El Concejo Metropolitano de Lima agendó para este viernes revisar otro proyecto de ley propuesto por el teniente alcalde, Renzo Reggiardo, que busca modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal “para establecer mecanismos de juzgamiento de extranjeros detenidos en flagrancia delictiva”.
La sesión extraordinaria, prevista para las 12:30 horas, ha sido anunciada este martes tras la aprobación de la ley de terrorismo urbano que será debatida en el Congreso. Previamente, el Viceministro de Seguridad Pública, Héctor Loayza, anunció que a partir del 10 de noviembre empezará la expulsión de extranjeros capturados en flagrancia y de migrantes en situación irregular.
“Se iniciará una ola de operaciones para identificar a aquellas personas que están en el país y no tengan ningún tipo de documentación”, declaró. Según cifras oficiales, al menos un millón y medio de venezolanos residen actualmente en el país, de los cuales 400 mil se encuentran en situación irregular.
La semana pasada, el Concejo había acordado, por mayoría, otorgar facultades al alcalde Rafael López Aliaga para que requiera al Ministerio del Interior la intervención de las fuerzas armadas (FF.AA.) en apoyo a la Policía Nacional (PNP). Reggiardo alegó que la institución policial carece de abasto “para el control interno en determinados sectores”.
La solicitud se sustentaba en el decreto legislativo N.º 1095, vigente desde 2010, que regula la participación de las FF.AA. durante un Estado de Emergencia o en situaciones de refuerzo a la PNP “en casos constitucionalmente justificados como la preservación de la vida” de los ciudadanos.
“Lima necesita estar segura y nuestro alcalde está tomando una iniciativa que trasladará al Ejecutivo y será el Ejecutivo que la adopte. [...] Por si hay algunos en contra de esta disposición, el Tribunal Constitucional ya se ha expresado a favor del apoyo de las FF.AA. a la PNP para casos de delincuencia, que es lo que estamos sufriendo hoy en la capital”, dijo el funcionario durante la sesión.
Ocurre en medio del desborde de criminalidad, con la búsqueda inminente de un líder del Tren de Aragua ―el ‘Niño Guerrero’― y después de que al menos diez personas resultaran heridas por una explosión en la discoteca Xander’s, ubicada en San Juan de Lurigancho.
El ataque, producto de un aparente caso de extorsión, produjo que el Gobierno decretara el estado de emergencia en dos distritos de Lima (San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho en Lima) y siete de Piura.
De acuerdo con el decreto supremo publicado de forma extraordinaria en el diario oficial El Peruano, durante 60 días los eventos sociales y espectáculos han quedado suspendidos en estas jurisdicciones entre las 00.00 horas y las 04.00 horas.
En julio pasado, durante su mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte aseguró que incorporará al código penal la figura de la expulsión de los extranjeros en casos de ser detenidos en flagrancia durante la comisión de un delito.
“Nos planteamos modificar el código procesal penal a efectos de contar con normativa que pueda ser aplicable a los extranjeros que delinquen en territorio nacional y que muchas veces no cuentan con arraigo suficiente o con documentos que puedan acreditar fehacientemente su identidad”, dijo en su alocución.
De igual modo, mencionó que pretende modificar otro artículo para sancionar “a quienes promueven, favorecen, financian o facilitan el tránsito irregular en el país de otra persona, con el fin de obtener, directa o indirectamente, cualquier beneficio para sí o para terceros en aquellas zonas que no son frontera, conducta que actualmente es impune”. Para ello pidió que el Parlamento le ceda facultades al Ejecutivo, un requerimiento concedido por 90 días desde la Comisión de Constitución y ratificado en el pleno.
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