En medio de la preocupante situación que atraviesa el distrito de San Juan de Lurigancho debido a los alarmantes niveles de criminalidad, los establecimientos de la zona han dejado de lado las normas dictadas por las autoridades para la inseguridad ciudadana. En pleno estado de emergencia, la Policía Nacional de Perú (PNP) llevó a cabo un operativo que permitió intervenir un local nocturno que funcionaba pese a las prohibiciones propias de la declaratoria.
Los agentes policiales hallaron un presunto prostíbulo operaba en el asentamiento humano Jesús Alberto Páez, a la altura del paradero Grifo 5, en la estación Bayóvar. Los efectivos tenían información que indicaba la existencia de un local que operaba al margen de las normativas establecidas en medio de la emergencia.
En el establecimiento intervenido se encontró a 17 hombres y 12 mujeres de diversas nacionalidades, entre ellas venezolanas, colombianas, ecuatorianas y peruanas. El lugar, que supuestamente operaba como un bar, era en realidad un prostíbulo, según la versión de la PNP.
La acción policial no solo se centró en rescatar a las personas que se encontraban en el local, sino también en detener a los administradores del establecimiento por su presunta implicación en la violación de las restricciones impuestas durante la emergencia. De acuerdo a las autoridades, los encargados de este local eran ciudadanos venezolanos.
El estado de las instalaciones del lugar era preocupante. Las autoridades descubrieron la existencia de 20 habitaciones acondicionadas dentro del local clandestino, en condiciones deplorables que ponían en riesgo la salud y seguridad de las personas que eran obligadas a trabajar allí.
El coronel PNP Rafel Gonzáles Morón, jefe de la Brigada Especial Contra el Crimen, conversó con el programa Buenos Días Perú y afirmó que el local ha sido clausurado por las autoridades y se espera que no vuelva a funcionar.
“Se ha intervenido a parroquianos que estaban haciendo uso de los servicios y a 3 venezolanos que son los administradores de este local. Ellos han sido conducidos a las dependencias policiales. También se ha solicitado el apoyo de la municipalidad de San Juan de Lurigancho, tanto el área de Fiscalización como serenazgo, para la intervención de la parte que le compete a ellos, de la parte administrativa. Ha sido clausurado en local y esperemos que ya no vuelva abrir porque es un antro donde se viene reuniendo se gente de mal vivir”, declaró.
San Isidro, Miraflores y Barranco tienen más policías que SJL, SMP y Sullana
El reciente desmantelamiento de un prostíbulo en San Juan de Lurigancho ha revelado la lamentable situación de inseguridad que enfrenta la capital. Esta problemática se agrava aún más cuando se considera el número insuficiente de efectivos policiales por habitante en estas zonas.
De acuerdo con información proporcionada por un informe de Cuarto Poder, los distritos de SJL y SMP se encuentran entre los distritos que tienen menos policías por habitante, a pesar de ser dos de los más afectados por la delincuencia. Esta carencia de recursos humanos dificulta aún más la labor de las autoridades para mantener la seguridad y el orden en estas áreas.
La situación contrasta con distritos como San Luis, Barranco, Cercado de Lima, San Isidro y Miraflores, que cuentan con una mayor presencia policial en relación con su población. Sin embargo, es importante destacar que ninguna de estas jurisdicciones se libra por completo de la inseguridad ciudadana, lo que refleja un problema generalizado en todo el país.
Además de la falta de efectivos policiales, otro factor que agrava la situación es el estado precario en el que se encuentran muchas comisarías básicas. Según el ministro del Interior, Vicente Romero, de las 1.323 comisarías a nivel nacional, 907 están en condiciones inadecuadas, lo que limita la capacidad de la Policía para realizar su trabajo de manera efectiva. Solo 407 comisarías están en condiciones adecuadas para operar en todo el país.
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