Los desafíos para la formación de la JNJ y la amenaza de su disolución por parte del Congreso

A finales del 2018, las consecuencias tras la revelación en el escándalo del caso Los Cuellos Blancos del Puerto dieron como resultado la disolución del Consejo Nacional de la Magistratura, el ente encargado de fiscalizar a los jueces y fiscales supremos. Tras su disolución, se aprobó la creación de la Junta Nacional de Justicia en un proceso plagado de contratiempos que terminó por establecerse en un plazo de casi un año, entre marzo del 2019 y enero del 2020.

La elección de la Junta Nacional de Justicia no fue fácil desde el inicio, y debido a la envergadura de la tarea, la Comisión Especial para la conformación de la JNJ se sometió a cuestionamientos y el escrutinio constante, a fin de evitar dudas respecto a sus miembros en un futuro. Pese a ello, el Congreso se encuentra en búsqueda de todas las vías posibles para poder traerse abajo a los siete miembros que la conforman a punta de falacias y medias verdades.

El camino para la elección de los magistrados que integrarían la JNJ empezó el 18 de septiembre del 2018, cuando el Congreso de la República, conocido como el parlamento con mayoría fujimorista, aprobó la reforma constitucional que crea la Junta Nacional de Justicia, con un total de 112 votos a favor, y sin votos en contra ni abstenciones. El debate de esta decisión duro por más de dos horas en un pleno en el que se cuestionó la perpetuidad del Consejo Nacional de la Magistratura.

Pronto, legisladores de todos los frentes, desde Rosa Bartra, hasta Luz Salgado, pasando por Alberto de Belaúnde y otros, mostraron su posición a favor de la disolución del CNM para que, en cambio, se constituya un nuevo órgano fiscalizador de los jueces supremos. La decisión fue ratificada dos meses después, el 9 de diciembre del 2018, mediante un referéndum con una aprobación de más del 80% de la ciudadanía.

El respaldo a la creación de la JNJ en dicho momento era unísono, y voluntario, tanto así que el entonces defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se puso manos a la obra apenas la decisión fue emitida. Para el 4 de enero del 2019, ya se había presentado ante el Congreso la Ley Orgánica de la Comisión Especial para la Elección de la Junta Nacional de Justicia (Comisión Especial JNJ), y un mes después, el 13 de febrero, ya se había aprobado la ley orgánica de la misma JNJ.

En ese momento, el entonces defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, debía encargarse de la conformación de una Comisión para la elección de los representantes de la JNJ. Para ello, y según lo dispuesto por el Congreso, se dispuso la presencia del titular del Poder Judicial, el presidente del TC, el Contralor General de la República, la fiscal de la Nación y el mismo defensor del Pueblo como miembros que la conformarían.

A estos cinco altos funcionarios, se les debían sumar dos más, los representantes de las universidades públicas y privadas. Para ello, la ONPE dispuso las elecciones en las que estos serían elegidos, dando como resultado a los rectores de la UNI y de la Universidad Nacional de Piura. Finalmente, la Comisión para la elección de la JNJ quedó de la siguiente manera:

• Walter Gutiérrez - Defensoría del Pueblo
• Jose Luis Lecaros - Presidente del Poder Judicial
• Nelson Shack - Contraloría General de la República
• Ernesto Blume - Presidente del Tribunal Constitucional
• Zoraida Ávalos - Fiscalía de la Nación
• Jorge Alva - Rector de la UNI (Representante de las universidades públicas)
• Antonio Abruña - Rector de la Universidad de Piura (Representante de las universidades privadas)

Si bien existieron rumores y cuestionamientos sobre la relación de cada uno de estos funcionarios con el expresidente Martín Vizcarra, este hecho es inexacto e incluso poco comprobable. De los cinco altos funcionarios del Estado, tanto el defensor del Pueblo, como el contralor y el presidente del TC, son cargos elegidos por el Congreso, de acuerdo a las leyes orgánicas de cada una de las instituciones.

Respecto a Jose Luis Lecaros, una vez conformada la JNJ, este se vio envuelto en una serie de cuestionamientos en los que se le acusó de presuntamente haber favorecido en la contratación de su pareja y conviviente dentro de la Academia de la Magistratura.

