PL de Adriana Tudela pone en riesgo producción de películas en lenguas originarias, advierte colectivo de Cine

La congresista de Avanza País, Adriana Tudela, ha presentado un proyecto de ley que busca derogar la normativa actual del cine peruano. Esta iniciativa pondría en peligro la producción de películas en quechua, aymara y otras lenguas originarias, advierte el colectivo En Defensa del Cine Peruano.

De acuerdo a la propuesta, su objetivo es promover la inversión privada y el turismo. Para ello, se desea fomentar que se use locaciones peruanas para la filmación de obras nacionales o extranjeras. La iniciativa tiene como a coautores a sus compañeros de bancada: Patricia Chirinos Venegas, Alejandro Cavero Alva, Diana Gonzales Delgado, María Córdova Lobatón y Norma Yarrow Lumbreras.

El martes 26 de septiembre, el Colectivo en Defensa del Cine Peruano emitió un comunicado, firmado por 48 gremios y 785 directores y profesionales vinculados a esta industria, donde afirman que la legisladora no ha realizado ninguna consulta con el gremio cinematográfico nacional, por lo que, “no tiene legitimidad” y demostraría “un gran desconocimiento en el tema”.

En entrevista con Infobae Perú, Gabriel Quispe, cineasta, escritor y uno de los voceros del colectivo, dijo que Tudela ha “aprovechado” la formación del grupo de trabajo de la Comisión Fílmica Peruana, en julio de este año, para proponer esta nueva norma.

La asociación también advierte que esta iniciativa atentaría contra “el reconocimiento de la pluralidad étnica y cultural de la nación, vulnerando la Declaración Universal de la Unesco sobre la diversidad cultural y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas”. Además, estaría excluyendo a la gran mayoría de producciones nacionales que solo pueden financiarse con recursos públicos, ya que los montos otorgados no podrían superar el 50% del coste de la producción.

En esa misma línea, otra de las omisiones sería la falta de incentivos económicos a la actividad cinematográfica regional y la total desaparición de los estímulos financieros a otras industrias culturales, lo cual atentaría contra “las artes escénicas, artes visuales, la música, el libro y el fomento a la lectura”.

En los fundamentos de la propuesta se indica que los subsidios actuales para las producciones cinematográficas “están pensados principalmente para producciones nacionales” y que se ha creado “un marco de clara discriminación positiva en favor de producciones en lenguas indígenas u originarias”.

Gabriel Quispe expresó que este apartado es uno de los “peores aspectos del proyecto”, ya que “parece que a ella (Adriana Tudela) le preocupa o le disgusta que la ley vigente promueva el desarrollo del cine en todas las regiones del Perú, que haya fomento de películas originarias”.

Contó, además, que por medio de la ley vigente del cine peruano, las propias comunidades originarias participan en las películas que se hacen en sus comunidades.

“La propia población está aprendiendo a hacer cine, a utilizar las herramientas técnicas, como cámaras, micrófonos, luces, todo lo que tiene que ver con el lenguaje cinematográfico y la producción (...) Parece que la congresista quiere estandarizar el cine peruano y que se pierda la diversidad de voces que se está logrando en lo últimos años”, advirtió.

Adriana Tudela critica, además, que la actual ley del cine no promueve “la inversión en el Perú” y que solo intenta “fomentar la creación de obras audiovisuales en favor de la cultura nacional, con prioridad en poblaciones específicas”. Incluso, toma como ejemplo a la película Paddington en Perú, la cual será filmada principalmente en Colombia por una supuesta falta de incentivos y barreras burocráticas para rodar en el país.

Por su parte, Quispe sostiene que el apoyo económico del Estado tiene diferentes maneras de retorno, por ejemplo, en industrias como la gastronomía, hotelería, transporte o textil. “Muchas veces hay que viajar a diferentes regiones del Perú, una película que se presenta por Lima, no necesariamente va a abarcar toda la película en Lima. Entonces, va impulsando, contagiando a otros sectores (...). Lo que el Estado recupera de esa inversión es bastante y gana”, manifestó.

Otro aspecto del proyecto es la creación de una ventanilla única, a cargo de Promperú, para tramitar las autorizaciones y licencias para realizar producciones audiovisuales en territorio nacional.

El entrevistado de Infobae Perú resaltó que este mecanismo podría convertirse en una especie de “filtro censor, en el que PromPerú decidiría de manera arbitraría qué película se graba (en el país)”.