Alberto Otárola anuncia “sanciones drásticas” en el Ejército: investigan cómo granadas de guerra acabaron en manos de criminales

En los últimos días, se han incrementado los ataques con granadas búlgaras, un artefacto administrado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sobre todo en el Vraem. El Gobierno aguarda el informe final de una auditoría

Alberto Otárola habla sobre las granadas que usan los delincuentes que fueron compradas del Estado. TV Perú

El jefe del gabinete, Alberto Otárola, anticipó este lunes que el Gobierno impondrá “sanciones drásticas” en el Ejército si confirma, después de una auditoría ya iniciada por el Ministerio de Defensa, que las granadas de guerra búlgaras empleadas por criminales en los ataques recientes salieron de sus almacenes.

El caso fue expuesto en Cuarto Poder por el comandante Juan Chenet, jefe de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), quien refirió que de las 177 granadas encontradas este año, 18 fueron de la marca Arsenal y modelo GHD-2, un tipo de explosivo peligroso por su modernidad y porque puede alcanzar cerca de 80 metros de radio.

Se tratan de artefactos “de uso exclusivo de las Fuerzas del Orden” que, en algunos casos, llevan “consigo en el cuerpo (...), en bajo relieve, las letras EP, que corresponden probablemente al Instituto Armado al que pertenecen”, según documentos difundidos por el dominical. La institución policial ha iniciado una investigación basada en los análisis de las incautaciones.

“Lamentamos mucho estos últimos acontecimientos. El Ministro de Defensa anunció una auditoría respecto a estas armas de todos estos instrumentos que están en los cuarteles. Seguramente, se dará un informe en los próximos días sobre esta situación”, dijo el premier en una rueda de prensa.

Fuente: Cuarto Poder

“Si estas granadas o armas provienen de una organización de tipo militar o de un cuartel policial o militar, estas personas serán drásticamente sancionadas. No podemos permitir que este avituallamiento que el Estado adquiere para la protección de los peruanos sea empleado por delincuentes”, siguió.

En una nota enviada al medio, el Ejército admitió que en sus almacenes cuentan con este tipo de explosivos desde el 2014, aunque aseguró que hasta la fecha “no se han reportado ni pérdidas ni sustracciones”.

De acuerdo con el informe, este tipo de explosivos es administrado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sobre todo para patrullas en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Fue el modelo de bomba que, a medidos de septiembre, detonó en la puerta de la discoteca Xander’s de San Juan de Lurigancho, donde 15 personas resultaron heridas.

Para la Policía es difícil determinar cómo acabaron en manos del crimen organizado, pues la mayoría tienen sus códigos borrados y eso no permite realizar la llamada trazabilidad, es decir, la verificación de qué modelo o marca es, y sobre todo qué Fuerzas del Orden las compararon.

Alberto Otárola en Sesión del Consejo de Ministros. Foto: Presidencia/Flickr

“Nadie sabe cuántas se han utilizado realmente [...] A mí me afectaban para ir a la zona de emergencia, yo regresaba y decía ‘las utilicé todas’. ¿Quién sabe si las utilicé todas?”, cuestionó Chenet.

“Nos preocupa particularmente por el daño que puede causar [...] en intervenciones de delitos bastante graves, principalmente, el de extorsión. Lo de San Juan de Lurigancho lo calificaría como atentado terrorista”, añadió.

La mayoría de granadas tiene esquirlas o metrallas que salen disparadas en el momento de la explosión: son circulares y pueden causar mucho daño. La búlgara, en cambio, tiene un tipo de metralla con forma irregular y filosa.

Según el jefe de la UDEX, abril fue el mes con más intervenciones policiales por granadas (85). Le siguen mayo (19) y el último septiembre (24), cuando el Gobierno declaró nueve distritos del país, dos de ellos en Lima, en estado de emergencia.

Alberto Otárola en un evento oficial. Foto: Presidencia/Flickr

Este lunes, además, el Ejecutivo aprobó un decreto legislativo para expulsar a extranjeros sentenciados al término de su condena, y otra norma para extender el plazo de identificación de extranjeros otorgado a la Policía Nacional (PNP).

Otárola explicó que el primero de los decretos “permite la expulsión de extranjeros, al término de su pena, cuando cometan delitos como homicidio, violación sexual, sicariato, secuestro, trata (de personas), y otros más”.

Con relación al segundo, detalló que “modifica el Código Procesal Penal respecto al control de identidad policial y plena identificación del extranjero”. Hasta ahora, la PNP solo tenía cuatro horas para esa tarea, lo cual “promovía la impunidad”, pero ahora el plazo se ha extendido a 12 horas.

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