Procuraduría solicitó ser actor civil en la investigación preparatoria contra la exfiscal Zoraida Ávalos

La Procuraduría General del Estado solicitó al Poder Judicial ser incluido como actor civil en la acusación preparatoria que se le sigue contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien es señalada de cometer la comisión de los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales al suspender, en su momento, las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo.

Para responder a este pedido es que el magistrado Juan Carlos Checkley, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, convocó a una audiencia virtual para este lunes 2 de octubre a las 9:00 horas.

De esta forma resulta un segundo paso en el caso de la extitular del Ministerio Público, que fue inhabilitada por cinco años de la función pública por el Pleno del Congreso de la República con 71 votos a favor,15 en contra y ocho abstenciones el 21 de junio de este año.

Tras conocerse esta decisión es que Patricia Benavides, fiscal de la Nación, formalizó la investigación contra Ávalos. Sin embargo, ella aún tiene la posibilidad de presentar un recurso de excepción con el fin de que el Poder Judicial realice un pronunciamiento de los delitos que se le atribuyen. Si toma este paso, el juez Checkley lo podrá evaluar en primer instancia debido a que recibió la carpeta.

En una segunda instancia, su recurso se debatiría la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que está integrado por César Eugenio San Martín Castro (presidente), Manuel Estuardo Lujan Tupez, María del Carmen Paloma Altabás Kajatt, Iván Alberto Sequeiros Vargas y Norma Beatriz Carbajal Chávez.

San Martín es uno de los jueces que desaprobó la inhabilitación de Ávalos y solicitó a la Sala Plena de la Corte Suprema, junto a Elvia Barrios, Janet Tello, Carlos Calderón, César Proaño, Ulises Yaya y Víctor Castillo, que se pronuncien por lo que sería una afectación a “la independencia y autonomía” del sistema judicial.

Sin embargo, la Corte Suprema decidió en una votación interna no pronunciarse en el caso de la exfiscal de la Nación.

Este hecho se encuentra vinculado a la investigación sumaria que la Comisión de Justicia sigue contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia —Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Inés Tello, Humberto de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry— por presuntas faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

La exfiscal Ávalos dijo que acudiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras agotar la vía interna: su demanda de amparo y medida cautelar fueron rechazadas por el Poder Judicial.

La CIDH también publicó un comunicado, en su momento, para mostrar la preocupación que tenía por las acciones que el Congreso tomó contra la extitular del Ministerio Público.

“La CIDH recuerda que, conforme a estándares interamericanos, las garantías para salvaguardar la independencia judicial no sólo cobijan a jueces, sino también a fiscales. Los Estados les deben dotar de estabilidad en sus cargos como una consecuencia del rol fundamental que desempeñan en el acceso a la justicia. En tal sentido, es preciso que tanto jueces como fiscales cuenten con un adecuado proceso de nombramiento, protección contra presiones externas e inamovilidad en el cargo”, detalló en un comunicado.

“Preocupa a la CIDH la ambigüedad de dicha figura puesto que ni la ley ni la Constitución precisan las conductas punibles y sus correspondientes consecuencias. En reiteradas oportunidades, ha llamado a delimitarla para asegurar objetividad e imparcialidad, respetando el principio de legalidad y asegurando la separación y el equilibrio de los poderes”, añadió.