Una mayoría en Perú pide medidas extremas para reducir la criminalidad, aunque implique la violación de los DDHH

La delincuencia actual que se vive en el Perú ha causado que una mayor parte de la población peruana se incline hacia medidas más rígidas para reducir la criminalidad. Es decir, piden sanciones más duras contra los delincuentes.

Asimismo, el estudio manifiesta que un 60% de los connacionales está dispuesto a apoyar a un líder eficiente que impulse y ejecute medidas que vayan en contra de los derechos humanos de los presos. En contraste, solo un 35% no apoyaría a una persona con esa ideología.

Actualmente, la seguridad ciudadana se encuentra secuestrada por bandas criminales peruanas y extranjeras. razón por la que los ciudadanos exigen medidas que ayuden a frenar la ola delictiva. Además de políticas que puedan ir en contra del respeto a los derechos humanos, han planteado como opción modificaciones en el Código Penal.

Al respecto, Infobae Perú consultó con un especialista en derecho penal sobre si es conveniente replantear algunas normas establecidas en el Código Penal a fin de que se implementen medidas más severas contra los criminales.

Para el abogado penalista Carlos Rodas, en el Perú las leyes contra los delincuentes “ya son bastante duras”. Lo único que falta es que se ejecuten correctamente y de forma coordinada. Es decir, que la Policía Nacional y la Fiscalía cumplan con los planes estratégicos y demás protocolos establecidos que lleven a los delincuentes a las cárceles y no a las calles para que sigan delinquiendo.

Es importante destacar que, la encuesta realizada del 16 al 20 de setiembre del presente año y tiene márgenes de error de 2,8 puntos encima y debajo de cada resultado de nivel nacional.

Un resultado que también arrojó es que la mayoría de las personas rechazan todo intento de negociación con los líderes criminales como estrategia para reducir los índices de delincuencia. Según la encuesta, un 65% de los ciudadanos peruanos no apoyarían a un líder que se incline por esta medida, situación que en primer momento fue aplicado por el presidente de El Salvador.

Una cifra que también es importante resaltar es que, de los encuestados, los cuales una mayoría se inclina por políticas más rígidas contra los delincuentes y están dispuestos a apoyar a un líder que las ejecute, solo un 47% sabe quién es Nayib Bukele y un 52% no lo conoce.

Por último, Un 37% de la población peruana cree que la política de Bukele contra la delincuencia en El Salvador es un modelo que el país debería seguir. Un 7% cree que no.

Se trata de el ‘Plan Control Territorial’, una medida excepcional para combatir la criminalidad realizada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Esto implicó la suspensión de ciertos derechos constitucionales, incluyendo la libertad de asociación y el derecho a la defensa, así como la autorización para las autoridades de intervenir las comunicaciones sin necesidad de aprobación judicial.

Aunque las estadísticas indican una disminución en los índices de delincuencia, hay cifras alarmantes, como los más de 18 mil detenidos registrados en solo un mes en el 2022. Estas detenciones pueden llevarse a cabo sin orden judicial.

Este enfoque de Nayib Bukele ha generado críticas por parte de diversas organizaciones de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional, que argumentan que el régimen de excepción podría poner en riesgo los derechos de los ciudadanos.

En diálogo con Infobae Perú, el analista Juan Carlos Ubilluz aseguró que existen posibilidades de que la ciudadanía opte por respaldar una figura como la de Nayib Bukele en el Perú, pero “no porque la alta criminalidad conduzca a la gente directamente a la solución de mano dura, sino porque la ultraderecha viene tratando durante años de instalar la narrativa de que la mano dura es la única solución”.