Abogado de Boluarte desacata resolución del PJ que permite a Procuraduría y agraviados interrogar a presidenta

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, aseguró que no reconoce la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, que autorizó la participación de la Procuraduría General del Estado y la defensa de los deudos de las víctimas en protestas en los interrogatorios.

“Nosotros no reconocemos, porque lo dice la ley, la posibilidad de que en esta instancia aparezcan dos conceptos. El artículo 88 del Código Procesal Penal dice que en la investigación preparatoria solo participa el imputado y el Ministerio Público, no participa nadie más. Existe un debate donde el juez Checkley ha dicho (que) sí pueden participar. Pero igual es nuestro derecho decir que nosotros no reconocemos la participación”, declaró Campos a RPP Noticias.

Como se recuerda, el magistrado Juan Carlos Checkley declaró fundada la tutela de derechos que formuló la Procuraduría luego de que la Fiscalía impidiera su participación en una diligencia al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

La decisión del titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria habilita a la institución que preside el procurador Daniel Soria, así como a la defensa de los deudos de las víctimas, a plantear preguntas en sede fiscal.

La Fiscalía de la Nación apeló la decisión, por lo que el expediente fue elevado a la Sala Suprema Penal Permanente que preside el juez supremo César San Martín. Sin embargo, el Ministerio Público desistió de este recurso. Así lo confirmó la fiscal adjunta Silvia Sack Ramos, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, en la audiencia del 15 de agosto.

Sack indicó que, en un inicio, la Fiscalía interpretó que las únicas partes autorizadas a participar en la toma de declaraciones indagatorias eran el abogado del investigado y el representante del Ministerio Público. No obstante, afirmó que deben prevalecer, sobre todo, los derechos de la parte agraviada, mas aún “cuando no existe una prohibición expresa durante su participación en las diligencias en la etapa preparatoria”.

De esta manera, la Sala Suprema Penal Permanente aceptó el desistimiento de la Fiscalía. En consecuencia, el fallo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria quedó firme.

En entrevista con RPP, el abogado Joseph Campos reiteró que la presidenta Dina Boluarte no guardó silencio en la citación del último miércoles 28 de setiembre, pese a que no respondió las preguntas de la Procuraduría y de los abogados de los familiares de las víctimas en protestas.

“Se le pregunta a la presidenta: ‘¿Usted va a rendir declaración?’. (Respondió) ‘Sí voy a rendir declaración’. Sí hubo declaración. Aparece la pregunta y es ahí donde establece que lo que pasó en la primera (declaración) y lo que pasa en la segunda (declaración) lo único que cambia son las locaciones porque igual se trata de la imputación de lesiones, genocidio y homicidio calificado. Para nosotros eso no tiene sentido. Lo que hemos hecho nosotros es rechazar lo que se señaló la primera vez y que se repite en esta segunda citación”, declaró Campos.

El letrado también aseguró que los decesos en las manifestaciones no fueron provocados por el Estado, a pesar de la comprobada represión por parte de las fuerzas del orden.

“La posverdad cerró el debate a las muertes que lamentamos todos. Pero esas muertes se dan en un contexto que no fue provocada por el Estado y que automáticamente nos sirve para rechazar todas las imputaciones jurídicas. Pero, por encima de eso, una vez que ocurrió, el Gobierno desarrolló una comisión multisectorial, ha desarrollado investigaciones de orden interno. Pero quien desarrolla quién fue está a cargo y cómo se hace está a cargo de alguien distinto”, alegó.