“El actual sistema de seguridad ciudadana no funciona”: ¿por qué aumenta la criminalidad en Perú?

2022 y 2023 representan el retorno a la normalidad luego de un largo tiempo de pandemia y las restricciones dadas por el gobierno peruano. En este periodo, no solo retornó la normalidad en la cantidad de delitos que se cometen en el país, sino también un repunte en las cifras crímenes.

Según el reporte de la Policía Nacional (PNP) y de IDL Reporteros, entre el 2019 y julio del 2023, se ha podido identificar algunos delitos con variación atípica, de acuerdo a las denuncias ingresadas al sistema policial.

Los delitos informáticos aumentaron de 930 denuncias en el 2019 a 7 mil 734 en el 2023. Los casos de usurpación pasaron de 2 mil 469 denuncias a 4 mil 802 en el mismo periodo de tiempo. Estafas y otros fraudes registraron 12 mil 469 actualmente en comparación con los 3 mil 099 ingresados en el 2019.

La extorsión es otro crimen que ha escalado en gran manera, se denunciaron 1,246 casos en el 2019 y en el 2023 hay 7 mil 747. De igual forma, los casos de homicidio pasaron de ser 1,315 a 2 mil 474 en el mismo periodo.

Resulta importante también conocer cómo se han dispersado los delitos en números totales a nivel nacional. Según el informe, la región de Lima cuenta con 101 mil 345 denuncias, Lambayeque con 20 mil 625 y Arequipa con 17 mil 264, las tres destacan como las de mayor prevalencia.

Sin embargo, si evaluáramos la tasa de denuncias por cada 10 mil habitantes para hacer una comparación proporcional entre todas las regiones, esta clasificación se modificaría. En este contexto, Madre de Dios tiene 243 denuncias por cada 10 mil habitantes, Lambayeque 152 e Ica 114 y con ello encabezan la lista en términos de tasas de delitos reportados por habitante.

En contraste, Puno con 28, Huancavelica con 31, Apurímac con 54 y Amazonas con 54 se posicionan como las regiones con las tasas más bajas.

En entrevista con Infobae Perú, el general Eduardo Pérez Rocha, ex director de la Policía Nacional (PNP), respondió que el problema se debe a que “el (actual) sistema de seguridad ciudadana no funciona”. Explicó que el Perú ha experimentado un fallo en la lucha contra la delincuencia debido a un cambio en la estructura organizativa que se dio en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Recordó que, durante sus funciones como secretario técnico en la PNP, entre el 2009 y 2012, se realizaban reuniones semanales con representantes del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), que incluían al Poder Judicial, Ministerio Público, ministros, sociedad organizada, representantes de las regiones y alcaldes. Además, una vez al mes se llevaban a cabo encuentros con los titulares en Palacio de Gobierno.

“Entonces, estaba a cargo de este grupo el ministro del Interior. Sin embargo, en el año 2016, cuando estaba de ministro Carlos Basombrío, cambian la Ley 27933. De tal manera que el ministro del Interior deja de estar a cargo del Conasec y este pasa a ser encargado al presidente del Consejo de Ministros. Imagínate, con todas las labores que tienen, las reuniones ya se disminuyen. Ahora, las reuniones ya no son mensuales sino cuatro veces al año, dos de las cuales son descentralizadas”, lamentó.

“A su vez, se supone que el Plan de Seguridad Ciudadana se hacía cada año—el 2011, 2012 y el 2013—. Después, ya no se hizo plan. Entonces, después de reconocer en el 2016 que no hay un Plan de Seguridad Ciudadana, a medio año, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski saca como sombrero de mago una política de gobierno que supuestamente era el plan de seguridad ciudadana para cinco años— 2013 al 2018—; y el 2019 se ha hecho otro igual también para que culmine este año 2023. Lamentablemente, no hay un plan anual, sino son cada cinco años con metas que no se cumplen”, agregó.

Cabe mencionar que, el reglamento establece que trimestralmente, los alcaldes encargados de los comités de seguridad ciudadana deben convocar a la ciudadanía para informarles sobre el estado de la seguridad y recibir sugerencias. Sin embargo, esto no se cumple, mencionó.

El general sostiene que la falta de planes para el 2023, a pesar de haber transcurrido más de medio año, junto a la ausencia de reuniones con los nuevos alcaldes, ha generado una falta de coordinación en el trabajo. Además, se destaca la ineficacia de los organismos de justicia que no están agilizando las acciones, especialmente en casos de flagrancia.

Pérez Rocha, al igual que el abogado penalista Carlos Rodas, consideran que el Código Procesal Penal contempla sanciones severas en comparación con otros países de Latinoamérica y que, la negligencia que se comete por algunas autoridades es la falta de interés en las investigaciones y en el cumplimiento de la normativa.

“Para mí son dos cosas. Primero, que no hay aspectos de cumplimiento de la sentencia que indica nuestro Código Penal y esto demora demasiado, entonces nunca se sanciona, y los delincuentes siguen aumentando. Segundo, que en nosotros no existe el aspecto de la seguridad ciudadana por lo que debe regresarse a lo que era antes. Se deberían reunir mensualmente en Palacio de Gobierno, hacer su plan para el año y los alcaldes deben cumplir en informar, porque no están informando a sus ciudadanos sobre qué está sucediendo, qué medidas van a tomar. Por eso es que hoy estamos mal”, añadió.

