Las acciones de la presidenta Dina Boluarte y su primer ministro, Alberto Otárola durante la toma de declaración ante la Fiscalía de la Nación, han generado controversia. Ambos se encuentran investigados por los delitos de genocidio, homicidio calificado, y lesiones graves por el cargo que ocupaban durante las protestas de los primeros meses del gobierno; sin embargo, su silencio ante las serias acusaciones comprendidas en la investigación han generado dudas sobre la manera en la que buscan ejercer su derecho a la defensa.
Lo que se veía como el desarrollo de unas diligencias regulares, tanto en el caso de la mandataria, como del titular de la PCM; han cambiado desfavorablemente el último 27 de septiembre, cuando el abogado de IDL, Juan Quispe, encargado de una parte de la defensa de las víctimas, alertó que ambos estaban evitando dar aportes mayores de los anteriormente precisados.
Todo ello, mientras que ante los medios, el abogado Joseph Campos insistía en que la mandataria sí había declarado, pero solo a la Fiscalía, dejando de lado las preguntas de las otras partes, en un claro desacato al Poder Judicial.
Una estrategia con contradicciones
Al ser analizados estos hechos con el especialista en derecho penal, Andy Carrión, se pudo llegar a la conclusión de que la posición por parte de ambos miembros del Ejecutivo recaería, básicamente, en “callar absolutamente todo” y apartarse del esclarecimiento de los hechos. ¿Con qué intención?
“Es simple, no darán más explicaciones sobre la sucesión de hechos. Ambos han decidido callar absolutamente y no participar. Porque si quisieran lo contrario, pues habrían contestado las preguntas de la procuraduría y también las formuladas por la defensa de las víctimas”, aseveró el especialista, recordando lo dispuesto por el magistrado Juan Carlos Checkley en un proceso que el Ministerio Público finalmente desistió.
Para Carrión, la explicación “pasa simplemente por evitar dar precisiones sobre la sucesión de hechos. Eso lo ha demostrado en su primera declaración, en la que se resguardó en generalidades, en que ella no tenía el comando, que simplemente había dado la orden de que se controlen las protestas, pero siempre salvaguardando los derechos humanos”.
No obstante, no es exactamente en eso en lo que centran las investigaciones contra Boluarte, sino “en la posibilidad de impedir las muertes que resultaron en dicho momento”.
Advierten un archivamiento de las investigaciones
Pero este accionar, que más parece una estrategia con consecuencias graves por parte de los implicados, solo responde a una intención que tanto la defensa de la presidenta, como las acciones de Otárola han detallado para los medios, y es la búsqueda de un archivamiento del caso, el cual se daría por el lado más débil, la acusación de genocidio.
“Debemos tener en cuenta varios aspectos, sobre todo, vinculados a los delitos que vienen siendo investigados, que son tres: genocidio, lesiones graves y homicidio calificado. En el caso de genocidio, todos han opinado que no es pertinente investigar; con lo cual, yo creo que sí es atendible el pedido de su defensa que se archive”, aseveró el especialista en temas penales.
No obstante, Carrión consideró que existen otros delitos por los que las investigaciones podrían seguir. “Aquí tenemos otros dos delitos en investigación; que son delito de lesiones graves, y también el de homicidio calificado. Las explicaciones de la presidenta deben concentrarse en esos delitos”, aseveró.
Silencio que les puede jugar en contra
La negativa de Boluarte le podría jugar en contra, pues ella no es la única implicada en el caso. A diferencia de ella, el resto de autoridades inmiscuidas no ha presentado una oposición a responder a las interrogantes, generando que las aseveraciones de altos mandos militares que conforman las Fuerzas Armadas sean la única versión proveniente del Estado.
En el caso de Otárola, esto no se agravaría tanto, pues él sí ha respondido un par de detalles, no obstante, ninguno de ellos ha agregado más información de la que brindaron en una primera y única declaración.
“La situación de que la presidenta simplemente no desee responder, agrava de alguna manera su situación, porque ya ha salido información por parte de otros miembros de las Fuerzas Armadas que han declarado que ‘sí, en efecto, ella era la que estaba informada de los hechos’”, precisó el jurista.
Su negativa, según Carrión, torna la situación de Boluarte en un hecho, complicado. “Ante aquellas declaraciones en las que sí sostenían que ella estaba informada, uno de los aspectos más importantes para contradecir ello es, precisamente, prestando su declaración. Señalar de que ella en rigor no ha estado informada, de que ella no dio las órdenes o por qué no actuó en su oportunidad”, hecho que, junto a su defensa, ha evadido.