Trata de personas genera más de $1.300 millones al año, pero Estado invierte S/ 0.15 por persona para luchar contra delito

A sus cortos 13 años, una menor del distrito de San Martín de Porres fue captada por un sujeto identificado como César Edu León Briceño, que la mantuvo secuestrada en una vivienda de Independencia para obligarla a realizar grabaciones ilícitas que comercializaba en redes de pornografía infantil. Durante dos semanas, el sujeto ―después de engañar a su víctima y hacerse pasar por un adolescente ― la mantuvo sumida en el horror por poco más de dos semanas hasta que agentes de la Policía Nacional rescataron a la niña, quien era buscada por su familia.

La adolescente forma parte de una lamentable estadística en la que más de 25 mil personas ―principalmente mujeres― han sido víctimas del delito de trata de personas en el Perú durante los últimos cinco años, una serie de crímenes contra la dignidad humana que incluyen la explotación sexual, explotación laboral, venta de bebés y el tráfico de órganos, a través de adopciones ilegales y turismo de trasplantes, en ese orden de más ocurrencia.

Solo durante los primeros ocho meses, las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas (Fistrap) iniciaron investigaciones para 1279 casos, en los que se había afectado las vidas de 2320 víctimas, según la entidad. El 30% de víctimas identificadas son menores de 18 años, mientras que en el caso de 277 no se cuenta aún con datos de sus edades o nacionalidades.

Pese a este alto número de casos, el Perú apenas le destina 0.15 céntimos por persona al año para prevenir y luchar contra la trata de personas, aún cuando esta actividad ilícita tiene una ganancia de al menos 1300 millones de dólares anuales ($ 700 millones por explotación sexual y otros $ 600 millones por explotación laboral), así por cada víctima los tratantes tendrían una utilidad de 7.500 dólares anuales, advierte el libro ‘Las economías criminales y su impacto en el Perú. ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo?’, de Ricardo Valdés, Carlos Basombrío y Dante Vera.

Es decir, hay un marcado contraste, pues el Estado tiene una limitada inversión de poco más de S/ 5 millones para prevenir y proteger a las víctimas y sancionar a los tratantes, aunque en el 2021 se aprobó la nueva Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030, la cual establecía una inversión de al menos 1.150 millones de soles para que sea eficaz, según proyecciones

“En el 2017 se pudo manejar más de 11 millones de soles para financiar el Plan Nacional Frente a la Trata de Personas (que fue reemplazado por la nueva política), pero en el 2021 se destinaron poco más de 4 millones soles para financiar todas las acciones que el Estado debía realizar para atender todos los casos que se presentaran, para hacer prevención de la trata en todo el país y para perseguir el delito. Eso equivale a 12 centavos de sol por ciudadano”, explica a Infobae Perú Ricardo Valdés, director de CHS Alternativo y exviceministro del Interior.

La falta de asignación presupuestal es dramática si se toma en cuenta que los tratantes se hallan al acecho de sus posibles víctimas y reconocen factores de vulnerabilidad como la falta de dinero, problemas en casa y las tientan con engaños para someterlas. En este contexto, la trata de personas se configura como un delito de bajo riesgo, bajo costo y altas ganancias.

La fiscal superior Rocío Gala, Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas (Fistrap), alertó que este déficit presupuestal impacta negativamente en el trabajo que realizan en los 14 despachos especializados, pues actualmente solo se hallan presentes en menos de la mitad de todas las regiones del país, además de que tampoco se cuenta con juzgados especializados en trata de personas, lo cual dificulta las labores que realizan, pues se traduce en sentencias poco acordes a la gravedad de los delitos. Una serie de consecuencias negativas en cadena.

“Sin duda alguna el hecho de no contar con los recursos económicos repercute desfavorablemente en el trabajo que venimos haciendo las fiscalías especializadas en trata de personas. Actuamos en diversos ejes, de la prevención, de la persecución de los tratantes, además de la protección, atención y reintegración de la víctima. Tenemos que desplazar fiscales a regiones, pues los 14 despachos especializados no están en todo el Perú, entonces se requiere contratar a más cantidad de fiscales, pero también asistentes y administrativos, además de choferes para trasladarlos, computadoras, laptops para ir a los operativos”, indicó la alta funcionaria del Ministerio Público a Infobae Perú.

Señaló que, pese a que muchos fiscales tienen que visualizar altamente sensible para dar con delincuentes de redes de explotación sexual, no cuentan con sesiones psicológicas individuales para evitar que sean afectados emocionalmente.

“Los fiscales necesitamos trabajar en condiciones mínimamente respetables. Somos grupos que nos dedicamos a investigar esos delitos tan duros. Después de visualizar tanto material pornográfico, uno termina afectado. Necesitamos también recibir contención y recibir terapias; en realidad el problema es muy grande. El Ministerio Público de alguna manera, a través de nuestra Oficina de Bienestar Social, nos dan cursos generales a todos, de repente alguna charla, pero necesitamos mayores refuerzos. Ahora más que nunca que la cantidad de delitos viene creciendo, entonces la demanda crece y muchos fiscales hacen turno permanente”, detalló.

En cuanto al delito de pornografía infantil, de enero hasta agosto, se registró 83 casos que involucran a 85 niños, niñas y adolescentes en 10 regiones del país, según detalló el Ministerio Público a Infobae Perú. De estos, apenas se han logrado siete sentencias condenatorias.

Apenas a mediados de agosto de este 2023, un niño de 6 años, una niña de 10 y una adolescente de 16 eran explotados sexualmente por sus medios hermanos, quienes grababan los ultrajes y difundían las grabaciones en grupos de WhatsApp y Telegram a cambio de grandes sumas de dinero.

En un panorama de impunidad, poco riesgo de ser capturados y condenados la trata va cambiando, pues en los últimos años se reportan más víctimas extranjeras (80% de ellas venezolanas) en el Perú. Y el poco presupuesto asignado no favorece que quienes son rescatadas y rescatados de estas redes de explotación puedan recuperar sus proyectos de vida.

“Si no hay presupuesto y, además, este no se ejecuta por completo cómo se garantiza la atención integral a las víctimas, para que puedan reintegrarse, poder estudiar, el tratamiento psicológico. En la lucha contra la trata de personas, un aspecto muy importante es la prevención porque una vez que la de las víctimas son captadas y entran al circuito de la trata, obviamente ya sufren un daño terrible a su persona, por lo que un aspecto esencial es que la víctima reciba una atención integral y sea rehabilitada”, dijo Percy Castillo, de la Adjuntía de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.

Desde CHS Alternativo alertaron que la legislación vigente obliga a que el presidente del Consejo de Ministros ―en este caso Alberto Otárola― asista todos los años en septiembre ante del Pleno del Congreso para realizar un balance de las acciones desplegadas en la prevención y lucha contra la trata de personas, pero varios gobiernos han pasado y no se ha cumplido con esto.

Este sábado 23 de septiembre se conmemora el Día Nacional contra la Trata de Personas, pero el premier no ha sido citado al Parlamento y desde el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no se han pronunciado públicamente al respecto.

“El Congreso no ha cumplido con llevar a los responsables ejecutivos a dar cuenta. Este año el Congreso de la República debe cumplir con la responsabilidad que está en la ley y debe invitar, ya sea de manera fraternal o de grado de fuerza, a los responsables del Ejecutivo para que digan qué es lo que piensan hacer para atender los 42 servicios de la política nacional que están estimados en 1.150 millones de soles, qué piensan hacer en el año 2024″, sentenció Ricardo Valdés.