CIDH expresa su preocupación por investigación del Congreso contra la JNJ y se suma a críticas contra el proceso

En un comunicado emitido este lunes 25 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación respecto a las investigaciones que el Congreso de la República ha iniciado en contra de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Mediante su carta abierta en la que detalla los hechos ocurridos durante la última semana, el organismo internacional pidió que se respete “el debido proceso” de esta investigación sumaria.

“La Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa preocupación por la apertura por parte del Congreso de una investigación sumaria contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo clave para garantizar la independencia e idoneidad de personas operadoras de justicia y de autoridades electorales”, se lee en el comunicado.

Como se sabe, es mediante esta investigación emprendida en contra de los 7 magistrados que conforman la JNJ, que el Legislativo busca el cambio de al menos tres de los jueces que se encargan de investigar y sancionar a jueces y fiscales supremos ante cualquier infracción que estos hayan realizado. El proceso se da en un contexto en el que la JNJ tomó la decisión de dar inicio con un proceso sancionatorio en contra de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La carta de la CIDH hace referencia a todos estos detalles y también precisa los motivos por los que el Congreso de la República aprobó la moción 7565, planteada por la legisladora Patricia Chirinos en contra del ente supervisor judicial. No obstante, el organismo internacional recordó que “a criterio de la Comisión, las personas operadoras de justicia son los principales operadores para lograr la protección judicial de los derechos humanos en un Estado democrático”.

“Estas (personas operadoras de justicia) actúan como controladores de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de otros poderes públicos. (…) Su presencia contribuye a reducir y superar riesgos derivados de las interferencias que pueden provenir de los otros poderes del Estado”, advirtió la CIDH.

Si bien el organismo reconoció el uso de controles políticos ejercido por el Congreso como parte de sus funciones, advirtió que el uso de estos en contra de “las personas operadoras de justicia” debería basarse en criterios claros, hechos punibles y términos “estrictos y unívocos”.

“Los controles políticos de la actividad de las personas operadoras de justicia basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas, por su propia naturaleza, resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad que deben ser observadas en los procesos de disciplinarios en conformidad con el derecho internacional”, se lee en el comunicado.

En consecuencia, la CIDH pidió el uso y aplicación del debido proceso en este caso, en el que ya existen críticas por parte de muchas otras instituciones veladoras del derecho tanto nacional como internacional. Por ello, también solicita que “un juez competente, independiente, e imparcial” sea el encargado de manejar el proceso.

Esta recomendación dista mucho de la manera en la que se ha desarrollado la investigación hasta la fecha. En diferentes partes del proceso se ha demostrado la grave falta no solo de competitividad de la Comisión de Justicia, encargada de llevar este caso contra los magistrados. Un ejemplo de ello, es cuando se descartó la participación de una serie de abogados especialistas como consultores “por tener una opinión contraria al Congreso”.

La organización internacional no solo se pronunció para hacer el pedido al debido proceso, sino que también realizó un análisis de las consecuencias que acarrearían la salida de siquiera uno de los miembros del grupo de trabajo que tiene como responsabilidad investigar a la fiscal Benavides por una serie de cuestionamientos.

“La CIDH considera que la eventual remoción del pleno de la JNJ, sin el respeto pleno a las garantías del debido proceso y el principio de legalidad, afectaría sustancialmente las actividades de esta institución y contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú”, alertó en el documento.