El fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, no fue incluido en el requerimiento de prisión preventiva por la masacre LGBTI ocurrida en mayo de 1989 en Tarapoto, una matanza selectiva a la que también se le conoce como ‘La Noche de las Gardenias’.
El líder terrorista, cuya sentencia de cárcel se extiende hasta el 2026, no aparece en el pedido fiscal, al igual que Miguel Rincón, alias ‘camarada Francisco’ —número dos de la organización—, pese a que en septiembre pasado el procurador Milko Ruiz solicitó la medida cautelar al despacho de la Segunda Superior Penal especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y delitos de Terrorismo.
“La Fiscalía provincial ya formalizó la denuncia ante el Poder Judicial por autoría mediata. Hemos solicitado [al fiscal supraprovincial] Luis Valdivia que requiera prisión preventiva contra Polay y los demás acusados”, dijo Ruiz en ese momento, cuando se hizo público que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había admitido una demanda a favor de Polay Campos.
Según un documento difundido este martes por El Comercio, el Ministerio Público pidió 18 meses de prisión preventiva solo para cuatro implicados en el caso. Se trata de Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, María Cumpa y Lino Manrique, radicados actualmente en el extranjero tras cumplir condena por integrar la cúpula del MRTA.
A todos se les imputa cargos de homicidio calificado en el contexto de grave violación de los derechos humanos y terrorismo en su modalidad agravada. Las penas oscilarían entre los 23 años y la cadena perpetua, de acuerdo con la imputación, que será evaluada por el juez Ubaldo Deza, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
Para el Ministerio Público, el MRTA habría dispuesto una política de aniquilamiento contra personas que integraban poblaciones minoritarias, sobre todo en la selva peruana. Esa noche de mayo de 1989, la cúpula terrorista secuestró a ocho jóvenes en el bar Las Gardenias y, finalmente, los ejecutó con disparos en la espalda y la cabeza.
El crimen de odio se perpetró dos semanas después de que el grupo subversivo advirtiera de una “limpieza” social en la zona. Siete de los cuerpos fueron hallados por los agentes en el piso y desnudos; el otro, localizado a diez metros de distancia.
El MRTA es la segunda organización terrorista incluida en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) como responsable del conflicto armado interno que se cobró la vida de 69.000 víctimas.
De acuerdo con el diario, Peter Cárdenas, alias ‘camarada Alejandro’, estaba radicada en Estocolmo (Suecia), pero varió de domicilio a España, lo que “se interpreta como un modo de obstaculizar la investigación”.
María Cumpa, alias ‘camarada Noemí', voló a Francia desde 2019, por lo que la Fiscalía alega que no tiene arraigo domiciliario. Alberto Gálvez, en tanto, dejó el territorio nacional con rumbo a España en marzo del 2022, cuando el caso estaba en curso.
Aunque consignó ante Fiscalía que vivía en el distrito limeño de San Luis, la verificación domiciliaria halló que no estaba ahí desde hace aproximadamente cinco años. “El investigado ejerció mando político de la organización terrorista, por lo que, es altamente probable que trate de influenciar en sus co-investigados, testigos e incluso peritos, a fin de verse favorecido en las investigaciones”, precisó el fiscal.
El único de los imputados que se encuentra no habido en Francia, según el Ministerio Público, es Lino Manrique. Polay Campos presentó una demanda que fue aceptada por la CIDH el año pasado, una decisión que desató el rechazo del Gobierno y políticos al conocerse en Lima el último septiembre.
“No vamos a permitir que el señor Polay se valga del Sistema Interamericano para enervar efectos de una sentencia [...] En el gobierno de Dina Boluarte, este terrorista no saldrá de prisión. Hacemos una invocación al Ministerio Público y Poder Judicial para evitar que esta hiena salga de prisión”, señaló entonces el premier Alberto Otárola.
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