Esta fue una de las pruebas de fuego de la Junta Nacional de Justicia, pues emitió las acciones sancionatorias respectivas sobre quien en su momento fue uno de los miembros de la comisión que los nombró. En la ponencia Procedimiento Disciplinario N° 099-2021-JNJ, la misma jueza Inés Tello, una de las magistradas a las que el Congreso busca remover a toda costa, acreditó las responsabilidades de Lecaros.

El expresidente del Poder Judicial intentó defenderse alegando que la advertencia no debía ser necesaria, pues toda la Academia de la Magistratura “sabía que tenía una relación de convivencia”. El caso de la JNJ concluyó con la imposición de una sanción de amonestación por incurrir en la infracción del artículo 48 inciso 112 de la Ley Orgánica de la Carrera Judicial.

Por otro lado, miembros como Ernesto Blume y Walter Gutiérrez han sido considerados como personajes cercanos al sector predominantemente conservador del Congreso, también estuvieron inmiscuidos en el proceso de elección. De hecho, en los últimos días, un video del proceso de entrevista a la magistrada Inés Tello muestra cómo Blume del 2019 contradice a su versión de estos días, al comentar respecto a la edad máxima para formar parte de la JNJ.

La Comisión Especial para la elección de la JNJ contó con un proceso muy largo para llegar a los siete magistrados. En una primera convocatoria, en la que participaron un total de 120 magistrados, tan solo tres lograron superar el examen de conocimientos. Ante este hecho, diversas organizaciones pidieron que se declare desierto este primer concurso, pero la Comisión Especial no lo permitió, quedando como único aspirante Pedro Patrón.

Ante el fracaso rotundo inicial, el equipo de altos funcionarios solicitó ante el Congreso una extensión del plazo para la elección de los magistrados hasta por 180 días, esta disposición fue aprobada por el Congreso el 24 de junio del 2019.

Poco después se supo de cuestionamientos sobre Pedro Patrón, por una presunta denuncia penal que genero una ola de críticas. Si bien Patrón ya estaba listo para juramentar, decidió retirarse ante un comunicado revelado por el grupo de trabajo, el cual disponía en la resolución N.º 014-2019-CE que se declare desierto el primer concurso.

Tras este primer fracaso, la Comisión Especial dispuso la conformación de la segunda convocatoria, cuyas bases fueron publicadas el 19 de septiembre.

Tras la publicación de estas convocatorias, se dio paso con el resto de etapas y en su segundo proceso de selección se dio con una nueva plana de magistrados postulantes, 29 de los cuales habían logrado aprobar el examen de conocimientos. Entre estos, están los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia. Posteriormente, el proceso siguió su curso y se logró obtener finalmente a los 7 miembros.

La juramentación de todos ellos estaba programada para el 7 de enero del 2020; sin embargo, días antes de esta fecha, los cuestionamientos se centraron sobre de dos de sus miembros: Marco Tulio Falconí, y María Zavala Valladares.

Incluso entonces, los miembros de la Comisión Especial actuaron con cautela, y ante las dudas y críticas, dispusieron la suspensión de la juramentación de Zavala y Falconí hasta que se esclarezcan cada uno de los cuestionamientos.

En el caso de Falconí, este fue cuestionado por la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, al haberse acogido del beneficio de dos puntos más en una de las evaluaciones por haber estudiado en un colegio militar, pese a que esta disposición ya no tenía efecto; además de que su número se encontraba entre la lista del registro telefónico del exjuez César Hinostrosa. Ante ello, la Comisión resolvió reducirle los dos puntos al aspirante, y poner a Guillermo Thornberry en su reemplazo.

Respecto a Zavala, las dudas eran más leves. A la postulante se le cuestionó el también haber aparecido en uno de los registros de llamadas de Hinostroza. Su posición peligró, aunque apenas por unos días, luego de que se supiera que ella no había declarado esta llamada con el prófugo exjuez ante la Comisión Especial, porque “no se trató ningún tema relevante”.

Las sanciones contra Zavala no prosperaron, y ella sí fue nombrada como miembro el 9 de enero del 2020. Por otro lado, el 16 se dispuso el intercambio entre Falconí y Thornberry, pasando este primero en volverse titular.