¿Discriminación ‘positiva’? El absurdo concepto de Adriana Tudela para atacar al cine regional y en lenguas indígenas

Bajo los argumentos de promover al Perú como destino fílmico para el cine extranjero, de proteger los impuestos de todos los peruanos y alentar la “igualdad” entre producciones nacionales e internacionales, la congresista Adriana Tudela busca reducir los apoyos financieros entregados a los proyectos cinematográficos regionales y, sobre todo, en lenguas indígenas. Ella acusa de que estas últimas gozan de una “discriminación positiva” que las favorece a la hora de ganar los Estímulos Económicos del Ministerio de Cultura.

El gremio cinematográfico peruano, promotores culturales e incluso el propio sector Cultura se han pronunciado en contra de la iniciativa legislativa de Tudela: “Proyecto de Ley que Fomenta la Inversión en la Industria Cinematográfica y Audiovisual y la Promoción del uso de locaciones del Territorio Nacional”.

Cineastas y especialistas consultados por Infobae Perú acusan a la propuesta de Tudela de discriminatoria por vulnerar la libertad de expresión, al equiparar equivocadamente a grupos históricamente segregados con productoras que sí pueden pagar los altos costos que demanda la realización de un film de calidad. Además, sostienen que pretende abolir las voces críticas de los pueblos indígenas al limitarlos con solo el 50% de subsidios y limitada al proceso de producción, pese a que en el Perú no existen otras fuentes de financiamiento significativas.

Anualmente, el Ministerio de Cultura hace un concurso público para la entrega de los Estímulos Económicos para el Fomento de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual, para el que evalúan la originalidad y el sustento técnico del financiamiento que solicitan, pero aun así no tienen el objetivo de financiar el total del costo del proyecto cinematográfico o audiovisual, que llega a ser mucho más elevado de lo que el subsidio estatal entrega, según realizadores consultados.

Entre los fundamentos del proyecto de ley de Tudela, la parlamentaria señala que estos están pensados principalmente para producciones nacionales y crean un marco de “clara discriminación positiva” en favor de producciones en lenguas indígenas u originarias, lo cual no promueve la inversión en el país gracias a la industria cinematográfica. Ante la inclusión de esta especie de nuevo “concepto”, la política ha sido calificada de ignorante.

Sin embargo, el periodista especializado en temas de racismo y discriminación, Marco Avilés, explica que para nada se trata de una iniciativa planteada a la ligera, sino que se circunscribe en un contexto de acallamiento, autoritarismo y lucha ideológica por parte del sector antiderechos del Congreso.

“Ella está usando un concepto de manera deshonesta, porque no reconoce la discriminación estructural que existe en el país. Lima centraliza gran parte de la industria cinematográfica. Ella no reconoce eso en su diagnóstico y parte de la idea de que el Estado simplemente está dándole el dinero a las regiones por gusto, de manera ‘discriminatoria’. Eso me parece una deshonestidad intelectual… la han acusado de ignorante, pero no creo que se trate de ignorancia, sino más bien de ejecutar una agenda ideológica que está llevando a cabo no solamente Adriana Tudela, sino gran parte de la derecha extrema en el Congreso”, advierte Avilés en conversación con Infobae Perú.

El autor de ‘De dónde venimos los cholos’ explica que en el Perú aún se vive un proyecto que pretende señalar, desde el discurso oficial, que este es un país mestizo en el que las naciones indígenas han desaparecido. Y que el hecho de que las producciones en estas lenguas originarias resalten a nivel internacional, genera incomodidad porque les recuerda que en el territorio nacional conviven diversas culturas.

“Esto también hay que contextualizarlo en el momento en que estamos. Hay una discusión todavía muy fuerte sobre una nueva Constitución, el concepto de la plurinacionalidad todavía está muy vivo, aún está este debate de que el Perú es un país plurinacional y que debería reconocerle a las poblaciones indígenas como naciones y estas cosas a nivel político e ideológico generan mucha ansiedad en las élites”, añade Marco Avilés.

