En agosto de 2022, el legislador Guillermo Bermejo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) y el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) pactaron una norma que aprobó la transferencia de 14,8 millones de soles a la Municipalidad Distrital de La Unión (Piura), a través de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), para adjudicar cuatro obras que, a la fecha, son investigadas en el caso Los Operadores de la Reconstrucción, según la tesis del Ministerio Público.
La Fiscalía infiere que “de dicha reunión se habría generado la emisión del Decreto Supremo 181-2022-MEF, [...] con el cual se autoriza la transferencia de las partidas presupuestales para la ejecución de las obras de rehabilitación” en este municipio, cuyo exalcalde, Fernando Ipanaqué, también está implicado en la pregunta red de sobornos.
La resolución judicial de allanamiento de vivienda y oficina de Bermejo, difundida el sábado por El Comercio, incluye la declaración de un colaborador eficaz que detalló la trama de porcentajes ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.
“Tengo conocimiento [de] que las coimas y los pagos ilícitos eran del 7,5% del total del costo directo [de los proyectos], de los cuales [el] 3,5% era para la gente de la Reconstrucción con Cambios, entre ellos Bermejo”, sindicado como presunto autor del delito de tráfico de influencias agravado, dijo el colaborador.
Para la Fiscalía, el parlamentario habría ofrecido presupuesto para obras por medio de sus exasesores ―Yul Valdivia y Francisco Jara―, detenidos hace un mes por la misma pesquisa durante un megaoperativo en varios puntos del país en el que se allanaron 49 inmuebles y detuvieron a 12 personas, entre ellas el exdirector ejecutivo de la ARCC, Robert López.
Entre 2021 y 2022, Bermejo y Castillo se reunieron en Palacio de Gobierno al menos 45 veces, aunque en la cita que sirvió para concretar el Decreto Supremo que adjudicaría las obras para La Unión (Piura), estuvieron también los congresistas Pasión Dávila y Katy Ugarte, así como los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, según Correo.
Un registro al que tuvo acceso el diario señala que el exsubsecretario del despacho presidencial, Beder Camacho, recibió a Bermejo a nombre del exmandatario los días 4, 16 y 25 de febrero. A esta última fecha, el diputado llegó a la reunión en compañía del exministro Geiner Alvarado (Transportes y Comunicaciones), quien cumple 36 meses de prisión preventiva mientras es investigado por presuntamente integrar una organización criminal.
El 12 de marzo, el parlamentario buscó a solas a Castillo. Las reuniones siguieron el 9, 13 y 14 de abril, así como el 30 de mayo, y el 1, 15 y 16 de junio. El 15 de julio, el visitante llegó en compañía de la lideresa campesina Lourdes Huanca. Volvió a ingresar el 14, 15, 17, 19 y 26 de agosto. En septiembre solo fue una vez; en octubre, el 10 y el 29; y antes del autogolpe, el 7, 9 y 28 de noviembre.
Cerca de un año más tarde, Bermejo está centrado en una investigación por la que esta semana un equipo fiscal allanó su vivienda. Juan Carlos Checkley, juez supremo de investigación preparatoria, también autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los dispositivos incautados, así como la extracción de la información existente en los discos duros, en los aplicativos y correos electrónicos.
“La Fiscalía está montando un show mediático. Nosotros mismos hemos pedido que vayan al domicilio”, dijo Ronald Atencio, abogado del imputado. La bancada de Bermejo, por su parte, demandó que las diligencias prosigan “sin interferencias y con el respeto irrestricto del debido proceso”.
“Exhortamos a que el Ministerio Público cumpla su trabajo como titular de la acción penal y garantice la autonomía de las investigaciones en curso. Por ser un caso en desarrollo, nuestra bancada es respetuosa del principio de presunción de inocencia, por lo que rechazamos que anticipadamente busquen etiquetar al congresista como responsable de hechos que aún no han sido probados”, señaló la tienda en un pronunciamiento.
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