Masacre de Putis: Decisión fiscal de retirar acusaciones contra exmilitar pone en peligro el caso

Los juicios por el sonado caso de la matanza en la comunidad de Putis; en Ayacucho, perpetrado en diciembre de 1984 por miembros del Ejército; podría alargarse más. Ello, luego de que el representante de la Fiscalía de la Nación, Gino Quiroz Salazar, decidiera desestimar las acusaciones que pesan en contra del oficial Luis Grados Bailetti, quien fuera jefe de la compañía acusada de haber asesinado a 123 campesinos del distrito de Huanta.

Como se sabe, la masacre de Putis tomó relevancia hace 20 años, cuando, con base en los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), se supo que alrededor de 123 comuneros habían sido asesinados por todo un destacamento del Ejército conocido como la “compañía Lince”; cuando estos fueron a buscarlos a fin de pedir su apoyo y protección ante las amenazas del Sendero Luminoso en su localidad.

Lejos de atender a esta solicitud, el destacamento obligó a los campesinos a cavar una zanja en la que, luego de haberlos asesinado, depositaron sus cuerpos. A raíz del destape se inició un proceso de investigación cuyo proceso de juicio oral inició hace más de dos años y que se ha extendido hasta la fecha. En la última sesión, en la que la fiscalía debía realizar la acusación respectiva en contra de tres miembros del Ejército, Quiróz retrocedió.

Según lo reportado por La República, durante dicha sesión, el representante de la Fiscalía de la Nación dijo ante el Poder Judicial que había “perdido la certeza” respecto a nueve de los testimonios que buscaban acreditar la responsabilidad de Luis Grados Bailetti en el asesinato de los más de 123 peruanos que acudieron a él en 1984.

Grados Bailetti, quien en ese momento era capitán del Ejército y ejercía el cargo de jefe de la compañía “Los Linces”, compartía responsabilidad de los delitos acreditados como lesa humanidad junto a los exmilitares Wilfredo Mori Orzo, jefe político militar de Ayacucho; y el, en ese entonces Jefe de Estado Mayor administrativo, Juan Briones Dávila.

La implicación de Grados Bailetti en este caso se basa en, según las primeras imputaciones de Gino Quiroz, haber ordenado a los integrantes de su patrulla “la eliminación de los campesinos de la localidad de Putis por ser considerados miembros, simpatizantes o colaboradores de Sendero Luminoso”; así lo señaló la periodista María Elena Castillo para dicho medio.

Ahora, Quiroz ha decidido retirar las imputaciones contra Grados por considerar como “suficiente” que los sobrevivientes testigos no hayan precisado la unidad a la que pertenecían los asesinos de los 120 comuneros, pese a la existencia de testimonios como los de Julián Mendoza Curo y otros, que señalaron la implicación de la patrulla “Lince”.

Por su parte, la defensa de los deudos, Germán Vargas, quien pertenece a la asociación Paz y Esperanza, consideró preocupante la decisión del fiscal Quiroz, y advirtió que esto podría generar una “afectación al derecho a la verdad y a la justicia, al no valorar las pruebas”.

En conversación con el medio, Vargas aseveró que el representante del Ministerio Público “sostenía una tesis desde el inicio de la audiencia, hace casi tres años; y ahora, sin fundamento, pretende separarlo de un juicio que es uno de los más emblemáticos del país”.