Congreso oficializa delegación de facultades al Gobierno para legislar en inseguridad ciudadana

El Congreso de la República oficializó esta sábado la delegación de facultades que el Gobierno de Dina Boluarte solicitó para legislar en materia de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos. La resolución aparece en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.

El miércoles pasado es que se había aprobado el pedido del Ejecutivo con 81 votos a favor en el Pleno. De esta manera, le otorgan un plazo de 90 días con el fin de que puedan implementar medidas para enfrentar la ola de delincuencia que azota al país y realizar una prevención oportuna ante la llegada del Niño Costero en el primer trimestre del 2024.

En el primer punto se pretende reforzar la capacitación y entrenamiento al serenazgo municipal. Además, optimizar el marco legal que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público y actualizar el marco normativo al incorporar delitos aduaneros, pesca ilegal y contra los derechos intelectuales. Adicionalmente, promover el deshacinamiento de los penales.

En el segundo punto, se menciona que se dará una autorización para la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica y una norma marco para la prestación de servicios de saneamiento.

De otro lado, añadió que la gestión de Boluarte Zegarra tenga la facultad de “introducir la tipificación de reingresos o sin controles migratorios” por parte de ciudadanos extranjeros que entran al país sin tener los papeles en regla.

En las disposiciones complementarias se anota que el primer ministro Alberto Otárola tendrá que dar cuenta de los avances de las medidas implementadas al término de 60 días ante las comisiones de Defensa, Descentralización y de Vivienda y Construcción.

Esta acción deberá ser repetida también por las ministras Jennifer Contreras Álvarez (Agricultura) y Hania Pérez de Cuellar (Vivienda) ante las comisiones de Desarrollo Agrario, Vivienda y Descentralización, respectivamente. Lo mismo tendrá que hacer el ministro Raúl Pérez-Reyes (Transportes) ante el grupo de Transportes y Comunicaciones.

La resolución legislativa lleva las firmas del presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), y su primer vicepresidente en la Mesa Directiva, Hernando Guerra García (Fuerza Popular). Y es promulgada por Boluarte y el premier Otárola.

“Hoy la señora Dina Boluarte tiene la oportunidad de combatir la delincuencia, pues este Congreso le está dando todas las facultades que ha solicitado”, dijo Soto en un video publicado en las redes sociales del Parlamento tras firmar la autógrafa.

Tras aprobarse la delegación de facultades, algunos congresistas de la República sostuvieron que la gestión de Boluarte ya no tiene excusa alguna.

“[Después de eso, el Ejecutivo] deberá rendir cuentas de lo hecho, ¡A ponerse a trabajar!”, escribió Alejandro Cavero (Avanza País) en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Hernando Guerra García, del fujimorismo, aseguró que si no hay resultados del Ejecutivo luego de haberles dado las facultades, pues el premier Otárola debería renunciar.

“Tenemos que ser responsables. El tema de seguridad es un tema que la ciudadanía está reclamando. Si es que el Ejecutivo no tiene resultados, el Ejecutivo responderá porque para eso pide delegación de facultades. Si no tiene, pues el primer ministro tendrá que responder con su responsabilidad política y dar un paso al costado”, indicó a la prensa.

Finalmente, Carlos Anderson (no agrupado) agregó que “si no le dan las facultades, dirán que ‘no puedo hacer nada porque el Legislativo no me da las facultades’; ya se les ha dado, vamos a ver qué hacen. Lo más probable es que no hagan nada y en 60 días tienen que dar algún tipo de cuentas”.