Otro aspecto inexacto dentro del proyecto de ley de Adriana Tudela es acerca del porcentaje de financiamiento entregado a las producciones nacionales, ya sean de Lima o regiones. Ella señala que actualmente les entregan el 100% del monto que solicitan para los proyectos cinematográficos, por lo que busca reducirlo solo a la mitad, pero incluso el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales aclaró que los subsidios no cubren la totalidad del costo, pues los cineastas deben apelar a otras fuentes de financiamiento.

“La disposición de la iniciativa legislativa sobre el otorgamiento de Estímulos Económicos no podrá superar el 50 % del costo de la producción cinematográfica o audiovisual, porque se estaría condicionando a que los proyectos que pretendan beneficiarse, programen su presupuesto en función del estímulo”, ha explicado la entidad.

Tito Catacora señala, por ejemplo, que para Wiñaypacha —película en lengua aimara en su totalidad— obtuvieron medio millón de soles, pero estos fondos no cubrieron sus sueldos y tampoco les alcanzó debido a que la producción tomó varios años desde la gesta de la idea. Tanto él como el fallecido Óscar Catacora tuvieron que trabajar a sobretiempo y realizar malabares económicos para sacar adelante su proyecto.

“Lo que otorgan obviamente es mínimo, pero nosotros también entendemos que el Estado peruano no tiene recursos. Yo creo los montos que se designan son adecuados y que se pida que los costos los afronte el mismo realizador es imposible. De aprobarse este proyecto de ley limitarían la realización de nuevas películas en lenguas originarias, pero no solamente a estas, sino a todas las producciones nacionales, porque el proyecto de ley contempla que el Estado solamente debe de apoyar con un 50% para la producción, o sea el rodaje, pero no se dan cuenta de que para llegar a esa etapa hay todo un proceso y la demanda de recursos. Sin esos fondos no vamos a llegar ni a esa etapa”, explica Tito.

El principal argumento de Tudela es que va en contra de un ecosistema ‘aislacionista’ que apoya principalmente al cine “de poblaciones específicas”; sin embargo, tampoco detalla que la normativa actual del cine solo contempla que entre el 30% y 40% del total de los recursos se destinan exclusivamente para las postulaciones que nacen desde las regiones. Es decir, menos de la mitad para luchar contra el centralismo y que Lima y Callao acaparen los financiamientos.

El proyecto de ley también propone la creación de la Ventanilla Única de Autorizaciones, que estaría a cargo de Promperú, pues según Tudela busca tener un enfoque de promoción de la inversión privada, “independientemente del país de procedencia, raza, sexo”. Aunque también brinda una propuesta positiva de reducir las trabas burocráticas a los realizadores extranjeros, el posible espíritu de promoción cinematográfica del proyecto se pierde al limitarlo al factor de las ganancias económicas.

Esta supuesta “igualdad” también busca que cineastas extranjeros puedan concursar a fondos públicos del Ministerio de Cultura, sin tomar en cuenta que estas producciones gozan de mayores presupuestos que los nacionales.

Y, obviamente, busca que las voces discrepantes y sus narrativas sean acalladas para convertir al cine nacional en una especie de larguísimos spots paisajísticos, una extensión de la ‘Marca Perú' tal como sucedió con el film ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’, donde el país y su gente quedaron reducidos al adorno.

“Es probable que aprueben el proyecto de ley conociendo el manejo del Congreso. Tienen la intención de privar toda expresión que venga sobre todo desde las provincias. Creo que el origen viene desde las protestas, a partir de ahí con más énfasis se busca cancelar cualquier iniciativa o cualquier proyecto cultural que venga desde las regiones, que no sea parte del mercantilismo, pero como el cine no es un producto mercantil, sino que es un producto cultural y artístico, atacan la ley actual de cine”, advierte Óscar Sánchez, director de la película Mataindios, rodada enteramente en Huangáscar, distrito situado en la provincia de Yauyos, región Lima.

Adriana Tudela también miente al argumentar que la norma actual del cine fue aprobada “a puertas cerradas”, cuando diversos realizadores han precisado que su discusión inició en abril de 2017 y concluyó en el 2020.