Comisión Consultiva de Dina Boluarte aprobó polémica propuesta para intervenir gobiernos regionales ante “intentos separatistas”

El 17 de julio se llevó a cabo la tercera sesión de la Comisión Consultiva en temas constitucionales de la presidenta Dina Boluarte para abordar dos propuestas de reforma constitucional: una sería anunciada por la mandataria en el mensaje a la Nación del 28 de julio, mientras que la otra aún no es difundida, pero su existencia quedó registrada en el acta.

A través de una solicitud de acceso a la información pública, el Ministerio de Justicia entregó a Infobae Perú copia de las actas e informes elaborados por la Comisión Consultiva. En estos se detallan los puntos de agenda, las tareas distribuidas y los acuerdos.

Para la sesión del 17 de julio, la agenda contemplaba únicamente dos ítems: la aprobación del acta de la sesión anterior y la socialización de los avances de los equipos de trabajo que se conformaron con anterioridad. Uno de estos estaba integrado por José Luis Sardón de Taboada, Ernesto Álvarez, Jorge Cáceres y Carlos Hakansson. Tenían como labor preparar un informe constitucional sobre “reformas políticas, orientado a la revisión del modelo político previsto en la Constitución”.

Los referidos comisionados consideraron que el cambio del sistema de representación de partidos “será la reforma política más profunda efectuada en el Perú en los últimos 60 años”, por lo que propusieron el regreso del bicameralismo (130 diputados y 40 senadores que se renovarían a mitad de mandato) y la reelección de congresistas.

La Comisión Consultiva aprobó el planteamiento. Sin embargo, según consta en el acta, Carlos Hakansson presentó una propuesta adicional.

Es decir, una propuesta para intervenir gobiernos regionales o locales, elegidos por voto popular en las urnas, e instaurar un régimen de excepción temporal. Para el constitucionalista Rafael Sánchez Ríos, el planteamiento es riesgoso porque rompe con la división de poderes.

“Puede generar un incentivo perverso para que ante el rival político, el gobierno regional incómodo —no vamos a decir contestatarios, más bien vamos a ponernos en un ejemplo de legítima protesta— que promueva una oposición al gobierno ante medidas con las cuales no está de acuerdo la población o que, canalizando el sentir de su población, busque generar algún tipo de reacción frente al gobierno (central), este considere que se está afectando el modelo de organización del Estado, que se está promoviendo una desmembración del Estado Peruano, como siempre se ha denunciado que ciertos gobernadores regionales de Puno siempre han pretendido hacer estos guiños a Bolivia”, explicó Sánchez Ríos.

Y es que no es para menos. Con la actual clase política, se podría pretender desconocer la voluntad popular de una región o localidad.

Infobae Perú pudo conversar con el doctor Carlos Hakansson a fin de obtener más detalles sobre la iniciativa. Precisó que su preocupación iba por el lado de una “fallida descentralización” en la que se cometan “arbitrariedades de los gobiernos regionales sobre temas de interés nacional”. En ese sentido, el experto señaló que su propuesta se inspira en la Constitución Española de 1978, específicamente el artículo 155.

Dicho artículo fue aplicado en 2017 por el expresidente español Mariano Rajoy para tomar el control de Cataluña (destitución del Gobierno autónomo, disolución del Parlamento y convocatoria inmediata a nuevas elecciones) en oposición a la declaración unilateral de independencia de esta región. A continuación, las respuestas del doctor Hakansson a Infobae Perú.

- Constitucionalistas consultados comentan que este proyecto podría romper la separación de poderes por una eventual intervención de gobiernos regionales y locales, ¿considera eso?

El tema de fondo es que no sólo existe una separación de poderes horizontal (Ejecutivo, Legislativo, judicial), sino también de tipo vertical (gobierno local, regional y central), cada uno tiene sus competencias exclusivas y compartidas. Sin embargo, cuando se desacatan los principios y reglas constitucionales corresponde a los órganos centrales que representan a todos (Ejecutivo y Congreso) que atiendan la solución a los temas nacionales colaborativamente entre ambos poderes. En el mismo sentido que lo anterior, se trata de medidas tan prudenciales como excepcionales y de ultima ratio. La Constitución española de 1978 contiene una disposición similar (artículo 155) aplicado contra la Generalidad (Gobierno y Congreso de una región de España) de Cataluña y su pretensión independentista.

