneidad a cargos como el mío que son de remoción modulada. Esto quiere decir que, en estos cargos, se cesan a los funcionarios por cometer ciertas faltas graves. En la ley de idoneidad, en lo que se referiría al caso de mi cargo, se agregan tres requisitos adicionales: el primero, es contar con formación superior completa que la tengo porque soy abogado y una maestría. En segundo lugar, tener ocho años de experiencia laboral en general. Yo acredite más de 24 años. Y, en tercer lugar, acreditar experiencia específica de cinco años en cargos directivos en el sector público y privado.

Yo acredite 17 años en el sector privado y, adicionalmente, en el informe del MinJus se me reconocen los dos años que ya venía como procurador, en pocas palabras, ya tenía 19 (años de experiencia). Sin embargo, no era necesario en todo caso incluirlos porque con los 17 años en el sector privado cumplía con ese nuevo requerimiento de la ley de la idoneidad. Sin embargo, el informe de la Contraloría 026-2023 de setiembre de este año, señala que además de la ley de idoneidad se debió haber tomado en cuenta el informe que ellos elaboraron en enero del 2022, donde se señalaba que yo no cumplía los requisitos para ser procurador general del Estado porque no cumplía concretamente el requisito de trayectoria en la defensa jurídica del Estado. En su momento, cuando fui designado, acredite ese requisito por los años que yo tuve en la adjuntía de asuntos constitucionales de la Defensoría del pueblo y, sobre todo, por lo que hacía allí como el impulso de procesos constitucionales.

Además, tendría que agregar ese informe 002-2022 que es de enero del año pasado fue el sustento para la elaboración de la resolución a través de la cual se me cesa el primero de febrero del 2022.

—Que tuvo la firma del expremier Aníbal Torres.

—Exacto. Si usted lee la resolución, no se menciona ni los considerandos de ese informe de la Contraloría, pero si lo solicita por transparencia toda la documentación que sustentó esa resolución, va encontrar concretamente un oficio que el ministro Aníbal Torres dirige a su secretario general del Minjus, donde señala que “cumple con remitir a vuestro despacho, copia del informe de acción de oficio 002-2022 a fin de que disponga la proyección de la resolución suprema que dé término a la designación del procurador general del Estado. Entonces, este es sustento del cese del año 2022 que fue impugnado de mi parte a través de un proceso de amparo que terminó con una sentencia favorable.

—¿Usted percibe que este informe coincide con la labor que viene realizando su institución en los últimos meses? Ha pedido a la Fiscalía de la Nación que investigue a varios funcionarios como congresistas, el defensor del Pueblo y ministros de Estado.

—Sí, creo que tengo todo el derecho a sospechar que podría haber alguna vinculación, sobre todo por el amplio rango de denuncias que hemos tenido. Estamos hablando de poco más de 70 procesos en los que hemos participado, donde hay denuncias a congresistas, estamos interviniendo en un caso de la presidenta de la República, el presidente del Congreso, el defensor, etcétera. Y, además, porque este informe de la Contraloría está firmado por los que suscribieron el documento del 2022, cuyo contenido reitero, desde el punto de vista del análisis jurídico que se ha hecho, lo rechazo totalmente.

—El ministro de Justicia, Eduardo Arana, habló sobre el tema. Dijo que el informe de la Contraloría está hace una semana en su despacho y lo va derivar a las instancias correspondientes para tomar una decisión que estará enmarcada dentro de la Constitución. Si deciden sacarlo, ¿cómo calificaría esta acción que se repite otra vez con usted?

—Cuando un informe de esta naturaleza de los órganos de auditoría de las entidades, que pertenecen a la Contraloría, lo remiten al titular de la institución y le dicen que tome las acciones que correspondan. En el caso del 2022, se le remitió al ministro de entonces, Aníbal Torres, y tomó la decisión de cesarme. Entonces, este segundo informe, luego de haber sido transferido al ministro [Eduardo Arana], existen dos posibilidades: la primera es que acoja las conclusiones y la segunda es que no las acoja y dé sus motivos por los cuales no está de acuerdo. Pero en el primer caso, el derrotero es que el Ministerio de Justicia emita a la Presidencia de la República la resolución suprema que disponga mi cese. Frente a esa decisión, al igual que la primera vez, evaluaré acciones judiciales.

—Recurrirá al Poder Judicial para apelar a una probable destitución.

—Y que pone en peligro todas las investigaciones.

—Bueno, sí. Si se llega a la conclusión de que yo nunca debí ejercer el cargo porque no tenía los requisitos, la pregunta es: ¿Cómo quedan mis actuaciones de estos tres años? Un abogado podría pedir la nulidad de alguna diligencia. Todas mis intervenciones en los consejos directivos de la Procuraduría General del Estado, que tiene cien sesiones realizadas en las que he participado en la mayoría de ellas salvo el periodo que estuve fuera, no tendrían validez. Los dos concursos públicos de procuradores, en los que he participado, no tendría validez. Las denuncias que he hecho también podría manifestarse que no tendrían validez. Y las actuaciones y las diligencias en las que hemos participado, también. Entonces, el tema es bastante serio. Afirmar que nunca cumplí los requisitos y que, por lo tanto, todo empieza de cero. El trabajo de la Procuraduría estaría en riesgo y sus logros obtenidos.

—¿Considera que podría ser una represalia del gobierno si lo sacan con este informe de la Contraloría?

