El último 24 de septiembre, una menor de 10 años fue conducida por su madre a una posta médica de la comunidad de Mazaray, en Ucayali, para pasar por un control prenatal. Estaba embarazada de su padrastro, Mario Yumbato (53), quien la abusaba sexualmente desde inicios de año.
Según la Directora Regional de Salud de Ucayali, Antonia Hinostroza, quien difundió el caso este martes en Epicentro TV, la obstetra que la atendió interpuso la denuncia ante la Policía y, un día después, el agresor quedó detenido.
La víctima fue derivada al Hospital Regional de Pucallpa, donde los médicos diagnosticaron alto riesgo obstétrico debido a su edad. “Corroboramos que es una gestante de 24 semanas con el diagnóstico inicial de riesgo”, remarcó la licenciada.
Todo embarazo infantil es considerado tortura y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las niñas forzadas a gestar tienen hasta cuatro veces más probabilidades de enfrentar complicaciones con eventual riesgo de muerte. Bajo la legislación peruana, además, cualquier gestación en menores de 14 años es producto de una violación.
Inicialmente, la progenitora se negaba a solicitar la interrupción terapéutica del embarazo, pero formalizó el requerimiento una semana después, el último domingo, cuando ya era tarde. Al evaluar el caso, la junta médica concluyó que no era no es posible practicarla porque habían pasado las 22 semanas establecidas en el protocolo del Ministerio de Salud.
“Posteriormente, se solicita al médico psiquiatra del Hospital Amazónico de Yarinacocha que evalúe a la menor [...] y señaló que no se evidencian criterios de salud mental para interrumpir el embarazo”, dijo Hinostroza al portal de investigación.
En rigor, el especialista concluyó que hay un “problema estresante” por los ataques sexuales, pero desestimó que la niña tenga afectación sicológica. “Una segunda recomendación que efectuó es un apoyo psicológico y/o acompañamiento constante [...] y regirse estrictamente al mandato normativo legal vigente”, siguió la funcionaria, quien lidera un pedido para que la menor trasladada a Lima.
La solicitud de urgencia también es respaldada por la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer, que buscan que la negativa inicial sea reevaluada y eventualmente variada.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Perú, de los 3.000 a 3.500 partos anuales de adolescentes de 15 años registrados entre 2019 y 2022, al menos tres cuartos de sus embarazos habrían ocurrido cuando ellas tenían 14 años.
Además, cada hora seis adolescentes de 15 y 19 años se convierten en madres, y cada día ocurren cuatro nacimientos a consecuencia de embarazos de menores de 10 a 14 años en un país que ha sido sancionado tres veces por cortes internacionales por negar este derecho a menores en riesgo mortal.
Por este caso ocurrido en Ucayali, el Poder Judicial ha dictado nueve meses de prisión preventiva contra Yumbato, padrastro de la víctima, quien confesó que empezó a abusarla sexualmente desde mayo. La madre también ha sido incluida en la investigación.
Susana Chávez, directora ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), responsabilizó al ministro de Salud, César Vásquez, de proteger la salud, la vida y el futuro de la niña.
“El artículo 119 [del Código Penal] señala que el embarazo no puede exponer al riesgo grave y permanente a la gestante y obligarla a parir si la confronta a la muerte”, anotó.
Solo tres meses atrás, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas emitió un dictamen que instó al Perú a despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil, garantizar el acceso de las niñas embarazadas a servicios de aborto seguro y atención postaborto, y modificar la normativa que regula el acceso al aborto terapéutico para prever su aplicación específica a las niñas.
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