El Poder Judicial ordenó reactivar el proceso que implica al presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), sentenciado en 2014 a pagar una indemnización de 20,642.00 soles a favor del municipio cusqueño donde se desempeñó como regidor.
Según resolución difundida este lunes por El Comercio, la jueza Johanna Almanza, del Primer Juzgado de Paz Letrado de Santiago (Cusco), dispuso el pasado 15 de septiembre que el Archivo General de la Corte Superior remita el expediente bajo custodia a su judicatura.
La Contraloría General de la República había denunciado al diputado por presunto cobro de dietas por sesiones y reuniones a las que no asistió, nunca se realizaron o fueron actividades protocolares no remuneradas por ley, con lo cual generó un perjuicio de 21.092 soles al presupuesto de la comuna durante el período que fue funcionario (1996 - 2002).
Soto fue sentenciado por este caso en 2014 en primera instancia y, al año siguiente, el fallo se ratificó. Aunque estaba en la obligación de pagar la reparación de más de 20 mil soles, apenas abonó el 5% del total (mil soles) en 2016, al alegar que no contaba con recursos económicos.
En 2018, el caso fue enviado al archivo transitorio, aunque esa acción no cancelaba el requerimiento del pago por los daños ocasionados. Recién el mes pasado, nueve años después de la condena, el diputado saldó la indemnización y la Contraloría requirió a la Municipalidad de Santiago que realice el cobro por perjuicio.
La reciente decisión del Primer Juzgado de Paz Letrado de Santiago abre dos caminos en el proceso, pues podría dar por cumplida la sentencia o disponer alguna acción adicional. El titular del Parlamento no ha replicado a esta resolución, conocida un día después de que el decano de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas, José Béjar, lo denunciara por plagio y fraude académico.
En agosto pasado, Infobae Perú reveló que más de un tercio de la tesis doctoral del legislador presentaba contenido plagiado. La investigación ya había sido empleada en 2016, un año atrás, para obtener su grado de maestría, pese a que lo prohíbe la ley universitaria. Lo único que varío fue el título.
Si el de la investigación doctoral fue ‘La responsabilidad civil de las autoridades elegidas por voto popular desaforadas por causales de vacancia’, el de la maestría se rotula ‘La vacancia de autoridades elegidas por voto popular y las responsabilidades de carácter civil’.
De acuerdo con la denuncia del decano, Soto habría incurrido en convalidación indebida, ya que ingresó “en la modalidad de traslado internacional” —no reconocido por la ley universitaria—; en incumplimiento del período académico —pues solo estudió un año de los tres requeridos—; así como en fraude académico y plagio.
“Se ha hecho una investigación preliminar a nivel del decanato, donde se ha recabado toda la información documentada y se ha elevado a la Oficina de Control Interno (OCI) que depende de la Contraloría de la universidad [...] Es la primera denuncia materia o efectiva que estoy haciendo para que se investigue de manera objetiva”, enfatizó Béjar en una entrevista con RPP.
En represalia, Soto se acogió a la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública y requirió las tesis de maestría y doctorado de su denunciante, quien entabló el proceso hace una semana ante la Unidad de Control Interno de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC).
En el oficiado remitido a la institución, el parlamentario pidió expedir las copias de estos trabajos de investigación para eventualmente someterlos a escrutinio. “A mí no me llama la atención. Inmediatamente después de haber conocido la denuncia que he hecho, de manera amenazante y con cierto abuso de autoridad, está pidiendo al rectorado que le entregue mis seis grados académicos [...] No tengo nada que ocultar”, dijo el decano.
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