El Ministerio Público expuso este martes que la exjefa de Gabinete, Betssy Chávez, “simuló” la venta de su casa de Tacna —por 136,500 soles— para evadir una eventual sanción pecuniaria en el proceso que enfrenta por presunta participación en el autogolpe orquestado por el expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
La fiscal suprema adjunta Sylvia Shack recordó que la transacción ocurrió el 18 de mayo de este año, cinco meses después de que el exmandatario ordenara disolver el Congreso de Perú y decretara un Gobierno de excepción. “El contrato de compraventa entre la investigada y Celestina Mamani Molinero se trataría de un acto de simulación absoluta”, señaló la magistrada.
“Casualmente, [Chávez] compró [la propiedad] por el mismo monto, cuando lo usual es que los bienes muebles se sobrevaloran y no se devalúan, como presuntamente se realizó en este caso”, continuó durante la audiencia sobre nulidad de transferencia solicitada por la Procuraduría General del Estado para asegurar la reparación civil al Estado.
Shack señaló que la propiedad en mención era la única que registraba la expremier, quien cumple 18 meses de prisión preventiva. “Lo que es materia de cuestionamiento en el presente incidente no es el derecho de propiedad, sino la fecha, la forma, las circunstancias y consecuencias que implica la transferencia [de la misma]”, agregó ante el juez Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
Por su parte, Bryan Peñalva, representante de la Procuraduría, señaló que la transferencia ejecutada por Chávez “estaba dirigida a afectar o frustrar las posibilidades del Estado [...] cuando el juez se pronuncie sobre la pretención penal y civil”.
A inicios de agosto, Checkley había declarado infundado el cese de prisión preventiva solicitado por la defensa de la política, al considerar que “subsisten los peligros de fuga y de obstaculización” a la justicia.
La expremier fue detenida el pasado 20 de junio en su domicilio de la región fronteriza, después de que la Sala Suprema declaró fundada la petición del Ministerio Público, que la investiga por cargos de rebelión y, alternativamente, conspiración.
La resolución rechazó aplicar la misma medida a los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio), también investigados por su presunta participación en el fallido autogolpe. El pasado 26 de abril, el juez había rechazado imponer la prisión preventiva contra los tres exministros, aunque dictó comparecencia y el pago de una fianza de 100.000 soles contra Chávez, de 80.000 soles contra Huerta, y de 50.000 soles contra Sánchez.
Chávez estuvo al lado de Castillo en Palacio de Gobierno cuando emitió el mensaje a la Nación y, previamente, había pedido a todo el gabinete que acuda a la casa de Gobierno porque se trataba de un “día histórico”.
Recluida en el penal de Chorrillos, afirmó semas atrás que era víctima de “hostigamiento” en la prisión y que fue obligada a firmar una carta para negar “torturas”. En un manuscrito, deslizó también que su encarcelamiento era político y requirió permanecer en su celda debido a su “delicado” estado de salud.
“Pese a haber llegado con hematomas en mi cuerpo, obviaron ―a criterio— dicha información. Asimismo, vuestra jefa de seguridad viene tomándome fotos en donde me halle. Estos actos de hostigamiento no deben darse por cuanto es solo contra mí. [...] Me veo en la obligación de dejar constancia por si algo me sucede en las instalaciones que usted dirige”, se leía en el documento remitido a la directora del establecimiento, Micaela Alvarado.
En la parte final, Chávez instó a la directora a no dejarse “presionar políticamente” y actuar “de acuerdo” a ley. “De mi parte, cumplo mi deber de informar con documento estos hechos que deben de ver la luz pública”, zanjó. La denuncia, sin embargo, fue negada “enfáticamente” por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
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