Con 20 votos y cero en contra, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final de la acusación constitucional 75 contra el exjuez supremo César Hinostroza.
El exmagistrado, quien permanece en la clandestinidad desde 2018, fue denunciado constitucionalmente en el Parlamento por los delitos de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible.
La congresista Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, será la encargada de explicar el contenido del documento, donde se indican las conclusiones de la investigación a César Hinostroza.
Otros delitos por los que se investiga penalmente al exjuez supremo son negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y patrocinio legal.
El viernes 22 de setiembre, César Hinostroza participó desde la clandestinidad en la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, del Congreso, donde respondió las preguntas de los integrantes del grupo de trabajo.
“Con el respeto que se merece la señora delegada y todos los señores congresistas, creo que es una pregunta impertinente. Pero no voy a rehuir. Por medidas de seguridad, no le puedo decir dónde estoy”, dijo.
Añadió que se siente preocupado porque los medios de comunicación y funcionarios públicos lo critican por haber huido del país.
Explicó que él no puede afrontar las investigaciones fiscales en su contra en el Perú porque no hay garantía de que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas.
“Yo estoy invocando y lo digo con todo respeto, que en algunos casos, no digo en todos, no se respetan los derechos fundamentales de todas las personas y yo soy víctima de la presión mediática y de gente que me ha querido sacar del Poder Judicial para capturar las instituciones”, aseveró.
Debido a que su abogado estaba participando en otra audiencia, en esta sesión del Congreso César Hinostroza optó por ser su propio representante legal.
En ese sentido, contó que leyó todas las hojas donde se fundamentan las acusaciones en su contra por los delitos mencionados.
Luego, pidió a los congresistas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que, antes de votar a favor o en contra del informe final sobre la denuncia constitucional en su contra, se considere su defensa.
“Pido con todo respeto que antes de votar se amplíe el informe con todos mis argumentos porque, si se aprueba tal como está, vamos a tener que estar litigando, hacer amparos, yendo a justicia internacional”, solicitó.
De las cuatro denuncias constitucionales que pesan en su contra, César Hinostroza se refirió al presunto delito de patrocinio ilegal.
Citó la denominada ‘Ley Soto’ para pedir la prescripción de esta acusación. En esa línea, explicó que, al habérsele denunciado en 2018, este delito prescribió en 2022.
“Con la nueva ley que se promulgó por el Congreso en mayo (de 2023), la mal denominada ‘Ley Soto’ —rechazo totalmente ponerle nombre, pero así está lamentablemente, hay pues (temas) políticos—, sería un año más de suspensión. Son 4 años. El presunto acto de patrocinio ha ocurrido en abril de 2018. Los 4 años han vencido en abril de 2022. Cuando denunció la Fiscalía, ya estaba prescrito. Ha pasado un año y medio que la acción penal ha prescrito y debe en todo caso archivarse el patrocinio”, indicó.