La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, respaldó este miércoles la contratación de Carmela Paucará, investigada por el caso Cócteles, en el despacho de la legisladora Rosangella Barbarán, integrante de su bancada.
La excandidata presidencial consideró que el proceso contra la técnica en la oficina congresal, una labor por la que percibe más de 5.100 soles mensuales, es el “más claro y escandaloso [ejemplo] de abuso del sistema de justicia”.
“La llevaron presa a pesar de que ni siquiera trabajaba en Fuerza Popular en el 2011. Y ahora se cuestiona su legítimo derecho al trabajo y a sostener a su familia”, señaló, pese a que su allegada aguarda la instalación de un juicio oral en su contra.
En 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó diez días de detención contra Paucará, exsecretaria de la lideresa naranja e integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Fuerza Popular. El Ministerio Público la ubica en el tercer nivel de la red criminal presuntamente gestada para recibir aportes que no fueron informados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La trabajadora de Barbarán habría colaborado con Adriana Tarazona, tesorera del fujimorismo. Por esa razón, el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato, ha presentado un pedido de 22 años y ocho meses de cárcel efectiva por el delito de lavado de activos.
Por el mismo caso, Pérez requirió 30 años y 10 meses de prisión contra la opositora, el abogado Vicente Silva, así como para los exasesores Pier Figari y Ana Herz, el exministro Jaime Yoshiyama, el empresario José Chlimper y la extesorera alterna Adriana Tarazona. La fase de control de acusación concluyó en junio pasado. Desde entonces se espera la programación del inicio del juicio oral.
“¿Esta persona está inhabilitada para trabajar, de ganarse un sueldo de manera digna? Ella es un ser humano, tiene el derecho de ganarse la vida. Una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza no le puede quitar ese derecho. Ella ni siquiera era secretaria de Keiko Fujimori en 2011″, dijo el portavoz, Miguel Torres, a El Comercio.
“Nosotros respaldamos que toda persona tiene el derecho a trabajar”, siguió. El vocero de la bancada, Arturo Alegría, coincidió con la lideresa naranja al ratificar que Paucará “tiene derecho al trabajo”.
“A menos de que yo me confunda y hayan cambiado la Constitución, [...] toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario”, dijo al diario antes de remarcar que no existe “ninguna irregularidad ni tampoco prohibición” para que labore en el despacho.
“La señora no está sentenciada ni investigada por actos de corrupción. Y como técnico de una oficina congresal, no maneja fondos públicos. Aprendamos a separar la paja del trigo. Nombrar en el Ejecutivo a funcionarios con sospecha de corrupción y con la posibilidad de manejar recursos sí era cuestionable”, abundó en referencia a las denuncias contra el expresidente Pedro Castillo.
El caso Cócteles cuenta con 41 presuntos implicados y está relacionado con el lavado de activos alrededor de la empresa constructora Odebrecht para presuntos aportes a las campañas de 2011 y 2016.
A fines de mayo, el juez Víctor Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Nacional, impuso una orden de impedimento de salida del país por 36 meses contra Fujimori, su exesposo, Mark Vito, y otros seis colaboradores de su agrupación.
El magistrado también ordenó una serie de reglas de conducta como la prohibición de no cambiar de domicilio fiscal sin previa autorización judicial y no comunicarse con el resto de imputados, testigos o peritos.
Según la hipótesis fiscal, Fujimori es la presunta cabecilla de una organización criminal que opera al interior de su partido. Por este caso, ya ha estado en prisión preventiva en dos ocasiones.
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