Aprueban creación de reserva indígena después de 18 años de espera, ¿qué sigue para que sea oficializada?

En la Amazonía norte del Perú, exactamente en el distrito de Contamana, en la provincia de Ucayali, Loreto, un avión sobrevuela las tierras ancestrales de las comunidades nativas del Bajo Ucayali, mientras el Apu Javier Macedo, su presidente, brinda esta entrevista.

Rápidamente, sin hacer preguntas, aquel ruido molesto de combustión pone sobre la mesa la situación que preocupa -sin fin- a los pueblos indígenas: la protección del medio ambiente. Una demanda que involucra directamente la defensa de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).

Pues, de acuerdo a Macedo, según la concepción indígena, para garantizar los derechos a la vida y a gozar de un ambiente sano es obligatorio “defender a los hermanos aislados”, ya que al asegurar la conservación de su hábitat natural y recursos naturales para su subsistencia se contribuye también a frenar los impactos del cambio climático.

“Se trata de proteger la vida de seres humanos que están aislados de manera voluntaria y no se les puede exigir su acercamiento a la sociedad, pero son seres humanos igual que nosotros”, asevera el líder indígena, docente y presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali (Feconbu), que reúne a 24 comunidades de los pueblos indígenas Shipibo, Yine, Asháninka y Cocama.

En octubre de 2005, aquel compromiso de sangre impulsó a Macedo, con apenas 23 años, a solicitar la creación de la “Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental” o “Kapanawa”, ubicada entre los departamentos de Loreto y Ucayali, a través de la Dirección Regional Agraria de Loreto (DRAL), de la mano con la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, (ORPIO) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana.

Hoy, tras casi dos décadas de espera, el Estado finalmente ha decidido mostrarse a favor de la iniciativa con el objetivo de proteger la vida de los pueblos indígenas aislados Remo, Mayoruna y Kapanahua.

Sin embargo, lo cierto es que las amenazas contra los PIACI que viven en esta zona del país no han terminado ahí. Infobae Perú confirmó que durante la reunión sostenida por la Comisión Multisectorial PIACI, integrada por ocho entidades estatales, el Estudio Adicional de Categorización (EAC) para la creación de la reserva no contó con el respaldo del Ministerio de Energía y Minas.

La posición de rechazo del Minem en torno a la iniciativa ha sido considerada por la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali (Feconbu), entre otras organizaciones indígenas, como la ratificación de sus intereses individuales sobre los derechos de los pueblos indígenas en riesgo.

Esto pese a que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, por medio de la ministra del Ambiente, Albina Ruiz, ha señalado durante la 78ª Asamblea General de la ONU que está activamente comprometido con los pueblos indígenas amazónicos y el reconocimiento de su rol para diseñar la estrategia nacional ante la emergencia climática.

“Nosotros somos claros en luchar por la vida de nuestros hermanos en aislamiento voluntario, de proteger al medio ambiente para minimizar el calentamiento global y promover el turismo para generar el desarrollo económico en nuestra zona, región y país”, agrega el líder indígena.

La aprobación del Estudio Adicional de Categorización (EAC) de una reserva indígena representa un avance importante en el proceso de brindar seguridad jurídica a los territorios habitados por los PIACI, considerados entre los más vulnerables del planeta, puesto que dependen exclusivamente de los recursos naturales que hay en sus territorios.

Sin embargo, para oficializar la creación de la Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental aún debe publicarse el decreto supremo, proceso que podría demorar hasta un año.

Dentro de las vulnerabilidades que presentan los PIACI están las inmunológicas debido a la falta de defensas adecuadas para combatir enfermedades externas que, a la vez, generan una situación de riesgo para su continuidad sociodemográfica, lo que significa que podrían extinguirse.

Por esta razón, Huertas reafirma que es necesario que los espacios habitados por estos pueblos indígenas se protejan sin falta.

“Estas reservas deberían haberse creado hace mucho tiempo, ahí el Estado está en una grave falta en relación a esa responsabilidad que tiene de garantizar los derechos de estos pueblos. Mientras más tiempo pasa, más se les expone a la invasión de sus territorios, a las agresiones que esas invasiones conllevan, al contagio de enfermedades y al riesgo de muerte”, explica la antropóloga.

La Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental abarca más de 500 mil hectáreas. Dentro de estas existen áreas superpuestas que cruzan con bosques de producción permanente, concesiones forestales, el Parque Nacional Sierra del Divisor (PNSD) y la Zona Reservada Sierra del Divisor.

Sobre ello, Huertas recomienda que siempre debe establecerse la intangibilidad de estos territorios a fin que puedan gozar de territorios bien conservados y sin riesgos para sus vidas. Actualmente, dentro de esta reserva existen numerosos caminos abiertos que habría sido construidos presuntamente por madereros para el traslado de madera ilegal, desde las concesiones.

Por otro lado, la antropóloga menciona que deben respetarse los plazos que se establecen en la Ley N° 28736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial, respecto a los procesos de creación de reservas indígenas.

“La ley sí da plazos para estos procesos que deberían abarcar máximo un año o un año y medio. Esta reserva fue solicitada en 2005 y estamos 2023. Para que estos procesos avancen las organizaciones indígenas tienen que hacer incidencia política permanentemente ante el Estado, para que el Ministerio de Cultura garantice se cumplan con los plazos para establecer estas reservas”, advierte la especialista en comunidades indígenas.

Luego que se aprobara el Estudio Adicional de Categorización (EAC) del establecimiento de la Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental, la cual fue emitida por la Comisión Multisectorial PIACI ahora tiene que ser validada mediante la publicación de un decreto supremo.

De acuerdo a la Ley N° 28736, a partir de ello, hay 60 días para aprobar un plan de protección para la reserva, el cual debe ser diseñado y elaborado con participación de los diferentes sectores y niveles gubernamentales involucrados en la protección de los PIACI. Esto de manera conjunta con la participación de la sociedad civil, las organizaciones indígenas y conducido por el Ministerio de Cultura.

Cabe recordar que gran parte de los PIACI se encuentran en el departamento de Loreto, principalmente en las fronteras con Brasil, Ecuador y Colombia. Actualmente, en el país, se encuentran en trámite las reservas indígenas Kakataibo, Napo Tigre y Afluentes, Yavarí Mirim, entre otras. Sin embargo, aún el Estado no ha reconocido la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento localizados en el área de estas reservas a su favor.

Ante ello, el Apu Javier Macedo reafirma: “Nosotros como pueblos indígenas estamos en la misma capacidad de luchar y conseguir un beneficio común: defender nuestros derechos colectivos y territoriales”.

Durante la realización de este informe, Infobae Perú solicitó un pedido de entrevista María Amelia Trigoso Barentzen, directora de la Dirección de los Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial del Ministerio de Cultura, entidad competente en materia PIACI, para consultar las causas de demora sobre la creación de esta reserva, pero no se obtuvieron respuestas.