—Tendríamos que ver que es una decisión tomada con el sustento de un informe que jurídicamente no es sostenible y eso sí nos llamaría a sospechas, eso sería lo que podría decir. Pero más allá de las personas que se vean afectadas por el cese, se afecta la institución. ¿Qué es lo que hemos trabajado en la institución en estos dos últimos años? Titulares entrando y saliendo, entrando y saliendo, cambiando de gestión, cambiando de directores. Eso no fortalece a ninguna institución en realidad, no solamente a nosotros. Esa estabilidad es la que necesitamos para seguir avanzando. Estamos consiguiendo logros y queremos fortalecernos más.

—Tal vez su institución también es vista como un botín por algunos sectores políticos que han capturado ya la Defensoría, el Tribunal Constitucional y, ahora, están detrás de la Junta Nacional de Justicia.

—Bueno, sería muy triste que esa hipótesis exista, ¿no es cierto? Porque en un Estado de Derecho existe la separación de funciones y poderes, no solo de los poderes del Estado, sino también de las instituciones estatales que tienen autonomía. Porque justamente dividir el poder político en varias instancias y que cada una tenga sus funciones, garantiza que se eviten abusos.

—Se ha conocido que la presidenta Dina Boluarte no quiso responder las preguntas de la Procuraduría en la segunda citación que le hizo la Fiscalía. El abogado de ella dijo que se limitaban a su primera declaración y solicitan que la investigación por las muertes en las protestas se archive. ¿Cómo observa estas actitudes?

—A ver, primero tenemos que partir que el derecho a no declarar en una diligencia está vinculado al debido proceso de cada participante. Por ser un derecho, se respeta el silencio. Sin embargo, la Procuraduría General del Estado considera que, a pesar de ese silencio que se respeta, era importante que quede registrado el contenido de las 47 preguntas que nosotros planteamos. Luego de la diligencia, la Fiscalía de la Nación, que estuvo a cargo de la misma, aceptó el pedido y esas 47 preguntas han quedado incorporadas al acta. Y eso es importante porque es un elemento que va evaluar la Fiscalía de la Nación conjuntamente con los testimonios que hemos pedido que se realicen y han sido aceptados con otros elementos. El silencio es un derecho que se respeta, pero eso no quiere decir que la investigación se perjudique porque hay otros elementos que podemos evaluar en su integridad. La declaración de testigos, documentación, etcétera, porque la finalidad del Ministerio Público es llegar a la verdad en esta investigación que va concluir a fines de este mes. Y ya luego de ello, la Fiscalía tendrá que emitir un juicio sobre si hay elementos para hacer una denuncia constitucional o no.

—No quisieron que representantes de la Procuraduría ni los abogados de las víctimas participen de los interrogatorios. ¿Es una postura similar a la que el exmandatario Pedro Castillo tuvo para obstaculizar la justicia?

—Guardar silencio es un derecho que pueden ejercer. En ese sentido, no se puede pedir más. Pero sí se puede exigir otras actuaciones. Por ejemplo, cuando se rechazó inicialmente nuestra presencia, hay mecanismos para impugnar eso. Presentamos una tutela de derechos que ganamos en la Corte Suprema y que ahora está claramente reconocida nuestra participación. Entonces, lo que creo es que cualquier actitud que podría tener un investigado en un proceso, no es óbice para que la verdad se siga buscando a través de otros elementos. Y hay muchos elementos que hay por investigar en la Fiscalía para llegar a una conclusión, esperemos, a fin de mes.

—El premier Alberto Otárola lo acusó directamente de no respetar la reserva de las investigaciones. ¿Qué responde?

—Nosotros negamos eso en el sentido que la Procuraduría General del Estado respeta la reserva de la investigación fiscal. No difundimos el contenido de las diligencias y ni siquiera el contenido de nuestras propias preguntas y las eventuales respuestas que estén en las actas. Toda la información que he comentado es pública. Mucha de ella ha sido difundida por el propio abogado de la presidenta. Por ejemplo, no haber respondido las preguntas y haber incorporarlas en el acta respectiva. En el caso de la diligencia del señor presidente del Consejo de Ministros, igual, la Procuraduría ha asistido a través de sus abogados delegados con un conjunto de preguntas. Hemos defendido la pertinencia de las preguntas y todo eso ha sido defendido por el fiscal supremo que ha dirigido la diligencia. En algunos casos, se han aceptado nuestras preguntas que han sido la mayoría de ellas. Hay otra minoría que ha sido reformuladas. Toda nuestra conducción respeta la ley y, sobre todo, el derecho de todos los investigados.

—En Infobae sacamos que solicitaron que se cite a 40 personas más en la investigación contra Boluarte y Otárola. ¿Cuantos ya declararon tomando en cuenta el plazo corto que hay?

—Sí, se está avanzando las declaraciones de estas 40 personas. Se están dando varias [declaraciones] durante varios días. Creo que la forma cómo ha organizado el Ministerio Público, sí efectivamente se terminará con las declaraciones este mes. Pero eso, claro, lo dirige la misma Fiscalía porque a veces hay casos en que algunos testigos piden reprogramación, pero sí están avanzando en tratar de cumplir todo ello. Esperamos que a fin de mes puedan terminar.

—¿Cómo vieron desde la Procuraduría esa respuesta inicial de la Fiscalía de no volver a citar a ministros de Estado que se reunieron con la presidenta durante las protestas en Palacio por considerar que no era pertinente?

—La Fiscalía tiene el deber de buscar la verdad. Nosotros, como Procuraduría, tenemos que aportar elementos para que ello se lleve a cabo. En ese sentido, algunas decisiones que pueden tomar no puede ser óbice para poder buscar esa verdad porque hay muchos elementos que se están evaluando. Entonces, el hecho que alguna diligencia no se lleve a cabo no quiere decir que esta búsqueda de la verdad no necesariamente se vea perjudicada.