Debemos tener en cuenta que las disposiciones constitucionales respecto a la forma de gobierno contienen reglas que pueden y han sido mal utilizadas por el Congreso o Gobierno cuando se carece de prudencia política. Por ejemplo, la aprobación de una moción de censura no contentos al final de una interpelación bajo una coyuntura que terminaría por agravar una crisis. También cuando el primer ministro plantea una cuestión de confianza provocando su rechazo con la idea de cumplir los requisitos para una eventual y futura disolución parlamentaria.

- A la fecha, los gobiernos regionales y municipales gozan de una autonomía debido a que, una vez electos, ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo poseen mecanismos de control sobre estos, como sí lo son la moción de censura y la cuestión de confianza en la relación Ejecutivo-Legislativo. Además de la exhortación, ¿cuál sería el siguiente paso para que un gobierno regional o local acate o se alinee a la Constitución?

La situación que hemos atravesado al sur del Perú por injerencia extranjera compete a dos funciones del poder: la presidencia de la República por personificar a la nación y al Congreso de la República. Se deben contemplar disposiciones constitucionales y procedimientos legales para conservar la unidad territorial y en consonancia con el lema patrio “Firmes y felices por la Unión”.

- Según el acta, se entiende que el gobierno instalaría un régimen de excepción temporal, ¿qué pasaría con las autoridades electas (gobernador, vicegobernador y consejo regional)? ¿Volverían a sus cargos?

Reitero que el escenario responde a una situación límite de crisis política e ingobernabilidad. El principio de separación de funciones del poder, horizontal y vertical, son la regla. La evaluación del problema y solicitud del Ejecutivo con la aprobación de una mayoría calificada del Senado responde a un principio colaborativo de carácter proporcional y temporal que no debe confundirse con un régimen de excepción y menos con restricciones a los derechos fundamentales. Se trata que las regiones se gobiernen conforme con su autonomía, aprovechamiento del factor humano y sus recursos naturales, conservando sus tradiciones e implementando políticas públicas para la búsqueda de su desarrollo y bienestar, pero no en desmedro del sentido de unidad de toda la República.

Según el acta, tras la exposición de Carlos Hakansson, hicieron “aportes y comentarios” Ernesto Blume, Jorge Cáceres, Víctor García Toma (actual representante permanente de Perú ante la ONU), Óscar Urviola, Ernesto Álvarez y Elizabeth Zea (adjunta encargada pasa asuntos constitucionales de la Defensoría).

Cabe precisar que, de acuerdo con el documento, ninguno de los comisionados expresó su disconformidad —o al menos no se indica— con la iniciativa.

Luego del intercambio de ideas, se aprobó por unanimidad la propuesta bajo la denominación “propuesta de modificación del artículo 199 de la Constitución Política del Perú que incorpore una garantía de la unidad nacional; así como de la integridad nacional frente a cualquier intento o iniciativa separatista”.

Tras la aprobación, Sardón planteó que las propuestas aprobadas por la Comisión Consultiva sean compartidas con el premier Alberto Otárola, antes de que sean remitidas formalmente a la presidenta Dina Boluarte.

Ernesto Blume se reuniría con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, antes del mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte. En este encuentro estuvo presente el exmagistrado José Luis Sardón.

Blume y Sardón le informaron lo avanzado por la Comisión Consultiva, como los grupos de trabajo conformados y el informe constitucional sobre reformas políticas. Le entregaron al jefe del gabinete el documento “Opinión sobre reforma política”, que contiene las propuestas sobre bicameralidad y reelección parlamentaria, mas no la de intervención de gobiernos regionales y locales.

“Cedido en el uso de la palabra, el Dr. SARDON DE TABOADA, JOSE LUIS resaltó la receptividad del Premier, sobre todo, con relación a la reforma política referida a la elección congresal mediante distritos uninominales y la bicameralidad del Congreso de la República; así como su entusiasmo en que ambas reformas sean tratadas en el discurso de la señora Presidenta de la República el 28 de julio del año en curso”, se lee en el acta.

En el acta no se vuelve a hacer mención de la proposición sobre intervenir gobiernos regionales y locales para garantizar la “unidad nacional”, y mucho menos se menciona algún comentario ofrecido por el premier sobre este.