Una niña de 13 años que no accedió al aborto terapéutico —y fue forzada a llevar a término el embarazo— falleció este miércoles cuando era trasladada a un hospital de Satipo (Junín), debido a una complicación posparto, denunció la organización feminista Manuela Ramos.
La menor alumbró prematuramente a los ocho meses y registró una retención placentaria que desencadenó su deceso, según un reporte difundido por Wayka.
Todo embarazo infantil es considerado tortura y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las niñas forzadas a gestar tienen hasta cuatro veces más probabilidades de enfrentar complicaciones con eventual riesgo de muerte.
“El Estado es responsable de que [la víctima] no haya podido acceder al protocolo de aborto terapéutico, como era su derecho”, remarcó Manuela Ramos antes de recordar que, bajo la legislación peruana, cualquier gestación en menores de 14 años es producto de una violación.
“Una vez más, alzamos nuestra voz e indignación por la inacción del Estado, que no protege a las niñas de la violación sexual y les imponen un embarazo de alto riesgo por encima de la salud física, mental y social de las víctimas”, señaló, a su turno, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) en un pronunciamiento en el que exige “sanción para quienes resulten responsables”.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a cargo de Nancy Tolentino, no se ha pronunciado al respecto, pese a que este deceso por inaccesibilidad de la interrupción terapéutica de la gestación ocurre solo una semana después de que se hicieran públicos los casos de tres niñas embarazadas por abuso sexual —Áncash, Tingo María e Ilo— en un país que ha sido sancionado tres veces por cortes internacionales por negar este derecho a menores en riesgo mortal.
Solo una de ellas accedió al procedimiento, legal desde 1924, y el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra su agresor, Roy Lozano Castillejo.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Perú, de los 3.000 a 3.500 partos anuales de adolescentes de 15 años registrados entre 2019 y 2022, al menos tres cuartos de sus embarazos habrían ocurrido cuando ellas tenían 14 años.
Además, cada hora seis adolescentes de 15 y 19 años se convierten en madres, y cada día ocurren cuatro nacimientos a consecuencia de embarazos de menores de 10 a 14 años.
Entre 2017 y 2022, las atenciones por violencia sexual en niñas de 10 a 14 años en los Centros Emergencia Mujer (CEM) se triplicaron, aunque hubo un alza considerable entre 2020 y 2021, de acuerdo con el registro de UNFPA.
Para este 28 de setiembre, por el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, las colectivas feministas, activistas independientes y organizaciones defensoras de los derechos que integran la Asamblea Verde han convocado una marcha a favor de la despenalización del aborto en el país.
El punto de concentración será en el parque Washington, en el Cercado de Lima, desde las 16:00 horas. En otras regiones también han anunciado movilizaciones.
La organización estima que cada año se realizan 370 mil abortos inseguros en el país. Sin embargo, prohibir o restringir la práctica no reduce la cifra, sino que expone severamente a las mujeres que lo requieren.
En junio pasado, el caso de una niña indígena violada por su padrastro y embarazada a los 13 años, abrió la puerta a la despenalización del aborto en embarazos infantiles, tras una decisión del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que determinó que Perú violó sus derechos a la salud y a la vida.
El dictamen instó al Estado a despenalizar la práctica en todos los casos de embarazo infantil, garantizar el acceso de las niñas embarazadas a servicios de aborto seguro y atención postaborto, y modificar la normativa que regula el acceso al aborto terapéutico para prever su aplicación específica a las niñas.
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