Perú: Aumenta el crimen organizado por la expansión de la minería ilegal de oro

De acuerdo a Global Initiative against Transnational Organized Crime (GITOC), en español, la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, en Perú, la minería ilegal de oro es una actividad criminal que produce ganancias anuales que alcanzan miles de millones de dólares, incluso, más que el narcotráfico y la producción de cocaína.

Según la GITOC, en el país, las personas que integran las organizaciones de crimen organizado vinculado a esta economía ilegal cobran a los mineros por transportar maquinaria, productos químicos y oro a cambio de “paz y seguridad” en sus tierras, que están no solo bajo la mira de grupos ilegales, sino, de funcionarios y fiscales que cooperan con dichas los actores de las redes criminales, las cuales están conectadas principalmente a la trata de personas, la explotación laboral sexual y el contrabando.

Sin embargo, no todo es ilegal, pues, para que estas economías funcionen -sin problema- estas cuentan con la colaboración de negocios legales dentro de la industria minera, así como de empresas locales que funcionan como cadena de suministro ilícita, ya que compran cantidades notables de oro a mineros ilegales a precios considerablemente reducidos. Por tal motivo, debido a una supervisión deficiente, las empresas pueden vender y exportar oro ilegal, encubriendo su origen mediante transacciones y documentos falsos.

Como resultado, actualmente una quinta parte de las exportaciones de oro del Perú son de origen ilegal. Esta situación ha provocado un incremento del crimen organizado transnacional, posicionando al territorio nacional con uno de los niveles más altos de extracción de oro en América Latina, junto con Colombia y Ecuador, dando cuenta que más del 70% del oro extraído proviene de la minería ilegal.

Según la plataforma Prevenir Amazonía, iniciativa del Proyecto Prevenir de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la actividad ilegal se concentra principalmente en Madre de Dios, donde se estima que hay 10 mil mineros de oro informales o ilegales que operarían aproximadamente en 800 puntos de extracción de oro.

Sin embargo, esta también se presenta en departamentos como Loreto, Ucayali, Puno y Cusco. En esa línea, en el caso de la selva peruana, el tipo de minería que se desarrolla en su mayoría es la aurífera aluvial, la más extendida en el Perú. Esta consiste en la extracción de oro de los ríos. Para ello, se emplean herramientas mecanizadas o de succión hidráulica, como las dragas, cuya finalidad es extraer y transportar el vertido de materiales situados bajo el agua que contiene el oro.

Cabe resaltar que la ley prohíbe realizar estas actividades en los siguientes ecosistemas: lechos de ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales.

Según Prevenir Amazonía, la minería aurífera aluvial es la que más rápido se ha extendido en el país, por las alzas sostenidas en los precios del oro, las diversas crisis institucionales y las falencias en la economía nacional para la generación de oportunidades laborales a favor de las comunidades que viven en la selva.

Recientemente, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, a través de Víctor Gobitz, presidente de Cumbre Minera, encargada de la cumbre y conferencia minera Perumin, indicó que la minería ilegal genera cerca de US$ 2,000 millones de dólares, representando casi el 1% del PBI.

Una realidad que evidencia los lentos avances en términos de institucionalidad y regulación minera, transparencia y participación ciudadana en torno a la reducción de la actividad extractiva, que opera sin ningún permiso ambiental y no respeta los derechos laborales, impactando directamente en el entorno social de entre 400 mil a 500 mil personas.