Funcionaria de Defensoría del Pueblo contó el violento episodio que vivió con Elizabeth Zea

Al parecer, la flamante adjunta de Asuntos Constitucionales en la Defensoría del Pueblo, Elizabeth Zea, está en contra de la libertad de opinión. Así lo dio a conocer la secretaria general del sindicato de trabajadores de la entidad, Magali González, quien denunció haber sido víctima de amedrentamiento por parte de la funcionaria tras criticar su designación por no cumplir con los requisitos mínimos para el cargo, los cuales fueron reducidos tres días antes de su contratación.

Como se recuerda, para el puesto se requería universidad completa, título profesional, experiencia general de ocho años, haberse desempeñado cinco años en cargos o funciones equivalentes a la posición en el sector privado o público y trabajar cuatro años en el Estado; pero se suprimió la experiencia específica, con la cual Zea no contaba.

Otro de los cuestionamientos tienen que ver con sus vínculos políticos al partido Fuerza Popular, liderado por la excandidata presidencial Keiko Fujimori, ya que fue parte del equipo técnico de la agrupación en la segunda vuelta de las elecciones del 2021; así como sus “comentarios contrarios a la posición histórica de la Defensoría del Pueblo en la defensa de los derechos fundamentales y su falta de transparencia al no responder interrogantes de medios de comunicación sobre su experiencia laboral en el sector público”.

La víctima abordada de manera violenta detalló que todo se desarrolló al interior de los servicios higiénicos. “Me reconoció, me preguntó si era Magali González y se presentó como Elizabeth Zea e inmediatamente empezó a recriminarme e increparme por las cosas que yo había dicho, personalizándolas como si fuese mi opinión y cada vez en tono más alto”, contó en entrevista con ideele radio.

“Le pedí que saliéramos del baño y fuésemos a una oficina a conversar, pero no se detuvo y siguió gritando, es más hubo varias personas que estuvieron en el mismo lugar y escucharon lo que dijeron y como se demoró varios minutos, otras personas de la oficina del mismo pasadizo salieron extrañadas porque se preguntaban qué era lo que estaba ocurriendo. Incluso, la primera adjunta, Reina Rodríguez, salió también justo cuando la discusión estaba terminando y entró a conversar con ella inmediatamente después porque había escuchado los gritos”, mencionó.

Asimismo, en la solicitud formal en la que pidió el inicio de un proceso administrativo disciplinario en su contra, expuso que la funcionaria la acusó de no decir la verdad en televisión nacional. “A pesar de que le pedí salir y conversar en otro lado, cerró la puerta del baño con nosotras dentro y continuó con sus reclamos a través de los gritos, insistiendo en que yo solo mentía y le estaba haciendo mucho daño a su familia”, indicó.

“Cuando terminó, dijo con tono amenazante: ‘Yo te lo tenía que decir porque no te tengo miedo’. Luego entró a su oficina y azotó la puerta”, concluye el relato de los hechos. En la denuncia, la secretaria pidió citar a otras trabajadoras que fueron testigos.

Cabe mencionar que dicho accionar es contrario al Código de Ética de la Función Pública, donde se prohíbe ejercer presiones o amenazas contra los trabajadores, y la Ley del Servicio Civil, que obliga a las autoridades a no promover actos que limiten el ejercido del derecho de sindicación en libertad y sin injerencias.