La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó al Poder Judicial que el congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez; su hijo el regidor metropolitano José Luna Morales; y otros procesados paguen una reparación civil de 10 millones de soles por el caso conocido como ‘Los Gansters de la Política’.
Así lo requirió la Procuraduría en su solicitud para constituirse como actor civil en este caso. Según informó RPP Noticias, el juez Jorge Chávez Tamariz, del Octavo Juzgado de la Investigación Preparatoria Nacional, aceptó la incorporación de la defensa jurídica del Estado.
Además de la reparación civil, la Procuraduría Anticorrupción solicita que José Luna Gálvez pague 100 mil soles por daño extrapatrimonial.
El caso
De acuerdo con la tesis fiscal, José Luna Gálvez sería el financista de una organización criminal que habría comprado las voluntades de los exconsejeros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Águila Grados, Iván Noguera Ramos y Julio Gutiérrez Pebe. Ello con el objetivo de que se nombre a Adolfo Castillo Meza como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y, de esta manera, lograr la presunta inscripción fraudulenta de Podemos Perú.
Para ello, según la Fiscalía, su hijo José Luna Morales, en su calidad de gerente general de la Universidad Telesup, habría ordenado pagos a favor de Águila Grados y Noguera Ramos por compra de derechos de autor, mientras que en el caso de Gutiérrez Pebe, habría simulado contratar al hijo en la referida casa de estudios.
Justamente, por este caso, en octubre de 2022, el juez Jorge Chávez Tamariz dictó 34 meses de prisión preventiva contra Luna Morales, cuando ya se sabía que éste había sido electo como regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima por Podemos Perú.
El hijo del parlamentario se pondría a disposición de las autoridades y sería detenido en vivo en los exteriores de RPP Noticias, donde había dado una entrevista. “Esta prisión preventiva busca dañar a Podemos, busca debilitar a mi partido para que se trate de allanar a intereses dentro del Congreso, pero una vez más, como cuando yo era congresista en el gobierno del señor Vizcarra, nosotros no nos sometemos a presiones políticas ni chantajes. Vamos a enfrentar la justicia cómo venga”, alegó.
Dos semanas después, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la orden de prisión preventiva al considerar que esta medida coercitiva puede ser suplida con comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 18 meses. También se le impuso una caución de medio millón de soles.
Niega inscripción fraudulenta de Podemos
En el portal oficial del partido Podemos Perú existe un espacio dedicado a desmentir la denuncia de supuesta inscripción irregular. En ese sentido, afirman que fue “todo lo contrario”. “Nos perjudicaron durante todo proceso”, indican.
“Apenas contamos con las firmas necesarias, inmediatamente solicitamos la fecha a la ONPE para presentarlas. Sin embargo, quisieron frustrar nuestra inscripción porque nos indicaron que había otro kit electoral con el mismo nombre. Nos tomó meses luchar con la verdad hasta que se confirmó que falsificaron la firma de nuestra personera legal para dicho propósito. Una evidencia importante del perjuicio que sufrimos en este proceso fue el de vernos obligados a cambiar nuestro logotipo partidario porque nos indicaron ya había sido registrado por otra agrupación política de Ayacucho”, argumentan.
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