La legisladora Patricia Chirinos (Avanza País), autora de la moción que originó la investigación sumaria contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), reaccionó este lunes al pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la eventual remoción de los juristas.
La CIDH expuso su “preocupación” ante este procedimiento que no garantiza el “principio de legalidad y el debido proceso”, y “no estaría fundamentado en una causal disciplinaria específica prevista en el ordenamiento jurídico” nacional.
“Sorprende enormemente que la Comisión obvie convenientemente que la investigación [...] es una facultad del Congreso consagrada en nuestra Constitución [y] resulta escandaloso que, en una clara vulneración al principio internacional de no injerencia en asuntos internos, se intente violentar el fuero parlamentario y restringir las facultades concernientes a fiscalización y control político”, se lee en el documento enviado a la cartera de Relaciones Exteriores.
Según Chirinos, la CIDH ha devenido en “una instancia internacional claramente identificada con un sector político-ideológico”; y la JNJ, “en una herramienta política servil a intereses particulares, que ha incurrido en faltas graves cometiendo delitos e infracciones constitucionales”.
Aunque la parlamentaria aseguró que los miembros del organismo ejercieron presión en diversos ámbitos, incluido el Poder Judicial, para que no se sancione a la exfiscal general Zoraida Ávalos, el propio titular de la Corte Suprema de Justicia, Javier Arévalo, negó de plano esta versión al deslizar que no se puede iniciar un proceso basado en “chismes”.
“Todos los poderes del Estado y organismos constitucionales autónomos deben [...] velar para que en el ejercicio de sus funciones se respeten las garantías del debido proceso, entre ellos, los principios del derecho a la defensa, razonabilidad, legalidad, entre otros”, señaló su despacho en un comunicado.
De igual modo, refirió que la Representación Permanente del Perú ante la OEA ya proporcionó “información detallada” respecto al “desarrollo de la investigación” que desarrolla la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Para la CIDH, “los controles políticos” son importantes, pero los que implican a operadores de justicia, basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas “por su propia naturaleza, resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad” que señala el derecho internacional.
“Por tal motivo, todos los procedimientos que puedan conducir a la destitución de personas operadoras de justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso”, remarcó el organismo, antes de señalar que la eventual remoción del pleno de la JNJ “contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú”.
Uno de sus representantes legales, el constitucionalista Samuel Abad, remarcó que haría “una posición de defensa institucional” porque en la moción se incluyó a los siete integrantes de la JNJ; sin embargo, la legisladora Gladys Echaíz respondió que las responsabilidades “son individuales”.
Al día siguiente, el pleno del Congreso extendió por 14 días adicionales el plazo de esta investigación, luego de que la comisión alegó que necesitaba contar con mayores elementos de juicio para completar su investigación.
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