Luego de denunciarse una crisis institucional al interior de la Defensoría del Pueblo, ante la renuncia de Matilde Cobeña (Niñez y Adolescencia), Alicia Abanto (Primera Adjunta), Susana Silva Hasembank (Lucha contra la Corrupción), Alberto Cruces Burga (Asuntos Constitucionales) y Carolina Garcés Peralta (Derechos de la Mujer), entre junio y setiembre, el titular de la entidad, Josué Gutiérrez, se pronunció y descartó cualquier discrepancia con su gestión.
Como se recuerda, en diálogo con Infobae Perú, el Sindicato de la Defensoría del Pueblo precisó que cuatro salidas se dieron por desacuerdos con el titular y su falta de trabajo por los derechos humanos; mientras que la quinta se dio por presiones de la autoridad.
“Esto no ha sido así. […] Apenas llegué, la doctora Garcés puso su cargo a disposición, ella solicitó que eleve a una persona integrante de su equipo [a la Adjuntía para la Mujer]. Ella dijo que tenía oportunidades fuera de la institución. Lo mismo sucedió con Susana Silva, quien me hizo saber que tenía una oferta, se iba a quedar hasta finales de junio, pero su salida se concretó hace poco. Las renuncias no han sido en bloque, se han dado en tiempos diferentes, ninguno se fue por discrepancias. Todos se fueron dando la mano, agradeciendo y deseándome lo mejor”, declaró en diálogo con El Comercio.
Ante la consulta sobre su falta de pronunciamientos sobre normas aprobadas en el Congreso, se limitó a decir que “cada adjuntía trabaja los temas de su especialidad y envía las opiniones técnicas”, evadiendo responder por la ausencia de comunicados públicos.
“Cuando yo ingresé acá el tema de la prescripción ya estaba promulgado, encontré que la Defensoría del Pueblo había tomado una decisión tanto a nivel de comunicado como de informe técnico, ya no había nada que hacer, ya se había sentado una posición. Sobre la colaboración eficaz, ya había una opinión técnica, eso no cambió en nada. El Ejecutivo ha observado, esa autógrafa no es ley. Los informes son los mismos, no hay nada en contra, no hubo discrepancias, nunca se habló de eso. Lo demás son especulaciones”, indicó.
Sindicato de la Defensoría del Pueblo lo contradice
El gremio aseguró que Gutiérrez no escucha las opiniones técnicas de las diversas adjuntías y que organiza supervisiones sin considerar las limitaciones del personal; hecho por el que trabajadores del área de informática y administración han sido obligados a asumir funciones de los comisionados. “Nunca se ha visto eso”, mencionó un vocero del Sindicato y agregó que, ante la ausencia de iniciativa para pronunciarse, se han visto forzados a emitir comunicados desde su sindicato, como en el caso de la investigación sumaria contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Cabe mencionar que son múltiples las instituciones a nivel nacional e internacional que han cuestionado el accionar del Congreso de la República, incluyendo al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien ante la Comisión de Justicia lamentó que se abran investigaciones por chismes. “Acá se abrió una investigación por el dicho de lo que salió de lo que alguien dijo en un periódico. Eso es un chisme”, manifestó.
Sin embargo, el titular de la Defensoría apuesta por una actitud tibia y evita referirse. “Yo no me he querido pronunciar sobre el fondo de este tema, porque indudablemente eso es ingresar a la competencia que constitucionalmente le corresponde al Parlamento. […] No podría yo pronunciarse sobre ese hecho, porque está en materia de investigación y no es la Defensoría del Pueblo la que está investigando, es un poder del Estado que tiene la atribución y la facultad de hacerlo”, mencionó Gutiérrez en entrevista con El Comercio.