El titular de la Contraloría General de la República, Nelson Shack, advirtió que 1.584 de 5.756 funcionarios designados entre enero y junio de este año, al interior de los gobiernos regionales y municipalidades, no cumplen con los requisitos necesarios para los cargos en los que fueron nombrados.
En diálogo con El Comercio, comentó que se emitieron más de 580 informes sobre los casos puntuales de cada uno de estos altos funcionarios, entre los que se encuentran gerentes y subgerentes, y que esperan que se tomen cartas en el asunto, ya sea retirar a las personas no idóneas o actualizar la información en sus perfiles que acredita su capacidad para el puesto.
“De lo contrario, ya vamos a entrar con las acciones de control posterior, para el deslinde de responsabilidades. Obviamente, si tú designas a una persona que no cumple con el perfil, ahí hay una responsabilidad administrativa e incluso, en ciertas circunstancias, hasta una responsabilidad penal ahora”, mencionó el contralor.
Asimismo, comentó que, en un mes y medio, la entidad solicitará información sobre las decisiones que se hayan adoptado tras las observaciones para ver “si se ha reaccionado o no, pero ya de plano, el tener más del 27% de los funcionarios que no cumplirían los perfiles ya es un problema bastante grande”.
“Estos informes están publicados, se emitieron en agosto, y tienen 45 días de acuerdo a la norma para establecer estas medidas correctivas. Después de estos 45 días vamos a ir a preguntarles qué ha pasado con tal caso concreto, si cumple o no cumple, porque puede ser que cumpla, pero no estaba actualizado el legajo. Ahí hay una responsabilidad administrativa, pero no puede haber una responsabilidad penal. En cambio, si vemos que no cumple y sigue trabajando, no los han sacado, entonces las comisiones auditorias seguramente considerarán la imputación de responsabilidades penales tanto en agravio de las personas que han designado como las designadas”, sostuvo.
Sin ánimos de justificar el accionar, comentó que los gobiernos regionales y locales mencionaron que uno de los obstáculos al momento de contratar a personas que cumplan con los perfiles es que “hay una evidente inconsistencia entre la calidad de los estándares de los profesionales que requieren y el sueldo que les están pagando”.
“No es cierto que no haya en provincias y regiones profesionales calificados. Yo que viajo tanto al interior del país, y hablo con los funcionarios, autoridades y la propia población, los funcionarios están ahí, pero no están dispuestos a asumir esas responsabilidades por las bajas remuneraciones que normalmente se les paguen los gobiernos regionales y locales. Cosa distinta sucede en las entidades del gobierno nacional, que muchas de ellas sí pagan sueldos mucho más competitivos, remuneraciones mucho más atractivas y tienen fondos especiales”, explicó.
Otras irregularidades
Además de las casi dos mil situaciones adversas asociadas a los funcionarios que no cumplen con el perfil del puesto que ostentan, la Contraloría halló otras irregularidades al interior de las entidades. Nelson Shack mencionó que, si bien el reglamento establece que el número de funcionarios de confianza no puede exceder el 5% del total de la planilla, “hemos encontrado que hay entidades como la Municipalidad de Lima, que están incumpliendo la norma”.
“También se ha establecido que más del 70% de las entidades no tienen procedimientos formales aprobados para llevar adelante el proceso de verificación para el cumplimiento de los requisitos al momento de designar a los funcionarios […] Cada uno verifica más o menos a su libre albedrío. Por eso se generan tantos problemas, no tienen los mecanismos para ejercer la debida diligencia y comprobar que las personas cumplen con todos los requisitos”, señaló.
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