El abogado penalista Carlos Rodas indicó a Infobae Perú que la eficacia para que los delincuentes no sean liberados no radica en que se hagan las leyes más rígidas, porque éstas en nuestro país “ya son bastante duras”; sino en que ambas instituciones se aseguren de cumplir con los planes estratégicos y demás protocolos establecidos.

“Si comparas nuestras leyes con las de otros lugares, te das cuenta de que son bastante estrictas y llevan consigo penas elevadas. El problema surge cuando un delito no se descubre o el delincuente no es identificado. Esto se debe, en gran medida, a una investigación deficiente por parte de la Fiscalía y la Policía, que en ocasiones no cumplen con los estándares de pruebas necesarios para llevar a las personas ante la justicia”, manifestó el abogado.

Agregó la importancia de que se asignen mejores recursos en la Policía Nacional para que puedan cumplir mejor con sus labores de investigación, seguimiento y captura.

“Debería haber un plan operativo más efectivo para la Policía. Esta institución debería contar con mayores recursos para actuar con mayor eficacia frente al delito, disponer de un mayor número de agentes encubiertos patrullando las calles y ser capaz de identificar rápidamente los focos criminales que existen”, señaló.

Finalmente, consideró necesario implementar medidas que garanticen un mayor control en las fronteras, ante el ingreso excesivo de extranjeros. Muchos de ellos poseen antecedentes delictivos y ven en el Perú una oportunidad para establecerse debido a la falta de regulación en el ingreso, sostuvo.

El letrado dijo también que el problema de que no haya una eficacia en la captura e internamiento de los delincuentes, lo que cual viene causando una mala imagen en la Policía y en la Fiscalía parece estar más relacionado con cuestiones logísticas, como la preparación, falta de personal y equipamiento de la PNP, así como en la calidad de las investigaciones y el seguimiento de los casos por parte de los fiscales.

Por su parte, el exdirector de la PNP afirmó que la institución es consciente de un marcado déficit de personal para patrullar las zonas. Por lo tanto, se siente indignado cuando escucha a los exministros del Interior Basombrío, Gino Costa y Rubén Vargas argumentar que “los 140 mil efectivos totales deberían ser suficientes para cubrir las necesidades de seguridad”.

“Acá hay que descontar los que no desempeñan el aspecto de patrullaje, quienes han tenido designaciones especializadas, según el estado. Y solamente se debe considerar lo que dice el Instituto Nacional de Estadísticas de Situación de las Comisarías, que solamente tenemos 45 mil efectivos policiales para el patrullaje. Por eso es que no se ven efectivos policiales en la calle”, indicó.

Además de la falta de policías, se carece de un equipo logístico adecuado, que incluye radios transmisores, receptores, entre otros. La falta de suficientes patrulleros resulta también en un déficit del 80% en operatividad. En lugar de ello, se emplean vehículos comerciales alquilados, inadecuados para seguir a delincuentes que utilizan vehículos de alta gama.

Pese a las limitaciones que actualmente tiene la Policía Nacional, Pérez Rocha resaltó que actualmente la institución está ejecutando el presupuesto y las acciones en sus diferentes grupos especializados por lo que se mostró positivo para que en los siguientes años haya una mejora en la imagen institucional.

“Bueno, se está tomando acciones dentro de lo limitado de aspecto logístico y de capacidad de la Policía Nacional, pero se está ejecutando y ojalá se aumente el presupuesto para el año 2024 para tener estos resultados que seguramente van a ser halagadores. He escuchado al general Óscar Arriola indicar que, de 1900 denuncias de extorsión, se han solucionado 900. Es decir, se han capturados a estos extorsionadores y esto es bueno que se conozca”, mencionó.

El general recuerda también las anteriores veces en que se decretaron estados de emergencias en las que se prometió presencia militar en las calles: “Esto lo hemos tenido en el tiempo de Pedro Castillo, sin embargo, como no había un buen plan, en ningún momento la Fuerza Armada apoyó a la Policía”, recordó.

De igual forma, a principios del 2023, ya con Dina Boluarte en la presidencia, también se decretó un estado de emergencia en Lima y Callao, pero “en ningún momento hemos visto personal de la Fuerza Armada apoyando a la Policía Nacional”, sostuvo.

En esa línea, indicó la necesidad de tener un plan que vaya más allá del estado de emergencia que durará 60 días, y que este se dé de forma articulada, con el objetivo principal de reducir la delincuencia.

“Debe existir metas y logros. Deberían decir: ‘En la primera semana se va a reducir en cierta cantidad los casos delictivos’, y así sucesivamente. Sin embargo, si solo se focaliza en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana, lo que va a ocurrir es que los delincuentes se trasladarán a otros distritos. Es decir, lograr una reducción de la delincuencia será una tarea casi imposible. Estaríamos hablando, al igual que con el Plan Boluarte, de otra declaración populista sin una planificación real, y entonces, acabada la emergencia, regresamos a lo mismo”, señaló.

Para ambos entrevistados, el aumento en la tasa de criminalidad en el país requiere una evaluación integral y acciones concertadas de diferentes actores. No puede atribuirse a un solo culpable. Sin embargo, solo a través de un esfuerzo conjunto será posible revertir la tendencia al alza y recuperar la confianza en el sistema de justicia y seguridad del país.

Es importante que se promueva una mayor participación ciudadana y se establezcan mecanismos de rendición de cuentas. Esto implica un enfoque integral que abarque desde la revisión de políticas y estructuras organizativas hasta la asignación de recursos y la coordinación efectiva entre instituciones.